¿Quién querrá venir?

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ERIC VEGA

El Gobierno del Estado ha mostrado su incapacidad para resolver el problema del bloqueo de obras de inversionistas internacionales por parte de transportistas de la CTM y CNOP, lo cual podría perjudicar seriamente al desarrollo económico de Sinaloa, pues es un mal precedente para la imagen del estado en el exterior.

¿Quién querrá venir a invertir aquí en estas condiciones?

Uno de los principales responsables es el director de Vialidad y Transportes del Estado,


Domingo Ramírez Armenta, quien en lugar de resolver el problema ha tomado partido a favor de las alianzas del transporte y ha insistido en meter a chaleco un presunto convenio para que les den participación en el acarreo de materiales en obras que son totalmente privadas.

El dirigente de la CMIC,


Miguel Ángel Corrales Villaseñor, reveló que cuando menos en la zona centro no existe convenio alguno para cederle a los transportistas el trabajo que pueden hacer las empresas y que tampoco la Ley de Transportes lo estipula.

El Artículo 224 de la Ley de Transportes es muy claro: "Se considera como transporte particular aquel que traslade, sin retribución, carga que pertenezca al propietario del vehículo, o transporte personas que tengan con aquél una relación de dependencia directa o inmediata de naturaleza económica, educativa o cultural, o bien relacionada con la prestación directa de un servicio en el que el transporte sea un mero accesorio".

Pero en este problema no sólo es responsable Ramírez Armenta, también sus jefes


Gerardo Vargas Landeros y Mario López Valdez, quienes han sido omisos en resolver de tajo la obstrucción empresarial.

Sin embargo, el titular de la DVyT ha sido un obstáculo en todos los sentidos, porque lo mismo ha sucedido con el transporte urbano, sólo hay que recordar el reciente conflicto en el que los transportistas, en demanda de mejores tarifas, decidieron apagar los aires acondicionados de sus unidades, a pesar de que estábamos en plena temporada de calor, lo que generó airadas protestas de los culiacanenses.

Posteriormente se vino el conflicto con el transporte de carga en la construcción, con inversión alemana, de la planta de amoniaco en Topolobampo, donde según la constructora Procasa, tienen pérdidas diarias por 60 mil dólares.

A más de un mes de este bloqueo, no se ha resuelto.

La semana pasada sucedió en Culiacán, cuando decenas de camioneros bloquearon los trabajos de la obra de


Costco, también de inversión extranjera.

En este caso el Gobierno del Estado "obligó" a la empresa a contratar el 80 por ciento del traslado de material para los aliancistas. Sin embargo, este conflicto, lejos de solucionarse, aún está latente y podría agravarse.

Aunque la empresa


Procasa, que construye en Topolobampo, denunció a Vialidad y Transportes por obstrucción empresarial, debería ampliarse la queja contra Vargas Landeros y Malova, porque nada se mueve sin su consentimiento.

Despido masivo

Otro tema que trae de cabeza al


Gobierno del Estado es la depuración de las corporaciones policiacas.

Se habla de que cerca de 4 mil policías municipales y estatales serían despedidos al no aprobar los exámenes de control de confianza.

De acuerdo con la


Ley General del Sistema de Seguridad Pública, a partir del jueves de la semana pasada debieron iniciar el despido de agentes no aptos o coludidos con la delincuencia organizada.

Sin embargo, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, principalmente el de Culiacán, han buscado que se les dé una segunda oportunidad a los policías que tienen buena trayectoria, pero al parecer eso no va a ser posible, pues la ley es muy clara al establecer que a partir de ya sólo podrán laborar los elementos que estén certificados y el resto debe ser despedidos.

El problema está en que ni el Gobierno estatal ni los ayuntamientos previeron fondos para pagar las indemnizaciones a las que tienen derecho, y por lo tanto, están ante un grave problema social.

Lo otro es que los agentes que deberán salir representan cerca del 40 por ciento del total de la fuerza policial de Sinaloa.

¿A dónde cree, estimado lector, que se irán a buscar trabajo estas personas acostumbradas a las armas de fuego?

Lamentablemente, en gran parte podrían ser absorbidos por el crimen organizado.

El fin de semana, Malova estuvo cabildeando en la


Secretaría de Gobernación para encontrarle una solución a este problema, sin embargo, el Mandatario no ha dado a conocer qué respuesta le dieron.

Lo cierto es que la ley no es negociable; a menos de que el Gobierno federal envíe una iniciativa para reformarla, el despido masivo en las corporaciones está por iniciar.

Secreto de estado

La permanencia del ex Gobernador


Antonio Toledo Corro en un hospital de Mazatlán ha sido tratada como un "secreto de estado", entre sus familiares, el personal del hospital y las autoridades.

Se sabe que el nonagenario ex Gobernador enfrentó ya una cirugía y su estado es delicado.

Esperemos que pueda recuperarse.

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