Seguridad o reforma electoral: ¿qué exige hoy el País?
¿Es este el momento para abrir una discusión electoral en México? ¿Cuando la inseguridad lastima severamente la mayor parte del País? Como quedó claro este domingo. ¿Cuando la economía navega entre la incertidumbre interna y externa? Este lunes Coparmex Nacional emitió su posicionamiento al respecto, opinando que la reforma electoral más adecuada es la que nace de la sociedad, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones.
Se trata pues de preguntarnos con honestidad política y responsabilidad histórica: ¿qué problema urgente resuelve hoy una reforma electoral que no surge del consenso social? ¿Aporta estabilidad o añade un factor más de polarización en un país que ya enfrenta tensiones profundas?
El contexto no es cosa menor. México atraviesa desafíos significativos en materia de seguridad, con hechos violentos en distintas regiones que erosionan la vida cotidiana. Al mismo tiempo, se revisan compromisos con socios comerciales estratégicos, en particular en el marco del T-MEC, y avanzan etapas clave en la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea. A ello se suma la incertidumbre económica global y las debilidades del Estado de Derecho. En este escenario, lo que el País necesita es estabilidad, eficacia institucional y resultados muy específicos en seguridad y economía.
La confianza de los inversionistas nacionales e internacionales depende de factores claros: estabilidad institucional, certeza jurídica y condiciones de seguridad. Cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos o de la autonomía de las instituciones incrementa la percepción de riesgo. ¿Qué ocurre cuando aumenta la incertidumbre? Se frena la inversión, y con ello se limitan la creación de empleos y el crecimiento económico. Así de simple, y así de delicado.
Además, una reforma electoral que no cuente con amplio consenso podría tener implicaciones más allá de nuestras fronteras. México ha asumido compromisos internacionales en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres. La legitimidad de cualquier reforma no depende únicamente de su legalidad formal; también descansa en su origen, en su proceso y en su aceptación social. La forma es fondo. El cómo importa tanto como el qué.
Desde la década de los 90, el sistema electoral mexicano se construyó a partir de acuerdos amplios, públicos e incluyentes. No fueron concesiones del poder, sino conquistas ciudadanas. La autonomía de las autoridades electorales, la pluralidad legislativa y los mecanismos de fiscalización robustos surgieron del diálogo entre sociedad civil, academia y fuerzas políticas. Ese proceso permitió avanzar hacia un modelo que ha garantizado alternancia pacífica, certeza jurídica y gobernabilidad democrática. Perfectible, sí. Pero funcional y probado.
Hoy enfrentamos un contexto distinto. Por primera vez en nuestra historia reciente, se plantea una reforma electoral que no emana de un consenso ciudadano amplio. Dato que no podemos hacer menos. Si las reglas del juego democrático se modifican sin el respaldo social suficiente, el riesgo no es solo jurídico, también es político (con todo lo que esto se pueda significar y traducir) y económico. Se erosiona la confianza, se tensan las instituciones y se envía una señal de inestabilidad (más de la que ya se percibe).
Cualquier legislación electoral debe respetar cinco pilares democráticos construidos desde la sociedad y reconocidos universalmente: autonomía real de las autoridades electorales, con independencia y capacidad operativa suficiente; pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social del país; fiscalización sólida que garantice equidad en la competencia; inclusión de minorías, evitando barreras que limiten la participación; y certeza jurídica, con reglas claras, estables y previsibles.
Cuidar el sistema electoral es actuar con responsabilidad institucional. Es reconocer que, en momentos de incertidumbre económica y desafíos en seguridad, el país requiere señales de estabilidad y sensatez política.
México enfrenta retos urgentes que exigen atención prioritaria: garantizar seguridad, fortalecer el Estado de Derecho, generar condiciones para la inversión y el empleo, consolidar la paz. ¿No deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos en esas tareas impostergables? ¿No es eso lo que necesita la sociedad en este momento?