Reforma electoral
Las reglas importan. Importan en la democracia, importan en la economía y, sobre todo, importan cuando un país intenta crecer en medio de un entorno complejo. Por eso la discusión sobre una nueva reforma electoral no puede limitarse únicamente al terreno político. Una pregunta importante que nos debemos hacer como país es: ¿qué señales estamos enviando a quienes deciden invertir y apostar por México?
Desde el Poder Ejecutivo se impulsa una reforma electoral bajo el argumento de fortalecer la democracia, reducir costos y mejorar la representación. Sin embargo, diversos actores de la Oposición, de la sociedad civil y del sector productivo han advertido riesgos claros de regresión democrática: una mayor concentración de poder, el debilitamiento de la autonomía del INE y la reducción de la representación proporcional, cuando el verdadero reto debería ser evitar la sobrerrepresentación que hoy favorece a las mayorías. No es un ajuste que debe pasarnos de noche. Se trata de una modificación estructural que redefiniría las reglas del juego rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán 17 gubernaturas.
Hay un ángulo del debate que ha pasado casi desapercibido, pero que resulta crucial: su impacto en la inversión productiva. México atraviesa un momento económico delicado. En octubre de 2025, la inversión fija bruta cayó 5.8 por ciento a tasa anual, confirmando que la inversión se ha convertido en uno de los principales frenos del crecimiento. ¿Por qué importa esto? Porque sin inversión no hay expansión económica sostenida, ni empleo de calidad, ni mejora en el bienestar.
Los datos de la encuesta Data Coparmex 2025 resultaron contundentes. Solo 39.5 por ciento de las empresas considera que hoy es un buen momento para invertir. Es un nivel comparable al registrado durante la pandemia y muy por debajo del promedio superior al 50 por ciento observado entre 2021 y 2023. La principal causa es la incertidumbre económica, seguida de la inseguridad y de la incertidumbre política. En paralelo, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del Inegi acumula 10 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, umbral que separa el optimismo del pesimismo. El mensaje es que el ánimo empresarial está debilitado.
En este contexto, como ha señalado Ángel García-Lascurain Valero, vicepresidente nacional de Desarrollo Económico de Coparmex, cualquier reforma que erosione la integridad del sistema electoral afecta directamente las decisiones de inversión. La razón es muy sencilla, la integridad electoral es un pilar del Estado de derecho. Cuando se percibe que las reglas políticas pueden modificarse discrecionalmente, los inversionistas asumen que las reglas económicas y regulatorias también pueden cambiar sin certidumbre. ¿Quién invierte a largo plazo cuando el piso institucional se siente frágil?
El efecto es inmediato: aumenta la percepción de riesgo país, se encarece el capital y se posponen proyectos productivos. Los inversionistas nacionales, internacionales y los fondos institucionales penalizan escenarios de volatilidad institucional. No existe ahorro presupuestal en la operación del sistema electoral que compense el costo de perder confianza, competitividad y crecimiento económico.
Todo esto ocurre, además, en un momento histórico. El reacomodo geopolítico y la relocalización de cadenas productivas abren una ventana inédita para industrializar regiones, modernizar infraestructura y fortalecer la integración productiva de México. Pero aprovecharla exige inversión privada a gran escala, justo cuando las finanzas públicas son más frágiles. ¿De verdad es este el momento para enviar señales de incertidumbre?
Desde la IP consideramos que México necesita instituciones sólidas, reglas claras y confianza. Golpear al árbitro electoral no fortalece la democracia ni la economía. Por el contrario, debilita ambos pilares. Si queremos atraer inversión, aprovechar la revisión del T-MEC y generar desarrollo, debemos cuidar aquello que da certidumbre.