Reforma política y concentración máxima del poder

Aún no estamos plenamente enterados de qué características tendrá la iniciativa de Reforma política que presentará la Presidenta Sheinbaum al Congreso de la Unión, pero si es una que pretenda consolidar un régimen de partido casi único se concretaría una acometida catastrófica para la de por sí tembeleque democracia mexicana.

Como bien sabemos, el régimen que en 1929 se empezó a instaurar con el PNR, abuelo del PRI, fue una hechura que se prolongó a lo largo de casi siete décadas en la que el tricolor gobernó prácticamente de manera indisputada, gracias al férreo control de los tres poderes constitucionales, del sistema sindical corporativo, de los principales medios de comunicación del País y de una ciudadanía que, en su mayoría, aceptaba convivir con un sistema político corrupto pero, al menos, mínimamente distributivo de la renta nacional.

Cuando esta última variable empezó a disminuir a mediados de los 80 del siglo pasado, gracias a las reformas económicas neoliberales, los votantes empezaron a alejarse del otrora partido aplanadora. La corrupción se toleraba si repartía mejor los ingresos públicos. Cuando empezó a fallar, los electores mexicanos iniciaron la búsqueda de otras opciones y primero se acercaron al PAN, el partido de oposición más antiguo.

El blanquiazul no entendió que la ciudadanía reformadora, sobre todo la de bajos ingresos, votaría por ellos siempre y cuando mejorara sus ingresos y le reconociera su valor en la sociedad. Le dieron oportunidad dos sexenios y los hijos de Gómez Morín no cumplieron. Su ideología y programa conservadores, el nuevo modelo económico instaurado por los priistas a partir de la administración de Miguel de la Madrid, y haber catapultado la violencia criminal con una estrategia errónea, se los impidieron.

La ciudadanía, con la excepción de la del Distrito Federal y otros lugares menores, no confiaba aún en la izquierda, y regresó, ante el fracaso del PAN y la dudosa derrota de López Obrador en 2006, a los brazos del PRI en 2012. Los votantes creyeron la propaganda priista de que ellos eran más eficientes para gobernar, a pesar de la corrupción, y les dieron una nueva oportunidad. El PRD, oportunista y desgastado por la política entreguista de sus dirigentes “chuchistas”, ya no era una alternativa confiable para las mayorías ciudadanas y no lo vieron como relevo.

Pero el PRI peñanietista resultó peor que los anteriores, agravado por una frivolidad insultante profundizó la corrupción, la crisis de violencia criminal y la desigualdad social. En este escenario, resurge la izquierda con un nuevo partido, Morena, y López Obrador recupera credibilidad como líder transformador al ofrecer la erradicación de la corrupción, consolidar las libertades democráticas, combatir la violencia criminal y, sobre todo, impulsar la justicia social a través de los programas asistenciales. Este fue el as de sus propuestas ganadoras.

Sin embargo, López Obrador ya en Palacio Nacional tomó muchas decisiones sin investigar y planificar a fondo los desafíos a los que se enfrentaba, minimizando la experiencia y el conocimiento especializado y privilegiando la incondicional de los funcionarios públicos a sus intuiciones y criterios políticos en muchas arenas de Gobierno.

Su carisma y la enorme base popular que amasó en sus largos años de lucha social y democrática, que se expresaba todos los días en las mañaneras con una avasallante capacidad comunicativa, muchas veces manipuladora, le permitieron que su discurso se sostuviera como creíble entre las mayorías ciudadanas. Su narrativa se sostuvo, aún con las múltiples decisiones de Gobierno equivocadas y la violencia creciente, porque los programas asistencialistas y la política salarial fueron exitosos social y políticamente.

En este escenario, López Obrador fue perfilando un régimen centrado en un nuevo presidencialismo imperial, el control del Poder Legislativo y el enfrentamiento con el Poder Judicial, quien, por su arrogancia, suntuosidad y conservadurismo, fue fácil blanco de las críticas morenistas para justificar un nuevo estilo para elegir a sus miembros. La elección del nuevo Poder Judicial fue pan comido para Morena, ya durante el mandato de Claudia Sheinbaum.

López Obrador, tanto por su formación ideológica y política que se dio en el viejo PRI, ya en el poder y contradiciendo lo que había dicho y hecho siendo Oposición, fue dándole forma a un régimen político muy parecido al que creó el tricolor desde 1929, pero con un partido políticamente menos sólido y cohesionado que el creado por Plutarco Elías Calles.

El tabasqueño, para ganar en 2018, reunió en Morena de todo: escoria y brillantez, oportunistas y gente de convicciones y sólidos principios, experiencia e inmadurez, derecha e izquierda. Le sirvió para ganar, pero no para gobernar bien. Con todo y estas aberrantes contradicciones, incluyendo una corrupción muy extendida, le heredó a Claudia Sheinbaum la tarea de consolidar un régimen que no le quiere dejar espacios reales de poder a los partidos opositores.

No obstante, este objetivo se da en un escenario histórico donde la principal variable crítica es la inseguridad y la violencia criminal. Este peligroso contexto, en el que Morena parece no poder salir por todos los compromisos que estableció para llegar a Palacio Nacional, le antepone obstáculos que podrían ser insalvables en 2030. Es decir, no combatir eficazmente la delincuencia que azota a México podría costarle a Morena presentarse muy debilitado, aún con todo y el sostén de los programas sociales, en 2030. La primera prueba la vamos a ver en 2027. Ahí se verá si la Presidenta Sheinbaum impone su autoridad y logra proponer candidatas y candidatos capaces, honestos y decididos a enfrentar al crimen organizado.