Revictimización institucional en robo de vehículo

Cuando a una persona le roban su vehículo no es sólo la pérdida de un objeto, es la interrupción de su rutina junto a la incertidumbre de cómo se trasladará ella y su familia. Semanas después, cuando por fin le informan que su automóvil ha sido recuperado, el alivio dura poco. Para volver a tenerlo, debe pagar entre 6 mil y 12 mil pesos en multas, arrastre y pensión. ¿Puede haber algo más contradictorio? Primero víctima del delito, después víctima del sistema.

Esta realidad, que parece absurda, ha sido durante años una constante en Sinaloa. El robo de vehículos no sólo despoja a las personas de su patrimonio, sino que también las somete a una segunda carga económica que no provocaron. Es, en esencia, una forma de revictimización institucional. El ciudadano no cometió una falta administrativa, no infringió la ley, no solicitó el servicio de grúa ni el resguardo en el corralón. Fue víctima de un delito. Y aun así, paga por ello.

Las cifras dimensionan la magnitud del problema. De acuerdo con datos citados en iniciativas recientes presentadas en el Congreso del Estado, entre junio de 2024 y junio de 2025 se aseguraron 3 mil 757 vehículos robados en Sinaloa, un aumento del 170 por ciento respecto al periodo anterior, cuando se registraron mil 387 unidades. De enero a julio de 2025 se denunciaron 4 mil 191 robos, superando ya los registros de todo el año previo. Lo que nos demuestra una tendencia sostenida que impacta a miles de familias en prácticamente todo el territorio estatal.

Con cada vehículo robado una familia pierde movilidad. Un trabajador pierde tiempo. Una madre o un padre pierde la tranquilidad. Y cuando finalmente el vehículo aparece, aparece también la factura de un sistema que parece no distinguir entre culpables y víctimas.

Frente a esta realidad, en el Congreso del Estado existen diversas iniciativas que proponen algo tan elemental como justo: exentar a las víctimas del pago de multas, arrastre y almacenaje cuando su vehículo robado sea recuperado. La propuesta, impulsada por legisladores y respaldada por diversas voces, busca adicionar el artículo 207 Bis C al Código Penal estatal para corregir una omisión que durante años ha castigado injustamente a quienes ya fueron afectados.

El argumento es realmente simple, obligar a las víctimas a pagar estos costos es injusto, porque esos servicios no se generaron por una acción voluntaria ni por una falta del propietario, sino como consecuencia directa de un delito. Es, en palabras de quienes han impulsado la reforma, una doble agresión. Primero el robo. Después el cobro.

La víctima no sólo pierde su patrimonio; pierde tiempo, tranquilidad y recursos. Y peor aún, se ve obligada a pagar por el mismo daño que ya sufrió. Ante esta realidad, ¿qué mensaje envía esto a la sociedad? ¿Que el delito es una desgracia inevitable y que sus consecuencias económicas también deben ser asumidas por quien lo padece?

Otros estados como Hidalgo, Michoacán y Baja California ya han corregido esta distorsión. Han entendido que la función del Estado es proteger a las víctimas, no cargarles el costo de su propia vulnerabilidad. Sinaloa tiene hoy la oportunidad de hacer lo mismo.

Más aún, el propio análisis de impacto presupuestal señala que esta medida no afectaría las finanzas públicas. Son servicios derivados de hechos delictivos, no de faltas atribuibles al ciudadano. Es decir, no se trata de un privilegio ni de una concesión extraordinaria. Es un acto básico de coherencia institucional.

Este año, el Congreso ya dio un pequeño paso al aumentar las penas por robo de vehículo hasta 33 años en ciertos casos agravados. Pero endurecer las sanciones, aunque necesario, no es suficiente si la impunidad sigue superando el 90 por ciento. La justicia no se mide sólo en castigos más severos, sino en la capacidad del Estado de acompañar a las víctimas con empatía y sentido común.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿de qué lado está el Estado? ¿Del lado de la víctima, o del lado de la inercia burocrática? Exentar estos pagos enviará la señal de que las instituciones comprenden el dolor de la sociedad y están dispuestas a actuar en consecuencia.

El Congreso del Estado tiene, pues, la oportunidad de demostrarle a la sociedad que la acompaña y trabaja a favor de ella desde su trinchera. La justicia en este caso no debería tener costo. Y mucho menos cobrarle estacionamiento a quien ya fue despojado de su vehículo. Es simple.