¿Quién paga los platos rotos del Ayuntamiento?

Como nos hemos enterado por los medios, el Ayuntamiento de Mazatlán ha pagado y debe pagar cientos de millones de pesos por juicios perdidos en tribunales.

El resultado final de esos casos perdidos varía, a veces, es porque el Departamento Jurídico del Ayuntamiento no tiene los recursos humanos, técnicos ni materiales para defenderse debidamente, es decir, pierden por negligencia y falta de preparación de sus abogados internos.

Pero en ocasiones, el Ayuntamiento pierde los juicios no por falta de capacidad de sus abogados internos, sino porque simple y sencillamente, no había la menor probabilidad de ganar el caso, porque un funcionario público la regó, intencionalmente o por descuidado.

Tomemos el ejemplo reciente de la condena contra el Ayuntamiento por daños y perjuicios causados a los concesionarios del estadio de beisbol.

Ese asunto lo perdieron no por falta de capacidad de su Departamento Jurídico, sino porque los actos que ocasionaron los daños (clausura de taquillas y corte del suministro de agua potable) obedecieron a un berrinche de “El Químico” Benítez, así de sencillo.

Otro ejemplo es el caso de Nafta, donde el Ayuntamiento perdió a propósito el juicio porque al abogado del Jurídico a quien le encargaron la contestación de demanda y el ofrecimiento de pruebas, se le “pasó” el término que le dieron al Ayuntamiento para defenderse.

Este descuido, sumado a que el permiso de construcción otorgado a Nafta se vino abajo por un amparo promovido por una vecina, ocasionó que el Ayuntamiento tuviera que pagar más de 100 millones de pesos, sin contar los más o menos 10 millones de pesos que le pagó a los abogados externos gandallas y abusivos que los cobraron sin obtener resultados.

Pero la gran mayoría de los juicios los pierde el Ayuntamiento porque el origen del juicio es un acto administrativo ilegal, es decir, algún funcionario público se apendejó y violó derechos de algún ciudadano.

Eso sucede mucho cuando el Ayuntamiento construye una calle o avenida en terrenos propiedad de un ciudadano sin comprárselo o expropiarlo primero.

A pesar de que el Ayuntamiento ha tenido que pagar millones de pesos por esos despojos ilegales, no han aprendido la lección y siguen cometiendo el mismo error bajo el pretexto de que, si no lo hacen así, el recurso se va.

En resumen, el Ayuntamiento ha pagado y va a pagar sumas millonarias por juicios seguidos en su contra y los que pagaremos los platos rotos seremos los ciudadanos.

Esto es porque en lugar de que el Ayuntamiento demande a los funcionaros públicos culpables de los actos ilegales, para recuperar el dinero que ha pagado, no hace nada.

De nuevo sirve de ejemplo el caso Nafta, donde, a pesar de existir denuncias por faltas administrativas y una denuncia penal tramitada ante la Fiscalía General del Estado, presentadas por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, la Síndica Procuradora del Ayuntamiento no hace nada para impulsar esos procedimientos, corriéndose el riesgo de que caduquen y los culpables queden impunes.

De nuevo, los que pagamos los platos rotos por el Ayuntamiento somos los ciudadanos que vemos con coraje como el dinero de nuestros impuestos se va en pagar las burradas o transas que cometen los servidores públicos.