Necesitamos construir ciudadanía digital, no sólo apagar el celular
El debate actual sobre el uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial en las escuelas mexicanas es necesario y urgente. La evidencia disponible -tanto en el ámbito nacional con en el internacional, en el educativo, social, salud, etcétera- obliga a reconocer que el uso excesivo o inadecuado de las tecnologías digitales puede afectar la atención, el sueño, la convivencia, el bienestar socioemocional y los procesos de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Ignorar estos riesgos y retrasar el debate actual sería totalmente irresponsable. Pero también sería insuficiente, por no decir ingenuo, pensar que podemos resolverlos únicamente mediante prohibiciones.
En el ámbito educativo, la escuela tiene la responsabilidad de establecer reglas que protejan la atención, la convivencia y el aprendizaje. En ciertos momentos, espacios y edades, restringir el uso de dispositivos puede ser una medida pertinente. No todo uso de la tecnología tiene un propósito educativo y la sola presencia de una pantalla en el aula no significa innovación. Cuando no existe una intención pedagógica clara, el dispositivo puede convertirse fácilmente en una fuente de distracción. Sin embargo, regular no puede significar renunciar a educar.
El teléfono que se guarda durante la jornada escolar reaparece al salir de la escuela. Las redes sociales, los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial forman parte hoy de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes y sin duda alguna formarán parte de su futuro. Prohibir su uso durante algunas horas puede ayudar a ordenar el espacio escolar, pero no les enseña a reconocer información falsa, proteger sus datos personales, relacionarse de manera respetuosa, identificar riesgos, administrar su tiempo ni utilizar la inteligencia artificial sin sustituir el esfuerzo intelectual que requiere aprender.
El desafío de fondo no consiste solamente en decidir cuándo apagar un dispositivo, sino en formar personas capaces de controlarlo, en lugar de ser controladas por él.
La construcción de una ciudadanía digital (uso crítico, seguro y responsable de las tecnologías) no corresponde exclusivamente a las escuelas. Exige responsabilidades claras para el Estado, las autoridades educativas, las empresas tecnológicas, las comunidades escolares y las familias. También requiere escuchar y hacer partícipes a niñas, niños y adolescentes, quienes no son únicamente receptores de protección, sino personas que deben desarrollar autonomía progresiva para desenvolverse en los entornos digitales que no son solamente el futuro: forman parte del presente de nuestra vida cotidiana, educativa y profesional.
Al Estado le corresponde establecer un marco integral de protección, regular las responsabilidades de las plataformas y ofrecer orientaciones diferenciadas por edad. No puede trasladarse toda la responsabilidad a docentes y familias mientras se permite a las empresas diseñar productos cuyo modelo de negocio depende de capturar durante el mayor tiempo posible la atención de sus usuarios sin asumir responsabilidades proporcionales por sus efectos.
A las autoridades educativas les corresponde traducir la discusión en una política que no se limite a repartir dispositivos o bloquearlos. Se necesita formación docente, contenidos de alfabetización mediática y digital, criterios para el uso educativo de la inteligencia artificial, protocolos frente al ciberacoso y mecanismos para evaluar continuamente qué medidas protegen efectivamente el derecho a aprender. El sistema educativo no puede alejarse de la vida digital, sino que debe, y ya vamos con retraso, adecuarse y aprender a desarrollarse en ella.
Las escuelas, por su parte, necesitan construir acuerdos claros y revisables. No todas las comunidades tienen las mismas condiciones ni todos los usos representan el mismo riesgo. En algunos casos, los dispositivos incluso cumplen una función de protección, por ejemplo, para adolescentes que se trasladan solos entre su casa y la escuela en el contexto de inseguridad actual. Una política razonable debe distinguir entre niveles educativos, propósitos, momentos y contextos. No es lo mismo utilizar un teléfono para consultar redes sociales durante una clase que emplear una herramienta digital, bajo la orientación de una o un docente, para investigar, crear, contrastar información o resolver un problema.
Las familias también tienen un papel central e insustituible. Los hábitos digitales -e incluso el caso extremo de dependencia digital- no comienzan al cruzar la puerta de la escuela. Los hábitos se forman en casa: durante las comidas, antes de dormir, en los tiempos de convivencia y, sobre todo, a partir del ejemplo de las personas adultas.
Construir ciudadanía digital no equivale a enseñar a utilizar una aplicación. Implica desarrollar pensamiento crítico, empatía, autocuidado, atención, responsabilidad y capacidad para tomar decisiones.
Kmbal, A. C., a través de su programa CiBi Digital, ha propuesto una ruta práctica para avanzar en esta dirección: construir una visión compartida sobre el uso ético y seguro de la tecnología; establecer reglas claras y revisables; formar a docentes y familias; comprender las experiencias digitales de niñas, niños y adolescentes; fortalecer el pensamiento crítico, la empatía y el bienestar, e integrar la tecnología con un propósito de aprendizaje siempre acompañado. Una cultura digital no se decreta; se construye mediante acuerdos, formación, acompañamiento y ejemplo cotidiano.
La inteligencia artificial vuelve todavía más urgente esta tarea. Una herramienta capaz de producir respuestas, resolver ejercicios o redactar textos en segundos puede ampliar las posibilidades de aprendizaje, pero también puede debilitarlo cuando sustituye la indagación, el análisis, la creatividad o el esfuerzo conceptual. Aprender supone equivocarse, revisar, comparar, argumentar y enfrentar cierta dificultad. La tecnología debe apoyar y fortalecer esos procesos, no eliminarlos; y pensar que podemos excluirla del todo resulta un tanto ingenuo.
La pregunta educativa no es solamente si una herramienta puede hacer una tarea, sino qué debe hacer el estudiante para comprenderla, aprender al realizarla y utilizar la herramienta sin sustituir su propio proceso.
En Mexicanos Primero hemos abordado este desafío en la nota número 5 de política educativa de la serie EN CORTO “Preparar a las nuevas generaciones para un mundo digital. Ciudadanía y bienestar digital, el siguiente gran reto de la educación”, escrita por Dina Fajardo Tovar, Guadalupe Águila Alfaro y Carla María Martínez Morales, y publicada en octubre del 2025.
La publicación analiza tanto las oportunidades como los riesgos de las tecnologías digitales y advierte que el acceso a internet o a dispositivos no garantiza por sí mismo un uso seguro, responsable, ético, ni provechoso. Su reflexión central es pasar de una política concentrada principalmente en conectividad e infraestructura a otra que también forme competencias de ciudadanía digital y acompañe a estudiantes, docentes y familias.
La nota plantea un dilema que debe estar en el centro del debate nacional: el celular es una fuente frecuente de distracción, pero también es, para muchas personas, el principal medio de acceso al mundo digital -en el sistema público mexicano solo el 37 por ciento de las escuelas primarias cuentan con computadoras para usos pedagógico y en el nivel secundaria solo el 55.4 por ciento (MONITO: Monitoreo Educativo)-. Una respuesta exclusivamente prohibitiva podría reducir ciertos riesgos dentro del aula, pero dejar sin desarrollo habilidades básicas que niñas, niños y adolescentes necesitan ya hoy en día fuera de ella.
No se trata de elegir entre permitir todo o prohibir todo. Se trata de definir, en el ámbito educativo, qué usos protegen el aprendizaje, cuáles lo obstaculizan y qué competencias necesitamos formar para que cada estudiante pueda tomar mejores decisiones. Aquí es donde toca arrastrar el lápiz en serio y construir una política que vaya más allá de las respuestas inmediatas u opiniones populares.
México necesita reglas claras. Pero que no se nos olvide que también necesita una política educativa integral que forme docentes, acompañe a las familias, corresponsabilice a las empresas tecnológicas y prepare a las nuevas generaciones para participar de manera crítica, segura y autónoma en el mundo digital.
Podemos retirar temporalmente los dispositivos de un salón. Lo que no podemos es retirar a niñas, niños y adolescentes de la sociedad en la que ya viven y vivirán. Nuestra responsabilidad es darles las herramientas para habitarla sin poner en riesgo su bienestar y enseñarles a cómo utilizar la tecnología a favor de su aprendizaje, su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. Porque la tecnología importa, y aprender importa todavía más.
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La autora es Alejandra Arvizu Fernández, directora de Monitoreo de Políticas Educativas en Mexicanos Primero.