Programa de seguridad: más estrategia y menos propaganda
Un programa de seguridad no debería evaluarse por justificar el pasado, sino por comprometer el futuro. Su propósito no es demostrar por qué las cosas mejoraron antes de su publicación, sino establecer metas, mecanismos e indicadores que permitan juzgar si la seguridad será mejor al concluir su vigencia. El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 invierte esa lógica. Dedica buena parte de su argumentación a justificar los resultados que el gobierno afirma haber obtenido desde 2018, pero fija metas sorprendentemente modestas para los próximos cinco años.
La contradicción es evidente en el principal indicador de seguridad: el homicidio doloso. El Programa fija como línea base para 2025 una tasa de 17.5 víctimas por cada 100,000 habitantes y plantea reducirla a 16.7 en 2030. Es decir, durante todo el periodo de vigencia del Programa la meta consiste en disminuir apenas 0.8 puntos la tasa nacional.
Hasta ahí podría tratarse simplemente de una meta conservadora. Sin embargo, el propio documento sostiene que la disminución observada en los homicidios es consecuencia de la articulación de estrategias de seguridad pública, el fortalecimiento institucional y la coordinación interinstitucional impulsados desde diciembre de 2018. En otras palabras, el Programa toma como punto de partida una reducción que atribuye a la estrategia del sexenio anterior y propone, para el siguiente, un objetivo marginal.
El problema no es únicamente la magnitud de la meta, sino la lógica con la que fue construida. En lugar de definir cómo se transformará la seguridad entre 2026 y 2030, el Programa utiliza los resultados atribuidos al periodo 2018-2025 como principal evidencia de su éxito.
Esto conduce a las siguientes preguntas. Si la reducción más importante de homicidios ya ocurrió gracias a la estrategia iniciada en 2018, ¿qué transformación concreta ofrece el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030? Y si, por el contrario, la violencia y la inseguridad siguen siendo problemas que justifican una nueva estrategia nacional, ¿por qué las metas reflejan una ambición tan limitada?
Las metas no solo son indicadores técnicos; también expresan el nivel de ambición política de un gobierno. La meta sobre percepción de inseguridad ofrece una prueba de ello. El Programa reconoce que 75.6 por ciento de la población considera insegura la entidad donde vive y plantea reducir ese porcentaje a 70 por ciento para 2030. Aun si el objetivo se alcanza, siete de cada diez mexicanos seguirán sintiéndose inseguros al término del sexenio.
Esa cifra también cuestiona la propaganda oficial. Si la reducción de los homicidios reflejara un fortalecimiento sostenido de las instituciones y una recuperación efectiva de la seguridad, cabría esperar una disminución mucho más significativa en la percepción ciudadana. Que el propio gobierno proyecte una percepción de inseguridad todavía cercana a 70 por ciento constituye un reconocimiento implícito de que la mejora observada en algunos indicadores no será suficiente para modificar la experiencia cotidiana de millones de personas.
La percepción de inseguridad tampoco depende exclusivamente de la evolución del homicidio. Refleja la experiencia cotidiana frente a delitos como la extorsión, el robo, las desapariciones, la violencia familiar o el fraude, pero también el nivel de confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones encargadas de protegerla. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi muestra que apenas 57 por ciento de la población confía en las fiscalías y 63 por ciento, en las policías estatales. Esa cifra no puede atribuirse únicamente a un problema de imagen; refleja la percepción social sobre el desempeño y la capacidad de las instituciones civiles de seguridad.
Esa desconfianza tampoco surge de la nada. Durante años, Causa en Común ha documentado el deterioro crónico de las instituciones de seguridad y justicia como consecuencia de la insuficiencia presupuestal y del incumplimiento sistemático de los mecanismos previstos en la ley. Es difícil hablar de instituciones fortalecidas cuando las corporaciones policiales y de procuración de justicia siguen perdiendo personal y capacidades.
A ello se suman hechos que deterioran profundamente la confianza pública. En Veracruz, policías fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice. En Guanajuato, un médico legista reveló a un periodista las presiones de integrantes del crimen organizado para modificar los certificados de defunción, un señalamiento que apunta a posibles mecanismos de captura institucional dentro de la procuración de justicia. Casos como estos trascienden a las víctimas directas: alimentan la percepción de que las instituciones encargadas de brindar seguridad pueden ser infiltradas, cooptadas o incapaces de resistir la presión del crimen organizado.
El propio Programa ofrece elementos para sostener esa preocupación. Reconoce que durante 2024 ocurrieron alrededor de 33.5 millones de delitos; que solo 9.6 por ciento fueron denunciados y que únicamente 7.05 por ciento dieron origen a una carpeta de investigación. Dicho de otra manera, más de nueve de cada diez delitos nunca fueron investigados formalmente. Resulta difícil esperar una transformación profunda en la percepción ciudadana cuando los niveles de impunidad permanecen prácticamente intactos.
La ausencia de una meta específica para reducir la extorsión también resulta significativa. A diferencia del homicidio, este delito expresa la capacidad permanente de los grupos criminales para controlar territorios, imponer pagos y sostener economías ilícitas mediante el cobro de piso. Una estrategia que atribuye su éxito a la reducción de los homicidios también debería explicar cómo recuperará el control territorial frente a organizaciones que siguen obteniendo ingresos mediante la extorsión.
Los programas nacionales no deberían utilizarse para demostrar que una estrategia anterior funcionó. Su función consiste en establecer compromisos verificables hacia el futuro y ofrecer parámetros claros para evaluar si esos compromisos se cumplen. El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 dedica más esfuerzo a justificar por qué el gobierno considera exitoso el periodo 2018-2025 que a definir qué transformaciones institucionales permitirán que México sea significativamente más seguro en 2030.
Mientras se acepte que siete de cada diez mexicanos seguirán sintiéndose inseguros, que delitos como la extorsión permanezcan sin objetivos específicos de reducción, que el fortalecimiento institucional se dé más por supuesto que por demostrado y se justifique retrospectivamente las omisiones y errores del sexenio anterior, más que un programa parece propaganda. La confianza no se decreta en un documento de política pública; se construye con instituciones capaces, independientes y profesionales.
Cuando la ciudadanía observa policías involucrados en secuestros y homicidios, peritos denunciando presiones del crimen organizado para alterar certificados de defunción y fiscalías incapaces de proteger incluso a su propio personal, no solo se erosiona la confianza en esas instituciones: también se debilita la credibilidad de la información que producen. Las estadísticas de homicidio solo son tan confiables como las instituciones responsables de registrarlas e investigarlas.
El autor, Asael Nuche es politólogo e investigador en Causa en Común. Se especializa en seguridad pública, gobernabilidad y análisis institucional. Ha coordinado investigaciones e informes sobre crimen organizado, violencia política, robo de hidrocarburos, militarización y estudios nacionales sobre el desarrollo de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. Su trabajo se centra en el análisis de riesgos, la prospectiva y la evaluación de políticas e instituciones de seguridad y justicia en México. Redes: @AsaelNG
Causa en Común es una organización ciudadana fundada en 2010 por María Elena Morera. Tiene como misión ayudar en la defensa de las libertades, las garantías y los derechos humanos; en el fortalecimiento de las instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la justicia; así en la generación de propuestas enfocadas al desarrollo institucional y la atención a víctimas.