Personas ‘informantes’ o ‘alertadoras’: el costo de alzar la voz

Con motivo del Día Mundial de las Personas Alertadoras, el 23 de junio, vale la pena reflexionar sobre su rol para el derecho a saber en México y sobre la escasa importancia que reciben. Casos como Televisa Leaks, investigación que sacó a la luz mecanismos de manipulación de información pública por parte de uno de las televisoras más grandes de México y Latinoamérica, así como el de las y los militares que denunciaron el tráfico de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal, muestran que, desafortunadamente, en este país quienes alertan o revelan información sobre irregularidades enfrentan diversos riesgos y represalias a pesar de su relevancia para combatir la corrupción y contrarrestar la desinformación.

La filtración o divulgación de información sobre posibles irregularidades de carácter público o cometidas por personas funcionarias tiene como fin que esos actos o hechos se investiguen para mitigar un daño mayor al interés público o para evitar su repetición, convirtiéndolos en una pieza clave en la lucha contra la corrupción.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las denuncias que realiza la ciudadanía son una de las principales fuentes de detección de los actos de corrupción. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las ha reconocido como parte del derecho a la libertad de expresión y el derecho a saber. A las personas que la realizan se les identifica como “informantes” o “alertadoras”, y en determinados casos, cuando se involucran más en los procesos de investigación y aportando pruebas, como denunciantes.

En México, la divulgación de estos delitos puso de manifiesto que la información aportada por las personas alertadoras fue clave para detonar la investigación de conductas ilícitas que afectaban el interés público y que, de otro modo, habrían permanecido ocultas. Pero la falta de reconocimiento y protección de esta actividad expone a diversos riesgos a quienes se atreven a alzar la voz. De hecho, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organización internacional especializada en la detección del fraude, ha documentado que al menos el 40 por ciento de las personas que denunciaron actos de corrupción sufrió algún tipo de represalia.

En un país con elevados índices de violencia e impunidad como el nuestro, difícilmente las personas alertarán o denunciarán si como consecuencia por revelar información de interés público se pone en riesgo su estabilidad laboral, económica, su seguridad, integridad personal o incluso su vida, como sucedió con los asesinados de las y los militares que informaron sobre la red de contrabando de hidrocarburos o las amenazas y el desprestigio que recibió el excolaborador que filtró la información de las operaciones clandestinas de la televisora.

Por ello, es importante que México avance en una política integral que, como mínimo, les reconozca -sin estigmatizarlas a través de motes como “soplones” o “delatores” que se han retomado en algunos medios de comunicación-, así como que existan canales seguros de denuncia que resguarden el anonimato y la confidencialidad, además de que se proporcionen medidas de protección frente a represalias por el solo hecho de alertar sobre conductas que afectan a la sociedad.

Reconocer a las personas alertadoras, además de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a saber, es una forma de que la ciudadanía controle la gestión pública al exigir rendición de cuentas y la fiscalización de la toma de decisiones públicas que les afectan. Proteger a quienes se atreven a alzar la voz es proteger el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad y exigir justicia.

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La autora es Sarahí Salvatierra, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar México.