Sheinbaum, Trump y la carpeta Sinaloa
DEA, FBI y Capitolio; FGR, SSPC y SRE

Hay reacomodos interesantes en el procesamiento de la información legal, no las versiones disparatadas que se cotizan a tres por dólar, respecto a la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló contra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otras personas cercanas o desvinculadas a él, ajustes que inducen la posibilidad del arreglo político en el tema que de judicial tiene poco o nada. En un giro brusco, los turbios astros de este escándalo proceden a alinearse en torno a la verdad y dejan de orbitar alrededor del hoyo negro de la conspiración.

Siempre ha sido así. Al menos desde el gobierno de Leopoldo Sánchez Celis en la década de los 60 del siglo pasado han existido informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos contra políticos sinaloenses, con la diferencia de que en aquellos tiempos no existían las redes sociales para perpetrar los linchamientos públicos ni el actual inquilino de la Casa Blanca con amenazas como aquella del 7 de abril de “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”.

Desde Washington, donde está el war room que busca sacar al Presidente Donald Trump del bache de impopularidad frente a las elecciones de medio mandato que se efectuarán en noviembre, fueron fraguadas verdaderas bombas con destino al territorio azteca y también petardos de parte de apologistas del Tío Sam que al parecer solamente la vía diplomática logrará desactivar.

La teoría del acuerdo está sustentada en el hecho de que no es casualidad que en las horas recientes surjan declaraciones allá de la Drug Enforcement Administration, Federal Bureau of Investigation y del Capitolio, y de este lado emanen de la Fiscalía General de la República y secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Relaciones Exteriores, que emiten señales que proceden a atemperar posturas quizá para sentar condiciones de avenencia binacional. En lo que corresponde a las dependencias mexicanas insisten en la ausencia de pruebas o de indicios sobre los presuntos nexos de funcionarios sinaloenses con el narco.

Estos nuevos elementos, principalmente los inherentes al caso Sinaloa, invitan a moderar el grito de guerra inducido por partidos políticos y comentócratas que asumen al mismo tiempo la liturgia de “¡el ladrón, allá va el ladrón; atrápenlo!” jugándosela con la táctica que impida que la recordación social reedite la consabida costumbre de olvidar hechos que la intrigan y luego sentarse esperar la siguiente trama saciamorbos.

Igual que la fallida hipótesis respecto a que sin Rocha al frente del Gobierno de Sinaloa se acabaría la violencia, misma que a diario recibe el desmentido por la autenticidad que reaviva en vez de apagar la crisis de la seguridad pública, en instituciones de México y Estados Unidos está en curso la extinción de la maniobra que mete hilo para sacar hebra. Es de esperarse que las audiencias se cansen pronto de narrativas que hacen y dicen lo mismo al improvisar voces que afirman tener información confidencial y lo que dan es paja teórica.

Veamos entonces hechos recientes sin la miopía confabuladora, tales como lo expresado en la audiencia que el martes tuvieron ante el Senado de Estados Unidos los titulares de la DEA, Terrance Cole, y del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, el primero con la advertencia ya conocida de que “esto es sólo el principio” pero reconoce que las autoridades mexicanas “están cooperando de forma que no lo habían hecho en el pasado” e induce que “en gran parte es miedo” lo que ocasiona que funcionarios acepten la colusión con el crimen organizado.

John Kennedy, quien realizó el interrogatorio a los responsables de la seguridad de Estados Unidos, con el fin de integrar la solicitud de presupuesto de Donald Trump para 2027, acabó abriendo la única puerta de la justicia por la que deben cruzar los involucrados en el dossier Sinaloa, al resolver que “todos tienen derecho a la defensa hasta que se demuestre su culpabilidad”.

Y en lo que corresponde a Cole, la otra frase que quedó dando vueltas en la conciencia de los neonatos expertos de la narcopolítica, que creen que esto empezó hoy, expone que “no hay duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno en México han estado en la misma cama durante años”. Y sí. ¿Quién ignora que la detención forzada y el traslado extrajudicial que el 25 de julio de 2024 puso a Ismael “El Mayo” Zambada a disposición de la justicia estadounidense fue la chispa que encendió la narcoguerra?

En pocos días quedarán nomás las ascuas de una historia distorsionada a conveniencia de partidos y fans de Trump y vendrá el momento de saber si será el final del bucle de inestabilidad que afecta a Sinaloa o la entrada a etapas más atroces de la narcoguerra. Todo depende del cotejo de dos carpetas de investigación: acá la FGR, SSPC y SRE con Claudia Sheinbaum en el epicentro; allá el FBI, DEA y el Capitolio donde Donald significa el inestable centro gravitacional.

Se dan cuenta un siglo después,

En México y Estados Unidos,

Que cohabitan con el siamés

De gobiernos y narcos coludidos.

Hablando de tópicos más confortantes, ayer fue un día memorable en el Palacio Legislativo debido a la presentación de la revista “Martha Guadalupe Arredondo Sandoval y la evolución del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa”, elaborada por el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, así como del libro “Martha Guadalupe Arredondo Sandoval: una vida en el Congreso de Sinaloa, la joven que logró sus sueños”, de la autoría del escritor e investigador Carlos Grande Rodríguez. La Diputada sin curul que le dio decoro al trabajo parlamentario durante más de seis décadas representa la vida que resplandece en tiempos en que el ejemplo de esfuerzo y dignidad debe ser la luz que nos guíe a la salida de todos los túneles. El paso que sigue es inscribir con letras doradas el nombre de Martita en el Muro de Honor del Salón de Plenos.