¿Qué exigir a las autoridades sobre la seguridad?

En Sinaloa, como en todo México, la sociedad prácticamente sólo ha esgrimido los actos públicos de protesta como las marchas, los mítines de grupos como el de las madres con hijos desaparecidos, o las denuncias por los asesinatos de familiares muertos que no han sido investigados y mucho menos aclarados, en cuanto a quién realizó el asesinato y el motivo del mismo; todavía esta semana, en un importante acto realizado en el Campus Culiacán del TEC de Monterrey, se exigía: ...“la pacificación debe convertirse en prioridad... para la recuperación de la economía del Estado”, más aún, el empresario Alberto Coppel Luken señaló que “la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades es necesaria para enfrentar la crisis de seguridad en Sinaloa” e igualmente, en Mazatlán, el presidente del Consejo Sinaloense de Empresarios hizo un “llamado urgente a reforzar las estrategias de seguridad y a blindar destinos clave como Mazatlán... para el futuro económico de Sinaloa”.

Hay que agregar que diversos grupos ciudadanos, políticos, religiosos y de víctimas de los actos delictivos, exigen en términos generales justicia, que “la autoridad actúe”, que se aprehenda a los delincuentes, etc., pero todas esas exigencias como que se quedan en la generalidad y los absorbe la “normalidad” y pronto se olvidan o pasan a un segundo o tercer término ante los nuevos actos, a veces más dramáticos que los anteriores, por lo que las autoridades responsables acaban por “guardar” los expedientes de denuncias o simplemente no hay denuncias qué documentar y sólo queda, cuando mucho, el registro de un muerto más, un desaparecido más o un cuerpo más encontrado en las múltiples fosas clandestinas.

Esto ocurre no sólo en Sinaloa, sino prácticamente en todo México, en donde el fenómeno de “la impunidad” es el común denominador, reforzado por la falta de transparencia “por seguridad nacional”, con los que la autoridad se oculta y se refugia en el “olvido social”, como ha sucedido en diversos actos delictivos, pero si algunos de esos actos involucran a políticos o personajes importantes, entonces sí gozan de la correspondiente investigación y aclaración, sí conviene a los responsables de aplicar la ley.

Urge entonces que se ordene, priorice y acumulen las exigencias en un planteamiento de “exigencia total”, a las autoridades obligadas por la ley:

1. Claro que urge que la sociedad coopere con la autoridad, pero esto sólo será posible sí se confía en la autoridad, la cual debe dar muestras claras de que desea esa cooperación social, que termine con la práctica de ocultar información y que se compromete a llevar un buen registro de los actos delictivos y de la forma en que se están atendiendo.

2. Urge también que la autoridad pase ya de las acciones punitivas, a crear un verdadero sistema de inteligencia, a través del cual no sólo las policías y el Ejército actúen, sino que también la sociedad confíe y pueda colaborar; ¿dónde quedó el sistema digital de seguimiento y vigilancia, la Plataforma México, instalado en tiempos del Presidente Calderón?, mismo que si no era perfecto, por lo menos era una herramienta inteligente para el seguimiento de los delincuentes.

3. No sólo se trata de involucrar al sector empresarial, sino también a los sindicatos, las universidades, las iglesias, las organizaciones ciudadanas, los partidos políticos, a los padres de familia, para la concientización de niños, jóvenes, trabajadores, profesionistas y los mismos funcionarios públicos, sobre las consecuencias de tolerar o ser parte de los grupos delictivos, del consumo y tráfico de drogas, pero sobre todo de inculcar el sagrado respeto a la vida, a la educación, a la salud, a la propiedad y al trabajo, etc.

4. La sociedad debe confiar que, si colabora con la autoridad, ésta se compromete a proteger a quienes denuncian o rechazan a los grupos criminales y hacerlo en forma constante y contundente.

5. Exigir también que haya más y mejores policías, con mejores sistemas de actuación, con mejor equipamiento y capacitación, no sólo para disparar, sino para saber cuándo, dónde y por qué disparar.

6. Exigir más presupuesto y mejor trato y aceptación de las fuerzas policiacas y, sobre todo, mejor coordinación entre elementos municipales, estatales y federales, así como en cuanto a cómo responder a las exigencias de EU.

En fin, la idea es que se consideren las diferentes exigencias sociales en un planteamiento que conjunte los enunciados casuísticos, para que la sociedad y las autoridades actúen coordinadamente.