Propuesta del CESP para pacificar Sinaloa
Mapa y brújula para el sexenio de Rocha

A pesar de que el Gobierno del Estado presume la baja en la comisión de homicidios dolosos, y los presidentes municipales están de brazos cruzados frente a delitos que afectan a diario a los sinaloenses, a la próxima administración pública estatal, con Rubén Rocha Moya a la cabeza, le corresponderá replantear el combate a la violencia con enfoque de atención a las víctimas y dejándole la función coercitiva a la gran coordinación que se establezca entre la Guardia Nacional, Ejército y las policías federales, estatales y municipales.

Para no ir a tientas en la enorme tarea que deberá realizar, porque ya no hay cabida para la simulación que se traduce en más intranquilidad ciudadana, el Consejo Estatal de Seguridad Pública le plantea a Rocha Moya el estado de cosas y las posibles acciones a tomar, dándole santo y seña de cómo está Sinaloa y qué podría hacerse, un beneficio con el cual no han contado los anteriores gobernadores antes de asumir el cargo.

Derivado de que el CESP dejó de ser un órgano de utilería, que durante varios gobiernos se dedicó a justificar el alarde oficial de la inexistente paz, ahora dispone de un estudio de incidencia de aquellos ilícitos que son acompañantes indeseables o escollos perpetuos para el desarrollo pleno de un estado donde la avasallante mayoría empuña las banderas blancas del trabajo legítimo, convivencia armónica y participación cívica restauradora.

Urge la pacificación duradera, con visión de futuro y la decoloración de todo el mosaico rojo de la violencia. Que ninguna institución o gobernante, no se diga la sociedad civil, eche las campanas a vuelo porque una parte de la barbarie cotidiana procede a ceder. Pero que tampoco estén inmovilizados ante el desafío de continuar abatiendo los asesinatos y las desapariciones forzadas, feminicidios, desplazamientos de personas por miedo al crimen, secuestros, robos, asaltos, violencia intrafamiliar y toda la escala delictiva que atribula y desampara.

Los cinco puntos que propone el Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, contemplan lo más agudo del fenómeno con el que los sinaloenses nos hemos ido a dormir y despertamos desde mediados del siglo anterior al que transcurre. Por mencionar uno solo, que expone en sí lo acumulado durante décadas de terror y sufrimiento, la violencia intrafamiliar constituye la réplica en los hogares de la bestialidad tolerada por muchos años.

La medición que en este tema realiza el CESP da para encender las sirenas que alertan del tránsito de Sinaloa hacia el salvajismo: durante 11 años seguidos la violencia intrafamiliar se ha incrementado y en los dos años recientes es la que mayor incidencia reporta. En 2020 fueron recibidas 4 mil 811 denuncias y habría que agregar los reportes no efectuados que conforman la cifra negra del flagelo.

Podría exponerse aquí el listado de hechos que afectan a la paz pública y al Estado de derecho, no obstante que cualquiera de los sinaloenses le tenemos bien tomada la medida al espanto de ir a la cama sabiendo que al día siguiente seguiremos contando a otras víctimas. Las cuentas son terribles y se tornan más espeluznantes con los cuentos de las autoridades que casi siempre nos narran la proximidad de un paraíso de armonía y tranquilidad, utopía que se cae con el inminente estrépito de las balas.

Ricardo Jenny del Rincón plantea un panorama basado en la indagación, que aspira a que el gobierno que presidirá Rocha a partir del 1 de noviembre disponga de la información auténtica, ya no aquella que maquillaba la realidad a la medida del Mandatario en turno, “como una oportunidad de enfocarse a los delitos y lagunas que hay para que la ciudadanía no sea víctima de ellos y, en caso de serlo, alcance la justicia pronta y expedita”.

Qué reto colosal el de Rocha al tener que encontrar los perfiles con convicciones y probidades, los programas que amplíen la apuesta pacificadora más allá de lo que haga la Guardia Nacional y que aglutine a los sinaloenses en la búsqueda de tranquilidad y legalidad, como causa común. El CESP le plantea cinco puntos esenciales: priorizar los delitos a atender, mejorar esquemas de denuncias, garantizar justicia pronta y expedita, atención integral a víctimas de la violencia y fortalecer programas de reinserción y reintegración en los centros penitenciarios.

Sin tratarse de la primera vez que como comunidad soñamos despiertos en materia de seguridad y justicia, entelequia recurrente en cada transición del gobierno estatal, la puesta debe trascender en el tiempo y el espacio porque el día que dejemos de añorar por vivir más tranquilos, ya no nos quedará más que la resignación de los vencidos y la fatalidad de los victimados. Ni siquiera vale abrazarnos compungidos entre todos pues eso significa tener ocupados los brazos que se requieren trabajando para abrirnos atajos hacia la paz de los vivos, no la de los sepulcros.

Volvamos a recuperar la fe,

Es esperanza lo que sobra,

Y pongamos manos a la obra,

Del cómo, cuándo y el por qué.

Mientras tanto, los grupos ciudadanos de rastreadores continúan desenterrando ese dato no anexado en las estadísticas oficiales de homicidios dolosos perpetrados en Sinaloa. En El Guachapori, Municipio de Ahome, donde ya han sido localizadas alrededor de 120 osamentas humanas, el colectivo “Fe y esperanza” siguió sacándole evidencias a la tierra de esa brutalidad diaria que aún no alcanzamos a dimensionar. Para vergüenza no ganan aquellas instituciones y autoridades a las que por ley les corresponde hacer esta labor.