Pegasus espía otra vez
Una nueva investigación de Forbidden Stories ha revelado cómo Marruecos ha activado numerosas campañas de vigilancia contra personas periodistas, defensoras de derechos humanos, disidentes políticas y de gobiernos extranjeros desde hace casi 10 años, mostrando más evidencia de un patrón que ya ha sido documentado y expuesto por este mismo consorcio periodístico en el pasado. Lo indignante, una vez más, es que entre las diversas acciones de espionaje emprendidas por el gobierno marroquí vuelve a resonar aquella que se realiza a través de la intervención de comunicaciones privadas por medio del spyware Pegasus.
El empleo de esta herramienta para espiar —hacia adentro y hacia afuera de las fronteras de cierto país— no es menor. Pegasus es un sistema tecnológico absolutamente invasivo, capaz de recopilar la información más privada de quien se espía. Permite acceder remotamente a los documentos, fotos, videos y actividades resguardadas en el dispositivo telefónico infectado, e incluso tiene capacidad de encender la cámara y los micrófonos de éste.
NSO Group, empresa de origen israelí que fabrica ciberarmas y creadora de Pegasus, durante años ha justificado su actividad comercial reiterando que solamente vende el spyware a Estados, para ser utilizado de manera justificada y legal contra personas presuntamente implicadas en hechos de terrorismo y delincuencia organizada. Pero casos como el de Marruecos exponen, una vez más, cómo los gobiernos abusan de esta herramienta para violar derechos humanos a capricho y conveniencia de los que ostentan el poder.
México no es la excepción. De hecho, información obtenida tanto por medios de comunicación, como el Pegasus Project y el New York Times, así como ante tribunales estadounidenses, permite evidenciar a México como el primer y principal cliente de NSO Group en el mundo. Y la historia de su uso no es de antaño, en los últimos dos sexenios se ha documentado y detectado una vigilancia focalizada y selectiva en el país a través del uso de esta herramienta.
Particularmente ha sido irrefutable el uso de Pegasus durante las presidencias de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Durante ambos gobiernos se interceptaron las comunicaciones privadas de personas que fueron críticas o incómodas para sus administraciones, como personas periodistas y defensoras de los derechos humanos. Y las acciones de espionaje ocurrieron sin órdenes judiciales y sin los más mínimos controles, sobre todo en contextos donde estas personas denunciaron o realizaron investigaciones periodísticas por actos de corrupción o violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y demás autoridades mexicanas.
A partir de que se hizo público el uso de Pegasus en México y en diferentes instancias —donde se han descubierto más casos de abuso de esta herramienta—, el Estado ha ocultado información pública sobre la vigilancia emprendida y ha caído en desacato ante órdenes directas de esclarecer la adquisición de tecnologías de espionaje, acciones que se actualizan día con día en la que se rehúsa a actuar conforme a derecho.
Lo que tampoco ha cambiado es la impunidad, especialmente la falta de voluntad y autonomía para investigar violaciones de derechos humanos del pasado y del presente. Y las víctimas siguen sin recibir reconocimiento ni acceso a la justicia. Además de que actualmente la compra de tecnología para la vigilancia puede seguir ocurriendo en total opacidad.
Lo cierto es que hoy en día no sabemos si las instituciones mexicanas siguen utilizando Pegasus y para qué, pero el panorama se percibe desalentador. Apenas el año pasado, el gobierno de la Presidenta Sheinbaum impulsó reformas legislativas que fueron aprobadas sin discusión y de forma exprés para ampliar la manera en que se puede ejercer vigilancia en contra de la ciudadanía.
El paquete de leyes —en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones, entre otras— da facultades a diversas autoridades indefinidas, incluido al Ejército, para un acceso irrestricto e inmediato a bases de datos públicas y privadas del país.
El gobierno actual ha enfatizado en que las reformas eran necesarias para garantizar la seguridad pública, por lo que legalizó una vigilancia que se pudiera dar sin controles, sin garantías judiciales y sin mecanismos de rendición de cuentas, bajo argumentos de que esta era un “bien necesario”. Pero una ampliación de las facultades de vigilancia no remedia las violaciones a derechos humanos que son cometidas desde el propio Estado, sobre todo considerando el pacto de impunidad que ha existido hasta la fecha para no investigar y castigar abusos relacionados con espionaje.
En este contexto, cualquier esquema que perpetúe la invasión a la privacidad y el acceso a datos personales, sin salvaguardas firmes ni supervisión independiente, es ajeno a los principios y valores democráticos. En un país donde personas periodistas y defensoras son blanco constante de agresiones y donde la militarización se ha profundizado, la vigilancia sin controles es hoy en día una política estructural.
Los hallazgos sobre Pegasus en el mundo vuelven a exigirnos mirar hacia adentro. No puede hablarse de Estado de Derecho donde los abusos no tienen consecuencias ni donde el uso de estas tecnologías carece de marcos legales que lo regulen. El gobierno mexicano pide confianza, promete paz, promete no violar la privacidad ni los datos personales de la población. Pero la confianza no se decreta, se construye con hechos, y hasta ahora las acciones concretas para merecerla siguen sin aparecer.
La autora, Martha A. Tudón M. es oficial del programa Ecosistema Informativo y Tecnología.