¿Por qué la impunidad ya ni las cejas levanta?

Lo que está claro, de entrada, es que la evidencia del colapso penal no despierta la acción política ni social para el cambio. El Inegi nos ha informado por 15 años de esto y no hay transformaciones institucionales sustantivas, en particular en las fiscalías. En 2025 las víctimas mayores de edad reportan haber sufrido 33.8 millones de delitos, de los cuales denunciaron 3 millones; es peor, del universo total, el MP logró resolución favorable en 1.1 por ciento. Hace 10 años había medio millón de carpetas de investigación rezagadas, ahora hay 2.5 millones. Pero el dato, el que sea, ya ni siquiera levanta las cejas. ¿Estamos atrapados sin salida? Tal vez.

En un texto anterior analicé la impunidad mirando las prácticas del poder político. Propuse entender a la impunidad como un estabilizador del sistema político; es todo menos fortuita, es una herramienta de negociación que hace de México un país equilibrado, al mismo tiempo, en alta criminalidad y alta impunidad. El edificio no se cae porque en los cimientos fundacionales de lo que llamamos Nación está un acuerdo no escrito: la persecución penal es una carta política, antes que jurídica. Así jugarlo mantiene firme el edificio, romper la regla acaso lo tambalearía e incluso tiraría.

Todos los gobiernos y todos los partidos usan la carta en relaciones de negociación, tensión y conflicto, pero nunca hasta la ruptura. La prueba está a simple vista, no existe actor político creíble que salga a la calle a invertir su capital en reducir la impunidad. Todos juegan el mismo juego.

En entrevista hace unos días, Carmen Aristegui preguntó a Jacobo Dayán si la impunidad es intencional, luego de que este hizo un largo listado de escándalos políticos asociados con delitos o posibles delitos graves, una y otra vez sin consecuencias penales. La duda de la periodista respecto a las motivaciones detrás del fenómeno -después de que ella ha tomado algunas de las mejores fotografías profundas del colapso del sistema penal- ofrece una oportunidad excepcional para preguntarnos qué nos pasa como sociedad frente a la impunidad.

Nuevamente acudí a la teoría cognitiva y encontré respuestas de enorme valor.

La pregunta central es la siguiente: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender que la impunidad puede no ser simplemente un problema de funcionamiento, sino una arquitectura institucional y política que produce beneficios para alguien?

¿Cómo es posible que la hemos documentado por décadas y que la mencionamos todo el tiempo por todos lados y sin embargo seguimos dudando -o quizá evadiendo- la posibilidad de que estamos ante una maquinaria perfectamente aceitada y de enorme utilidad para determinados actores?

Encontré varios sesgos que ayudan a explicar lo que parece estar sucediendo.

Primero, el “sesgo de atribución: buscamos culpables, no arquitecturas”. Responsabilizar de la impunidad a una persona de la policía, de la fiscalía o del poder judicial “resulta cognitivamente sencillo”, comparado con la explicación que descifra los incentivos y el funcionamiento de esas instituciones. El cuento de la manzana podrida es fácil, el de la institución rota no.

Esto conecta con “el sesgo de disponibilidad”. La información a la mano es el hecho en particular: la incompetencia de la o el fiscal para judicializar tal o cual caso, la negligencia de un policía, la deficiente actuación de un perito. Es mucho más difícil hacer visible la cadena de conductas, incentivos y omisiones que produce esos resultados.

Además, el sesgo del statu quo es otra “salida” que evade reconocer el problema en su complejidad. Hablamos de la normalización de la impunidad, traducida en la consabida fórmula: “así son las cosas”, actitud muchas veces asociada con el aprendizaje de la resignación.

Me parece aún de mayor relevancia otra dimensión cognitiva: las alternativas que nos perturban y las que nos tranquilizan ante este fenómeno. Mucho antes de mirar la teoría cognitiva, insistí en que los fenómenos que me han tocado analizar suelen ser “insoportables”, por ejemplo, la percepción de desamparo ante la masificación de las desapariciones en México.

Ahora encuentro que asumir que la impunidad puede ser intencional resulta también demasiado perturbador; en cambio, la salida fácil es repetir hasta el infinito que no se trata más que de personas en esas instituciones que se equivocan y lo que hay que hacer es capacitarlas mejor.

En todo caso, quienes viven de la impunidad tal vez saben bien que pueden estar tranquilos porque nuestra razón y nuestras emociones parecen encontrar intransitable la posibilidad de asumir lo que tenemos enfrente: una arquitectura de relaciones de poder que resiste -y acaso resistirá sin límite- desde sus propios cimientos, gobierne quien gobierne. Pueden estar tranquilos porque no sabemos procesar la respuesta afirmativa a la pregunta de la periodista.

Sí, es intencional.