Sinaloa: cuando la militarización no alcanza
En Sinaloa, cada vez que la violencia provocada por el crimen organizado se desborda, mandamos traer al Ejército. Al Estado llegan entonces los convoyes artillados de la tropa y de los Marinos. Ahora, la novedad son los murciélagos de las Fuerzas Especiales y la recientemente creada Guardia Nacional.
Es una receta que ya conocemos. En 1976, cuando el “pistolerismo” de los “gomeros” de la sierra se salió de control, en Sinaloa se lanzó la Operación Cóndor y llegaron por primera vez 10 mil militares.
Una cifra similar se anunció cuando la disputa Guzmán-Zambada comenzó en septiembre de 2024, después subimos a 13 mil, luego a 16 mil y la última cifra, reconocida por el Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, desde Mazatlán, fue de más de 22 mil.
Es un número que representa casi la cuarta parte de todo el despliegue militar del país. El General Trevilla fue, además, contundente: “No nos iremos de Sinaloa hasta que se restablezca la paz”.
Pero, más de dos años después, la paz no llega. Con seis asesinatos al día, Sinaloa aporta ahora casi el 15 por ciento de los homicidios dolosos de todo el País y tiene apenas el 2 por ciento de la población nacional. Además hay cuatro personas privadas de la libertad a diario y de las cuales, más del 70 por ciento se mantiene como desaparecida o no localizada. Los feminicidios y asesinatos de mujeres registran también récords históricos y superan ya en 40 por ciento a todos los casos del año pasado.
Es una crisis humanitaria que nadie quiere llamar por su nombre, y mucho menos responder en consecuencia. Entonces, ¿qué se hace cuando la militarización no alcanza?
La respuesta no es agradable. No hay atajos, soluciones mágicas para mañana, ni balas de plata.
Porque lo que ha estado ausente en esta última disputa criminal, no es la respuesta extraordinaria de las autoridades federales a través del envío de más efectivos castrenses e inversión en vehículos y equipamiento, sino la omisión y la pasividad de nuestro Gobierno Estatal por ponerle recursos extraordinarios a una guerra que es, a todas luces, también extraordinaria.
Escudados en el argumento de la “coordinación”, desde Sinaloa seguimos sin ver una voluntad real del Gobierno Estatal encabezado ahora por Graciela Domínguez y el Congreso local por poner la pacificación al centro del presupuesto, más allá del discurso de la “atención a las causas” y el “tejido social” que, si bien son importantes, no alcanzan para reducir la violencia y la impunidad.
Es decir, hay que hacer las dos cosas, pero el rezago presupuestal en materia de seguridad y justicia, o en lo que se conoce como la dimensión “negativa” de la paz, es algo que urge subsanar o saldremos de esta crisis más por inercia que por esta estrategia y con unas corporaciones policiales todavía más débiles de las que ya tenemos.
Graciela Domínguez, Gobernadora Interina de Sinaloa, ha mostrado ya una sensibilidad que Rocha no tuvo al reconocer que se enfrenta un problema de una complejidad mayor y que la pacificación no se ha logrado.
Desde esa postura, lo congruente sería entonces proponer un presupuesto audaz que fortalezca nuestras policías y fiscalía desde ahora. Sin atenerse a los tiempos electorales y coyunturas políticas.
Porque si ya sabemos que la estrategia militarizada hasta ahora no ha sido suficiente, la pregunta más difícil es ¿qué haremos cuando los soldados se vayan?