Sinaloa en la distensión México-USA
Lo que viene: restaurar la gobernanza
Tal como lo descartó la semana pasada la Presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de los funcionarios de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos tratos con delincuencia organizada no fue parte de la reunión bilateral que el viernes sostuvieron en la Ciudad de México las delegaciones estadounidense y mexicana del área de la seguridad pública. Y simultáneamente todo indica que está por tomarse la gran decisión sobre el regreso de Rubén Rocha a la titularidad del Gobierno del Estado o la designación de quien en calidad de sustituto cerraría el sexenio en curso.
A como han evolucionado las cosas en los días recientes, apartándose de la vía jurídica y apegándose mucho a las posibilidades de la política, resulta evidente el paulatino enfriamiento del escándalo que desde el crítico 29 de abril ha transmutado al manejo de crisis mediante fraseología que no sienta jurisprudencia, con dichos como “hay pruebas abundantes” de Katherine Polk, jueza federal neoyorquina, o “estamos apuntando a todos los funcionarios del Gobierno que forman parte del clan Culiacán”, enunciado por Sara Carter, la zar antidrogas de Estados Unidos.
Más allá de eso existe un silencio consensuado respecto a la resolución de la encrucijada que vive Sinaloa, con el mutismo que establece Palacio Nacional en lo que se refiere al curso de este conflicto con Estados Unidos; el cambio de discurso en Washington que procede a reconocerle a México la cooperación en el combate al narcotráfico, y también el miedo a hablar y tomar decisiones en Palacio de Gobierno en Culiacán por parte del equipo rochista que se quedó en sus cargos, pero no los ejerce.
Frente a tales realidades, importa en el análisis proceder a deconstruir expresiones como las del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, que el 21 de mayo expresó sentirse impresionado porque México ha sido muy cooperativo en el combate al narcotráfico “mucho más que la administración anterior”, y el reciente posicionamiento del Embajador Ronald Johnson respecto a la creación del Grupo Bilateral de Implementación, de colaboración sin subordinación, que representa “la siguiente etapa en la evolución de nuestra cooperación” y permitirá que la coordinación bilateral sea “más eficaz y constante”.
Otra cuestión a considerar es el intercambio notable de atenuantes declarativos en los dos asuntos que le dieron pauta al diferendo: los argumentos de la acusación contra servidores públicos de Sinaloa proceden a ser más enunciativos que de evidencias, al mismo tiempo que hay treguas en el otro extremo del conflicto que es la afectación a la soberanía nacional en que incurrió la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al permitir la operación de la Central Intelligence Agency.
Estas posiciones nacional, estadounidense y estatal se escudan en estrategias confidenciales que seguramente operarán en reducir la incertidumbre en Sinaloa originada por el temor a que el crimen organizado logre aprovechar el vacío de autoridad reinante en la tierra de los once ríos y se coloque como poder de facto, cumpliéndole a la Oposición la demanda tan reiterativa de desaparición de los poderes legítimos ¿para que asuma el control la fuerza delincuencial?
En consideración a lo anterior, urge leer las señales con la lente de sociedad responsable e inteligente, sin que nos coloquen los cristales opacos que buscan imponernos algunos actores y factores empeñados en que veamos el incendio y no el humo de sus vilezas que impida a los sinaloenses detectar las salidas de emergencia. Una nueva embestida del gangsterismo internacional: los demonios de la política a la mexicana de ayer que lucen hoy botargas angelicales, además de la reconfiguración en los cárteles de las drogas ilícitas por la narcoguerra, nos necesitan ciegos para asumirse como nuestros lazarillos ignominiosos.
Que estemos impedidos a notar, por ejemplo, que desde hace semanas las fiscalías y juzgados de Estados Unidos han bajado la intensidad sobre el expediente Sinaloa y que entre los signos a descifrar está el hecho de que Donald Trump integró a su Gabinete a Jay Clayton como Director de Inteligencia Nacional, quien era el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, y en sustitución de éste nombró a James M. McDonald, hombre de todas las confianzas que era el abogado personal del hoy inquilino de la Casa Blanca.
¿Qué desenlaces vienen para Sinaloa después de las decisiones y acciones acordadas entre los gobiernos de Estados Unidos y México y los encuentros binacionales de alto nivel que reúnen a los estrategas de ambos países en materia de seguridad nacional? Una vez disminuida la cortina de la narcopolítica que se estancó en dimes y diretes, lo que sigue son las determinaciones también de alto impacto para recuperar la gobernabilidad.
Aquí nunca faltará el granuja,
Que con todo el peso de la maldad,
Pretenda que en Sinaloa cruja,
La rama de la gobernabilidad.
La parte del Gabinete estatal que quedó en funciones después de que Rubén Rocha solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo de Gobernador procedió a cambiar de números telefónicos, silenciar celulares, ignorar llamadas, y desaparecer de la escena pública, lo contrario a efectuar el necesario control de daños y mantener inalterada la gobernabilidad y estabilidad. Todo el pesado paquete de la continuidad se lo echaron en la espalda a la Mandataria interina, Yeraldine Bonilla, y el resto de los que juraban ser “rochistas” emprendieron la incomunicación como desbandada hacia la autoprotección, olvidándose de que en las duras y las maduras son los ciudadanos y sus preocupaciones y satisfactores los que necesitan del respaldo de servidores públicos. Con esos colaboradores o aliados para qué necesita Rocha enemigos.