Reingeniería y represión universitaria
No hay peor ciego que quien no quiere ver, este dicho resume la postura de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante los reclamos de estudiantes, jubilados y trabajadores activos frente a la crisis que vive la institución.
Los funcionarios insisten en la llamada reingeniería, que en la práctica opera como un borrón y cuenta nueva.
También buscan imponer una narrativa única sobre la situación actual de la Universidad, una narrativa que evade los problemas de fondo arrastrados por dos décadas y que hoy mantiene a la institución en un escenario de incertidumbre.
Aún más preocupante es que utilicen al H. Consejo Universitario para impulsar medidas orientadas a intimidar a las voces críticas dentro de la institución. Resulta penoso que, en su primera sesión ordinaria, donde se tomó protesta a los nuevos miembros del consejo, se solicitara aprobar acciones que restringen la libre participación de su comunidad.
El órgano de gobierno que debería garantizar la diversidad de ideas y promover una mejor institución para toda la comunidad se está convirtiendo en un instrumento de control y represión de las voces críticas.
Un vasto grupo de trabajadores universitarios que disentimos de esa política represiva hacemos un llamado al Congreso del Estado para que se cumpla el Acuerdo Número 69, que establece el respeto a la libre expresión en la UAS, y reiteramos la necesidad de que se protejan nuestros derechos a pensar y actuar sin restricciones.
El problema universitario no se limita sólo a la represión. También involucra la situación financiera de la institución y la negativa de la Administración Central a realizar una revisión exhaustiva de sus cuentas.
Su estrategia es consistente con prácticas anteriores, que es trasladar a la comunidad universitaria los costos derivados de sus decisiones financieras fallidas. Ya ocurrió durante la colecta para cubrir la multa por desvíos de recursos por 20 millones, y ahora se pretende repetir el esquema mediante descuentos salariales de entre 5 y 20 por ciento para financiar la reingeniería financiera, sin antes realizar una auditoría integral.
Esto sin dejar de mencionar el fallido fideicomiso universitario del 2008, cuyo impacto aún persiste y genera un escepticismo plenamente justificado frente al plan de reingeniería financiera que plantea Rectoría.
Los jubilados en esto han sido irreductibles: ¡auditoría ya! No podemos permitir que se mantengan prácticas lesivas a las finanzas institucionales, como los excesivos salarios y la vida de lujo que gozan los funcionarios, mientras la Universidad enfrenta carencias en infraestructura y retrasos en pagos de las prestaciones laborales de sus trabajadores.
Cada vez es más evidente que la máxima casa de estudios sinaloense necesita un rumbo distinto. Es momento de que la comunidad universitaria defina una nueva visión para la institución.
Apenas unos meses después del inicio de esta administración, hemos pasado de un problema a otro, y nada indica que la situación mejore en el corto plazo. Ni en el ámbito financiero ni en el educativo se observan avances, algo que los propios estudiantes han señalado con valentía y determinación.
La Universidad requiere trabajo conjunto para construir un proyecto que atienda sus necesidades reales y permita superar tanto el deterioro financiero como las dinámicas de control que inhiben la vida académica.
La Universidad no podrá salir de su crisis mientras se sigan postergando las decisiones que realmente importan. Empezando con una auditoría integral, transparente y externa no es una concesión si no es una obligación institucional y un derecho de la comunidad universitaria.
No basta con que la Administración Central afirme que la Auditoría Superior de la Federación ya realizó una revisión; esa declaración no sustituye la obligación de presentar evidencias ni acciones concretas. Hasta ahora no han mostrado medidas que atiendan los problemas financieros detectados, más allá de proponer ajustes que afectan derechos previamente adquiridos por los trabajadores.
Estudiantes y jubilados han dado el ejemplo. Ahora corresponde asegurar que su esfuerzo no sea ignorado. El futuro académico y financiero de la UAS depende de que enfrentemos la verdad y transformemos, desde su raíz, la manera en que se administran sus recursos y se toman sus decisiones. No hay otro camino.
Finalmente, suscribimos nuestro derecho a expresarnos, pensar y actuar libremente. No podemos aceptar que, en una institución creada para garantizar la libertad, la igualdad y la justicia, se limite la posibilidad de pensar distinto.