Mujeres que no caben en una definición
En nuestro País, cada día, miles de mujeres sostienen la pesca, no sólo saliendo al mar, sino limpiando y fileteando el producto, limpiando las costas, y cuidando el hábitat. Sin embargo, muchas veces, hacen todo esto sin el nombre, sin el papel y sin los derechos; y ese “sin” no es menor, porque su labor puede diluirse o traducirse en menos acceso a permisos, a programas, a seguridad social, a derechos laborales y a la voz en las decisiones que ordenan y protegen los océanos.
En este sentido, hay un punto de partida que vale la pena mirar con lupa: cómo entendemos “pesca” desde nuestro marco normativo. De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables promulgada en 2007, la pesca es definida como “el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua”. (1)
Si la leemos con detenimiento, no es una definición “mala”. Es considerada, incluso, técnicamente clara. El problema es lo que deja fuera cuando se vuelve la puerta de acceso a todo lo demás, como los registros, el reconocimiento del oficio, la titularidad de permisos, y la posibilidad de ser vista por la autoridad como sujeta de derechos. Porque, en la vida real, la pesca no termina cuando el pez sale del agua. La pesca también es la limpieza, el fileteo, el desconche, el empaque, la venta, el hielo, el traslado, el cultivo, el cuidado del manglar y el mar, la vigilancia comunitaria, la organización en cooperativa, la administración del hogar cuando la marea cambia, y la defensa del territorio cuando llegan prácticas extractivas que amenazan la vida marina.
Aquí es en donde he encontrado una paradoja interesante: la pesca es profundamente comunitaria, pero el prestigio y la representación suelen estar concentrados. Cuando la autoridad “busca” a las y los pescadores, ¿a quién le hablan? ¿A quién invitan a la mesa? ¿Quién firma? ¿Quién aparece en el padrón? Casi siempre, el eslabón visible: el de la captura. Y muchas mujeres, aunque sostengan la operación diaria, quedan relegadas tras bastidores en la economía costera. Eso tiene efectos concretos que ellas mismas deben señalar, porque no me atrevo a hablar tanto más por ellas.
Lo cierto es que el sector no sólo existe arriba de una lancha. De ahí se desprenden brechas más graves que no únicamente las afectan a ellas: trabajos sin contrato, sin afiliación, sin cobertura frente a riesgos, sin reconocimiento de antigüedad.
No es casual que la discusión vuelva a la definición. Cuando la ley entiende la pesca principalmente como “extraer, capturar o recolectar”, se vuelve fácil que el sistema administrativo trate como “secundario” todo lo que ocurre antes y después; por eso, una conversación necesaria y urgente es si México requiere ampliar el entendimiento normativo y de política pública de la pesca para abarcar, con todas sus letras, la cadena de valor y los trabajos históricamente feminizados.
No se trata de un capricho conceptual. Se trata de abrir puertas a padrones más justos, a programas mejor diseñados, a capacitación pertinente, a mecanismos de formalización laboral, a permisos con enfoque de inclusión, a representación real en los espacios de decisión. Al final, el mar también se defiende con nombre y con derechos.
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1. LGPAS. Consultado en línea en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS.pdf
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La autora es Alma Ugarte, enlace Legislativo de Oceana.