Raúl y Andy

El pacto de impunidad se manifiesta de múltiples formas. Una de las más llamativas y paradigmáticas es cuando la persona implicada es parte de la familia cercana de algún ex Presidente y es puesto en la mira por un país extranjero.

Raúl Salinas de Gortari fue detenido en febrero de 1995. El Presidente Ernesto Zedillo era priista, pero la Procuraduría General de la República estaba en manos del PAN, que llegó decidido a demostrar que ellos sí tenían la fibra ética de los demoledores de la impunidad.

El asunto se complicó cuando la Procuraduría de Suiza informó en 1998 que había concluido una investigación iniciada cuando la esposa de Raúl, Paulina Castañón, intentó sacar 84 millones dólares (172.31 millones de dólares de 2026) de un banco suizo utilizando un pasaporte falso. Una de las conclusiones del informe suizo era devastador: “el círculo de familiares y amigos cercanos al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari recibió pagos millonarios por parte de varios cárteles de la droga mexicanos y colombianos a cambio de protección”; en el arreglo, Raúl habría “recibido la mayor parte de [...] al menos 500 millones de dólares en sobornos de narcotraficantes (mil 025.65 millones de dólares de 2026)”.

El Gobierno mexicano le dio largas al espinoso asunto y una Procuraduría suiza agotada por lo vano de sus esfuerzos entregó a su contraparte mexicana los 900 kilos del expediente. Mientras eso pasaba en Berna el 14 junio de 2005, Raúl Salinas salía de la cárcel de alta seguridad. Otra señal de que el gobierno panista no supo ni quiso erradicar la impunidad a esos niveles. El Procurador nombrado por Vicente Fox, el General Rafael Macedo de la Concha, jamás utilizó el expediente suizo y el acervo dejó de estar localizable; o al menos eso es lo que me respondieron cuando lo solicité a través del desaparecido INAI.

Si la saga de Raúl duró casi 20 años -fue exonerado de todos los cargos en diciembre de 2014-, ¿cuántos años de tribulaciones esperan a Andrés Manuel López Beltrán? Imposible anticiparlo, porque siguen imparables las menciones a su ostentoso estilo de vida y a su círculo de amigos y socios supuestamente depredadores de presupuestos. Los montos son gasolina para la indignación. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el huachicol fiscal tuvo, entre 2018 y 2025, un valor potencial de 3.1 billones de pesos, lo que significa que dejaron de ingresar al erario 600 mil millones de pesos. Pese al caudal de denuncias mediáticas, la actual Fiscalía General de la República no ha investigado a Andrés Manuel, quien ya se prepara para ser ungido con los tres años de fuero que obsequia una curul en la Cámara de Diputados.

El patrón de impunidad se ha beneficiado de la determinación con la cual Washington condonó una y otra vez los indicios de presunta complicidad entre funcionarios y criminales. Por ejemplo, sí colaboraron con la Procuraduría suiza que investigaba a Raúl Salinas, pero lo hicieron con discreción.

Eso ha cambiado radicalmente. En Washington se ha formado una fortísima corriente de opinión bipartidista que considera nocivo para sus intereses el crecimiento del poder criminal mexicano. Están satisfechos con la estrategia de seguridad de la actual Presidenta, pero quieren más, muchas más acciones.

No dejan de salir declaraciones como el comunicado enviado el pasado 16 de septiembre por el Presidente Trump al Congreso de Estados Unidos reiterando su exigencia a México de que “enjuicie a los muchos funcionarios públicos corruptos que han ayudado a, y han sido cómplices de, los cárteles”. También abundan las acciones unilaterales entre las cuales habría que incluir la decisión de quitarle la visa a López Beltrán.

El cambio en la estrategia estadounidense plantea un difícil dilema a Claudia Sheinbaum, que debe tener buenas relaciones con el gobierno de Trump, pero está decidida a preservar el pacto de protección a los suyos.

Entretanto, los medios de comunicación, las universidades y centros de investigación continúan enriqueciendo y decorando las múltiples salas que tiene la exposición de prófugos de la opinión pública. Carecemos de justicia, pero sí somos capaces de elaborar versiones bastante precisas de la verdad.