Pilotos, ciudadanía y democracia

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A Rodrigo

En la sala de abordar un grupo de pasajeros que viajaría de Las Bahamas a New York, esperaba ansiosamente la llegada de los pilotos. Tras media hora de retraso, por fin aparecieron dos pilotos sesentones que se abrían paso entre la gente valiéndose de su bastón para invidentes. “Buen día, buen día, permiso, permiso, gracias, permiso señora, permiso, gracias, ustedes disculpen el retraso. Tuvimos un contratiempo que se salió de nuestras manos; por favor no se preocupen, ganaremos tiempo porque llevaremos viento de cola. Con su permiso, gracias, disculpen ustedes...”. Los pasajeros enmudecieron y con una sonrisa congelada siguieron las instrucciones para el abordaje. Colocados los cinturones, replegadas las mesitas y apagados los celulares, el avión comenzó el carreteo en una breve pista que terminaba justo a las faldas de un cerro enorme. La nave aceleró, mantuvo su rumbo, aumentó la velocidad y unos 400 metros antes de llegar al cerro, la gente gritó a todo pulmón al tiempo que el avión se levantaba rápidamente casi en vertical. Nivelada la aeronave y con el cerro a sus espaldas, el piloto dice a su compañero de cabina: “¡Uffff, no quiero pensar el día donde nadie grite, ¡imagínate el madrazo que nos vamos a dar!”.
Traigo este viejo chistorete a cuento porque resulta ser una analogía que nos permite comprender las dificultades que tienen los gobiernos para construir y fortalecer la democracia, cuando la ciudadanía no participa activamente en dicha tarea. Me explico.
En uno de sus últimos libros, La fragilidad de una ética liberal, Victoria Camps afirma que “El buen funcionamiento de la democracia descansa, por supuesto, en las instituciones. Pero también en los individuos. Estos son, a fin de cuentas, quienes diseñan, hacen funcionar y promueven o exigen reformas constitucionales. Del sentido de justicia que tengan y vayan adquiriendo los individuos dependerá la justicia de la sociedad en que viven”.
La epifanía (por la claridad de su revelación) que nos comparte Camps nos permite deducir dos cosas respecto a las condiciones que exige la construcción de una democracia fuerte y briosa. Por un lado, se requiere la participación y compromiso de las y los ciudadanos y, por el otro, como dice Camps, tener muy claro que lo que es lo bueno para cada uno de nosotros y el ideal de justicia que se comparte en cualquier sociedad, no constituyen dos ámbitos ajenos o irreconciliables como muchos filósofos han venido sugiriendo.
Aunque no es un mal exclusivo de México, el rol tan marginal que ha tenido la ciudadanía en los últimos tiempos (recordemos que el número de votos en una elección presidencial o estatal no es un sinónimo de ciudadanía activa), nos obliga a pensar, o repensar, mejor dicho, qué y quién es un ciudadano y, por otro lado, respecto a las vías que podrían ser las más adecuadas para reconciliar la autonomía privada con la vida pública. Un par de ejemplos me permitirán explicar mejor este punto.
El contenido y tono de las protestas de los agentes de la Policía Federal que se rehúsan a ser despedidos de sus puestos de trabajo con el propósito de ser incorporados a la Guardia Nacional, o el cierre de carreteras y toma de casetas de peaje por parte de miles de campesinos inconformes por la cancelación de los apoyos económicos que antes les daba el gobierno, dejan en claro que en México existen ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría o, como he señalado en otro momento, ciudadanos a la mitad.
En la que hasta hoy ha sido la concepción más aceptada de lo que significa gozar de la condición de ciudadano, T. H. Marshall dice que ciudadano es quien goza de tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales. Para ser ciudadano en mayúsculas, al individuo habría que garantizarle las libertades de expresión, conciencia, asociación y desplazamiento, el derecho a ser representado y representar políticamente a otros y, muy especialmente, disfrutar de derechos económicos y sociales como el trabajo, la educación y la salud.
Pensando en los policías federales, los campesinos y extendiendo el ejemplo a vendedores ambulantes, empleadas domésticas, lavacoches, albañiles, empacadores de supermercado o los distintos tipos de guardias de seguridad que vemos en centros comerciales y colonias, podríamos decir que éstos no son ciudadanos en el sentido amplio del término, debido a que no gozan de los beneficios descritos por Marshall. Sin duda, las empleadas domésticas tienen derecho a votar, pero no pueden disfrutar del derecho a la salud cuando sus patrones no las han registrado en el IMSS o no pueden acceder al Seguro Popular por falta de recursos.
Más allá de su claridad, la manera en que T. H. Marshall dibujó la anatomía del ciudadano no quedó a salvo de la crítica, debido a que éste era considerado únicamente como un sujeto de derechos y no de responsabilidades hacia los demás. La ciudadanía, como nos recuerda Victoria Camps, “no debe ir ligada exclusivamente a unos derechos individuales, sino que debe incluir al mismo tiempo aquellos vínculos capaces de unir a los ciudadanos con la comunidad. Estos vínculos, de los que había hablado en especial Rousseau, comprometerían al ciudadano con una serie de obligaciones, deberes cívicos, y constituirían lo que podríamos llamar ‘la dimensión moral de la democracia’”. En otras palabras: el ciudadano es quien disfruta de los derechos que le permiten ejercer a plenitud su ciudadanía, pero quien se responsabiliza del conjunto de obligaciones que se desprenden de dichos derechos.
Seguramente a estas alturas usted se preguntará, ¿de qué forma yo podría “moralizar la democracia”? La respuesta es simple: desde la trinchera ocupacional y profesional en la que usted se encuentre. Las y los ciudadanos no podemos ser unos sujetos pasivos acreedores por definición de una serie de derechos cuyo garante y responsable es, al final de cuentas, el Estado, ya que, como dice Camps, “el ciudadano tiene él mismo una serie de obligaciones imprescindibles no solo para una convivencia pacífica y amable, sino para que los mismos derechos lleguen a todos los individuos”.
Así pues, hacer de nuestra ocupación y profesión un medio para hacer valer la autonomía de los pacientes, acceder a servicios médicos de calidad, producir sin impactar de modo negativo el medio ambiente, informar sin frivolidad ni partidismos, hacer que el estudiantado aprenda por cuenta propia, declarar los impuestos sin “creatividades añadidas” y, entre otras muchas acciones más, evitar formar parte de las muchas tramas de corrupción, son formas de participar como ciudadano responsable, a la vez que representan una vía para reconciliar la autonomía privada con el bien común.
En suma: pretender vivir en una verdadera democracia, sin asumir la responsabilidad que exige el ejercicio de una ciudadanía activa, resulta tan absurdo y riesgoso como subir al avión que pilotean los ciegos sin estar dispuesto a gritar a todo pulmón cuando se venga encima el cerro.
pabloayala2070@gmail.com