Privatizar el riesgo

Jesús Silva-Herzog Márquez
26 octubre 2026

Detrás de la retórica que pone al pueblo en el centro de la política pública, los dos gobiernos de Morena han promovido una lógica individualista. Esa ha sido una constante: desmantelar los servicios públicos para ofrecer, como compensación, “apoyos” directos.

El argumento ha sido claramente thatcheriano: en lugar de invertir para formar burocracias competentes; en lugar de apostar por instituciones que presten servicios de calidad, entregar dinero en efectivo. Transferir lo que se invertía en servicios públicos al bolsillo de los beneficiarios.

El cálculo es evidente y, hasta el momento, exitoso: los beneficiarios aprecian y agradecen la transferencia y no echarán de menos el servicio que pierden. Nada de pueblo hay en esa estrategia: una explotación directa del individualismo que la retórica oficial rechaza. El beneficio inmediato y visible por encima de la previsión ante los riesgos futuros.

El número más reciente de Nexos dedica varios artículos al desmantelamiento del Estado bajo los gobiernos de Morena. En efecto, como dicen Guillermo Cejudo y Johabed Olvera, el Estado ha dado un paso atrás.

Se han multiplicado los beneficiarios de las transferencias gubernamentales al tiempo que se ha reducido la capacidad del Estado para cuidar, para curar, para educar. No se buscan ahorros sino redefinir la relación del Gobierno con los ciudadanos. Eliminar las mediaciones para conectar a cada beneficiario con el gran benefactor. Hacer visible al Estado como un depositante puntual y debilitarlo como prestador de servicios confiables.

La nueva política social del Gobierno tiene una curiosa fe en el mercado. Se anuncian los apoyos como una atractiva compensación frente al cúmulo de programas cancelados.

Ese es el cálculo: el servicio público que se pierde se contratará de manera eficiente como servicio privado. Esta estrategia confía en que el dinero que se entrega a los individuos les permitirá cubrir las necesidades que el Estado ha renunciado a atender.

Por supuesto, no hay cheque que cubra las necesidades que el Estado abandona. En el mismo número de Nexos, Melina Altamirano examina el efecto de la cancelación de las estancias infantiles de Sedesol.

Al cerrarse las guarderías se entregó un cheque a las madres por 825 pesos mensuales. La transferencia permitiría a las familias decidir qué hacer: usar ese dinero para pagar una guardería privada, darle ese dinero a quien pudiera cuidar al menor. Las madres y los niños sufrieron directamente el cambio. En muchos lugares no había guarderías disponibles.

Las madres tuvieron que trabajar menos o se vieron obligadas a dejar su fuente de ingreso. Los niños dejaron de tener las actividades que estimulaban su aprendizaje en los primeros años de vida. La transferencia no compensa en modo alguno la cancelación del servicio.

Morena ha puesto en marcha un programa de privatización del riesgo. Que sean las familias las que resuelvan sus problemas de salud. Que cada quien se rasque con sus uñas. Pero un cheque no termina el desamparo en el que los últimos dos gobiernos han dejado a las madres, los estudiantes, los enfermos.

El resultado concreto del desmantelamiento de los servicios públicos es que las familias pagan mucho más en salud de lo que gastaban antes del 2018.

En el número de octubre de la misma revista Nexos, Octavio Gómez Dantés y Edson Serván Mori calcularon el costo del retroceso sanitario. Casi 6 millones de hogares incurrieron en gastos excesivos por motivos de salud, incluyendo los gastos catastróficos, esos que superan el 30 por ciento de la capacidad de pago de una familia y gastos empobrecedores, esos que empujan a una familia por debajo de la línea de pobreza.

Las recientes movilizaciones del personal médico no obedecen a una simple demanda salarial. Son el testimonio más directo del abandono de los gobiernos morenistas a los servicios públicos esenciales.

La falta de medicinas en las farmacias, la ausencia de instrumentos esenciales en los quirófanos, la necesidad de que los familiares y los médicos aporten de sus propios recursos para intervenir a un paciente es resultado de una estrategia política perversa.