Regreso a clases 2026: cómo garantizar la educación aún en contextos de emergencia

En el marco del regreso a clases este 31 de agosto, conviene preguntarnos qué sucede con la educación en México cuando una emergencia impide que las escuelas sigan funcionando con normalidad. Inundaciones, huracanes, sismos, violencia y movilidad humana son parte de una realidad que enfrentan cada vez más comunidades en el País. Frente a este escenario, la pregunta ya no puede ser únicamente cómo reabrimos las escuelas después de una crisis, sino qué necesitamos hacer antes para que una emergencia no se convierta en la interrupción de trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes.

Este desafío adquiere particular relevancia en un sistema educativo que, si bien ha logrado avances importantes en materia de cobertura, todavía enfrenta retos relacionados con la permanencia, el aprendizaje y la inclusión. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, únicamente 57 de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación primaria concluyen la educación media superior. Esto significa que garantizar el derecho a la educación no se limita a lograr que niñas, niños y adolescentes entren a la escuela, sino que también implica crear condiciones para que permanezcan en ella, aprendan y concluyan sus trayectorias educativas.

Las emergencias no necesariamente crean brechas educativas, pero sí pueden profundizarlas. Cuando una escuela cierra debido a una inundación, un sismo o un episodio de violencia, la interrupción educativa no depende únicamente de los daños que sufrió el edificio. Las familias pueden verse obligadas a desplazarse, perder sus medios de vida, enfrentar afectaciones a su salud mental o asumir nuevas responsabilidades de cuidado que, para algunas niñas, niños y adolescentes, pueden hacer mucho más difícil continuar estudiando.

La experiencia reciente del País lo demuestra. Después del impacto del huracán Otis en Guerrero, el regreso a clases comenzó de manera gradual cerca de un mes después del desastre, y la recuperación de la totalidad de los planteles de educación básica tomó aproximadamente ocho meses: casi un ciclo escolar completo.

Más recientemente, durante las inundaciones registradas en octubre de 2025 en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, las autoridades educativas lograron restablecer las clases presenciales en la mayoría de las escuelas en aproximadamente dos semanas. Sin embargo, más de 26 mil estudiantes de 229 planteles continuaban recibiendo clases a distancia porque sus escuelas aún no reunían las condiciones de seguridad necesarias para volver. Estos casos muestran que la continuidad educativa sigue dependiendo, en gran medida, de respuestas extraordinarias y no de mecanismos institucionalizados que permitan garantizar el derecho a la educación ante cualquier emergencia.

México necesita avanzar hacia una política integral de educación en emergencias que permita pasar de un enfoque reactivo a uno basado en la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación. Sabemos que no se puede anticipar exactamente cuándo o dónde ocurrirá la próxima emergencia, pero sí se puede procurar que el sistema educativo cuente con capacidades suficientes para actuar cuando suceda.

Para ir en esa dirección, es necesario contar con protocolos nacionales que incorporen la educación en la preparación y respuesta ante emergencias, con responsabilidades claras y mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas, de protección civil, salud y otros sectores involucrados. También es fundamental contar con infraestructura escolar resiliente, mediante el fortalecimiento, adaptación y mantenimiento de las escuelas para reducir daños, acelerar la recuperación y disminuir los periodos en los que las comunidades educativas no pueden regresar a sus espacios de aprendizaje.

A esto se suman esquemas flexibles de aprendizaje que permitan mantener el vínculo educativo cuando las clases presenciales no sean posibles, con alternativas adaptables a cada contexto, como modalidades híbridas, recursos impresos y herramientas digitales, sin asumir que todas las comunidades tienen las mismas condiciones de conectividad o acceso a tecnología. La continuidad educativa también debe considerar el bienestar socioemocional de niñas, niños, adolescentes, familias y docentes, quienes pueden enfrentar pérdidas, miedo, estrés y otras afectaciones. Finalmente, las respuestas deben incorporar inclusión y equidad para identificar y priorizar a quienes enfrentan mayores barreras para acceder, permanecer y regresar a la escuela, evitando que una crisis profundice desigualdades que ya existían.

Así, este regreso a clases es también una oportunidad para recordar que una emergencia puede interrumpir trayectorias educativas en cuestión de horas, con consecuencias que pueden extenderse por meses o incluso marcar de manera definitiva la vida de una niña, niño o adolescente.

En un país expuesto a fenómenos climáticos y sociales cada vez más frecuentes y devastadores, no podemos depender de respuestas extraordinarias. Garantizar el derecho a la educación en contextos de emergencia exige un sistema capaz de anticiparse, adaptarse y recuperarse. Esto implica dejar de entender la educación en emergencias como una respuesta temporal o exclusivamente humanitaria y asumirla como un componente permanente de la política educativa.

Prepararnos antes de que ocurra la próxima emergencia no solo permitirá responder mejor, también permitirá reducir el riesgo de que se convierta en una razón más para abandonar la escuela.

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La autora es Aurora Carrillo, coordinadora de Incidencia Política en Save the Children México. Redes: @AuroraCAleman.