Ombudsman y periodistas, otra vez solos
Desamparos ratificados ante el Congreso
Aunque no deberíamos estar allí, a no ser porque la 63 Legislatura del Congreso del Estado retrocedió en la convocatoria que emitió en febrero de 2019 para crear la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los firmantes de la correspondiente iniciativa entregada a la Cámara en junio del mismo año regresamos a extenderle otro voto de fe al órgano parlamentario en su obligación de velar por las garantías constitucionales de los ciudadanos. Así, casi mendigando el derecho de condiciones para ejercer la libertad de expresión en un Sinaloa de alto riesgo, volvimos al principio del círculo de las indiferencias.
En defensa de un viejo sueño, paradójicamente el mismo que los encargados de concretarlo lo convierten cada vez más en utopía, entregamos en la ventanilla de trámites el documento donde ratificamos la importancia de crear el andamiaje legal de prevención, investigación, sanción y atención a agresiones contra el ombudsman y el periodismo sinaloenses. ¿Les cuesta mucho trabajo entenderlo y atenderlo? ¿A qué se debe la sordera súbita en un tema que los mismos diputados pusieron sobre la mesa?
Pareciera que desandamos aquellos pasos hacia el Congreso en busca de huellas de la abulia de los recién idos asambleístas, cuya flojera heredó el desamparo a quienes que ofrecieron proteger. Pero no. A lo que fuimos tal vez fue a buscar rastros de representantes populares que quieran retomar el tema y llevarlo a votación como signo de voluntad para la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, eso que en sus piezas de oratoria la adornan con solidaridades fallidas.
Con la nueva mayoría del Movimiento Regeneración Nacional teniendo en sus manos el control del Poder Legislativo, igual que el mismo partido lo tuvo hasta septiembre, dos años y cinco meses después retornamos con más inquietudes que entonces. En aquel momento fulgurante para el parlamentarismo creímos en el llamado a los foros para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas; ayer la sombra de la mentira no permitía entregarles completa la confianza.
Fuimos con las mismas interrogantes. ¿Qué o quién interfirió para que la iniciativa fuera dictaminada luego de que en noviembre de 2019 recibió segunda lectura y se atoró en el trámite camaral? ¿Qué motivó a que la Diputada de Morena, Graciela Domínguez Nava, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, incumpliera la palabra de sacar adelante esta ley? ¿Existe una orden desde el alto nivel del Gobierno para que la propuesta sea también obstaculizada por la 64 Legislatura en funciones? ¿En la valoración del Congreso no existen peligros para desarrollar en Sinaloa la labor de defensores de derechos humanos y periodistas?
Como no lo sabemos, porque nadie ha explicado qué motivó a que la iniciativa fuera archivada y amordazada en algún rincón del Palacio Legislativo, es que acudimos a un segundo intento junto a los firmantes María de los Ángeles Moreno, dirigente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio; Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa; Marlene León Fontes, presidenta del centro de investigación ciudadana Iniciativa Sinaloa; Óscar Fidel González Mendívil, Comisionado Estatal de Atención a Víctimas; Raquel Zapien Osuna, del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, así como los periodistas Francisco Cuamea y Luis Alberto Díaz.
Porque esto es para todo un gremio, sin pertenecer a un grupo ni aspirar al lucimiento personal de nadie, reclama la resistencia convertida en capacidad de insistir en las razones, de las convicciones y de la quimera por consolidar la defensoría social desde el periodismo y los derechos humanos. Y que cuando los más vulnerables sean atacados por las diferentes formas de injusticias a su lado esté alguien que le dé voz y le proporcione el amparo jurídico.
Porque la implementación del Instituto para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas propone anticiparse a los ataques contra estos sectores, con mecanismos de prevención, atención y articulación de las instancias gubernamentales, dotado además de candados para la transparencia y rendición de cuentas, es que no aparece entre nuestras opciones la posibilidad de quitar el dedo del renglón. Quizás por eso volvimos al lugar donde ya nos fallaron creyendo que la indolencia abusiva no puede ocurrir dos veces.
Porque esperamos que el Congreso reactive el trámite de la iniciativa ciudadana y el Gobernador Rubén Rocha Moya se convierta en impulsor de la misma, porque organizaciones internacionales y nacionales consideran a Sinaloa como uno de los estados más peligrosos para hacer periodismo, y porque ya basta de que el miedo de reporteros y medios de comunicación interfiera en el derecho ciudadano a la información. Por eso los “abajo firmantes” dirigimos los pasos y enfocamos el reclamo hacia el Congreso.
Diputados, en nuestras voces,
oigan ecos de otros gritos,
frente a sorderas atroces,
de apáticos inauditos.
Y Luis Guillermo Benítez aplaza la solución al conflicto en Mazatlán. Que el sábado, que el miércoles o que el jueves. Y así va acopiando el tiempo que le permita armar otra jugada maestra para consumar la traición ahora contra el Partido Sinaloense, pronto contra el Gobernador Rubén Rocha Moya. Su palabra, tan irreal como el canto de las sirenas, no vale, no sirve, no convence. Que pague las consecuencias el que le crea.