Raquíticas afores universitarias

Los trabajadores activos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su mayoría, recibiremos nuestra pensión a través de las AFORES.

Este sistema, creado con la reforma de pensiones de 1997, funciona como un fondo acumulativo que recibe una parte de las cuotas patronales que la universidad aporta al Seguro Social. Todos los trabajadores que hayamos cotizado semanas después del 97 obtendremos nuestra pensión mediante este esquema.

En teoría, a mayor salario, mayor sería el monto acumulado, pero si el salario registrado ante el Seguro Social es bajo, también lo será nuestra aportación.

No es ningún secreto que históricamente, la universidad ha pagado al Seguro Social lo mínimo posible, registrando solo una fracción del salario real de los trabajadores.

Actualmente, se acostumbra a regularizar el salario durante los últimos cinco años de servicio, lo que beneficia a quienes se jubilarán bajo el sistema de pensiones anterior. Sin embargo, este mecanismo no aplica para quienes nos retiraremos bajo el modelo de las AFORES.

Durante años, el único consuelo era pensar que la jubilación dinámica compensaría esa baja cotización. Pero con su desaparición, en el marco de la llamada reingeniería universitaria, surge una gran incertidumbre: ¿cómo se compensará a los trabajadores por décadas de aportaciones insuficientes al Seguro Social?

Para dimensionar el problema, basta comparar tres datos disponibles para cualquier empleado: 1) El salario real registrado en los talones de pago (https://dse.uasnet.mx/empleado/), 2) El salario base de cotización reportado al IMSS (https://www.imss.gob.mx/tramites/imss02025a), y 3) El monto acumulado en la AFORE (aplicación móvil AforeMóvil).

Con esa información es posible confirmar una discrepancia histórica, el salario reportado al IMSS equivale, en promedio, a solo el 30 por ciento del salario real. Esto significa que, al momento de jubilarnos, recibiremos alrededor de un tercio del ahorro que realmente nos correspondería.

El problema se agrava ante la propuesta actual de reducir los salarios universitarios en un 20 por ciento. Si se aplicara esta medida, los trabajadores no solo enfrentaríamos un AFORE subfinanciado, sino también una reducción directa en nuestros ingresos presentes.

Tomemos un caso ilustrativo, un profesor que comenzó su carrera poco después de 1997 como Titular B y que hoy alcanza la categoría de Titular C, con casi tres décadas de servicio, debería tener acumulado alrededor de un millón de pesos en su cuenta AFORE, si las aportaciones se calcularan sobre su salario real.

Sin embargo, como la universidad cotiza solo una tercera parte de ese ingreso, este académico recibirá al jubilarse en 2027 unos 300 mil pesos, es decir, un 70 por ciento menos de lo que le correspondería.

Esta subcotización deja a cientos de profesores con cuentas reducidas y sin una compensación clara, justo cuando más necesitarán estabilidad tras décadas de trabajo.

El problema no es solo futuro, hoy mismo los trabajadores enfrentamos dificultades para ejercer derechos adquiridos.

En este momento muchos trabajadores no podemos hacer uso de los puntos acumulados en el INFONAVIT. En una consulta que realizamos hace unos días, constatamos que el sistema del INFONAVIT ni siquiera tiene habilitado el número de puntos acumulados, lo que con toda probabilidad se debe a la falta de pago de esta contribución por parte de la Universidad.

Esta situación no solo impide que los trabajadores accedamos a créditos o retiros, sino que también evidencia, una vez más, la falta de transparencia y el descontrol financiero que prevalecen en la institución.

Es urgente corregir esta práctica y garantizar que los recursos de los trabajadores sean administrados con responsabilidad, claridad y rendición de cuentas.

Es fundamental que en la discusión sobre la reingeniería financiera universitaria se incluya el tema de las AFORES y las aportaciones al Seguro Social.

Esta discusión no debe centrarse únicamente en el fideicomiso o el despido de algunos de los trabajadores de confianza, sino que debe atender un problema que afecta directamente a todos los trabajadores activos, cuyos derechos presentes y futuros dependen de la forma en que se resuelva esta situación.

Cualquier modificación en los acuerdos de jubilación implica revisar también los compromisos en el pago de las cuotas obrero-patronales.

El déficit generado por años de bajas contribuciones al Seguro Social representa una carga más costosa y prolongada que las propias jubilaciones.

Este problema, que tiene consecuencias inmediatas y de largo plazo, exige una respuesta urgente y responsable de la administración central.