Romper ciclos: el paso que
falta para hablar de paz

Hace 12 años se fundó una asociación civil llamada Por el Placer de Ayudar. Su trabajo se centró en acompañar a personas privadas de la libertad y, sobre todo, a sus familias.

De esa experiencia quedó una idea difícil de ignorar: cuando alguien va a prisión, el castigo no se queda tras las rejas. Se mete en la casa, en la economía del hogar, en la estabilidad emocional de los hijos y en ese silencio incómodo que pocas veces se quiere nombrar.

En el papel, la responsabilidad penal es individual. En la vida cotidiana, las consecuencias no siempre lo son. Si quien aportaba una parte importante del ingreso ya no está, el golpe es inmediato. Pero no es solo eso.

Mantener a una persona dentro del sistema penitenciario también cuesta: traslados para visitas, apoyo legal, depósitos para artículos básicos, gastos administrativos. A la pérdida de ingreso se suma un nuevo flujo de egresos. La ecuación económica se descompone rápido.

No todas las familias de personas privadas de la libertad son sinónimo automático de pobreza. Esa simplificación sería injusta. Sin embargo, muchas enfrentan vulnerabilidad progresiva: reducción de ingresos, endeudamiento, estigmatización social, afectaciones emocionales que repercuten en el desempeño escolar o laboral. La fragilidad no siempre es visible desde fuera, pero se acumula.

Por eso resulta necesario voltear a verlas con mayor atención. No desde la indulgencia, sino desde el análisis. ¿Ignorarlas construye paz o solo aplaza problemas?

La evidencia internacional ha mostrado que los hijos de personas encarceladas presentan mayor probabilidad de abandono escolar y mayor exposición a entornos de riesgo. No es destino inevitable, pero el riesgo aumenta. Y cuando el riesgo aumenta, la indiferencia difícilmente puede considerarse estrategia.

Apoyar a estas familias no equivale a justificar delitos. Tampoco significa minimizar el daño causado. Significa reconocer que hay terceros que no cometieron ninguna falta y que, aun así, enfrentan consecuencias estructurales.

A veces se confunde firmeza con indiferencia, como si cualquier intervención social debilitara el principio de justicia. No es así. La justicia sanciona conductas; la política social busca que el daño no se multiplique.

También existe un componente reputacional. La pregunta “¿por qué a ellos?” surge con facilidad. Pero la vulnerabilidad no es un concurso moral.

Si una familia cumple criterios objetivos de carencia; ingreso insuficiente, riesgo educativo, inestabilidad emocional. Su contexto no debería convertirla automáticamente en invisible.

Si la paz se entiende como algo más que ausencia de confrontación, entonces implica disminuir factores de riesgo: pobreza, ruptura familiar, abandono escolar y falta de oportunidades.

Romper ciclos exige intervenir antes de que la precariedad y el resentimiento se hereden. No hacerlo tiene un costo social que tarde o temprano se manifiesta.

Desde el Banco de Alimentos existe la convicción de que la construcción de paz no es tarea exclusiva de las autoridades de seguridad.

También se construye cuando una familia logra sostenerse pese a la adversidad, cuando un hijo no abandona la escuela, cuando una madre encuentra acompañamiento en lugar de aislamiento.

En ese sentido, la institución está dispuesta a colaborar y apoyar en todo lo que esté a su alcance para contribuir a una paz más sólida en Sinaloa.

La discusión no es sencilla ni pretende serlo. Se trata de decidir si la pena termina en el individuo o si permitimos que sus efectos se propaguen silenciosamente.

Construir paz implica mirar donde incomoda y actuar con criterios claros. Tal vez romper ciclos sea el paso que falta para hablar de paz con verdadera responsabilidad.