Sinaloa: la crisis que las cifras no pudieron ocultar
La solicitud de licencia del Gobernador de Sinaloa y, más recientemente, del Vicefiscal General del Estado, tras los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, irrumpe como un episodio crítico en la vida política del estado y del País.
Sin embargo, la crisis que hoy alcanza al poder político no surgió de la nada: se incubó durante años, en la distancia entre el discurso oficial y la realidad documentada en las cifras, en los hechos y en las instituciones.
Durante ese tiempo, hubo advertencias claras, así como señalamientos públicos que apuntaban a la cercanía entre autoridades y actores criminales, desde la campaña por la Gubernatura hasta el evento que marcó el inicio de la “narcopandemia” en la entidad, por el supuesto secuestro de “El Mayo”, con la finalidad de entregarlo a las autoridades estadounidenses por parte de la facción de Los Chapitos, lo que inició una guerra interna en el Cártel de Sinaloa.
En su momento, esas alertas fueron desestimadas o contenidas políticamente. El Gobernador no sólo se mantuvo en funciones, sino que contó con el respaldo del Gobierno de México y de otros mandatarios estatales frente a acusaciones que hoy resurgen con mayor peso. No es que no hubiera indicios o pruebas suficientes; es que se optó por ignorarlos.
El problema de fondo es que la negación no detiene la violencia, sino que la acumula. Y en Sinaloa, esa acumulación es hoy inocultable.
El comportamiento de la violencia letal ofrece una primera evidencia. Entre 2024 y 2025, el homicidio doloso prácticamente se duplicó, rompiendo una tendencia de relativa contención observada en años previos. Desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la disputa entre grupos criminales, el promedio de asesinatos se ha mantenido por encima de cuatro diarios, con un pico de siete víctimas al día en junio de 2025, el nivel más alto en la última década.
Pero incluso estas cifras resultan insuficientes para dimensionar el problema.
Al incorporar otras categorías de violencia letal -como feminicidios, desapariciones y los llamados “otros delitos contra la vida y la integridad”- el panorama se agrava de manera significativa. Esta suma revela una realidad más amplia: la violencia no sólo crece, sino que se diversifica y se vuelve más difícil de rastrear a través de los indicadores tradicionales.
En ese contexto, la manera en que se construyen y presentan las estadísticas se vuelve central. Porque, si algo caracteriza el caso de Sinaloa, es la persistente discrepancia entre los datos oficiales y los recuentos independientes.
Un ejemplo ilustrativo ocurrió en diciembre de 2025: mientras la Fiscalía estatal reportó 128 asesinatos (122 homicidios dolosos y seis feminicidios), un recuento basado en sus propios informes diarios documentó al menos 137 privaciones de la vida que no fueron incorporadas a la estadística mensual. La diferencia no es menor. Implica una subestimación cercana al 23 por ciento, producto de omisiones sistemáticas.
Entre los mecanismos identificados se encuentran la exclusión de restos humanos localizados en fosas clandestinas, la no incorporación de personas que fallecen en hospitales tras haber sido heridas en hechos violentos y la reclasificación de muertes dolosas bajo categorías ambiguas. Incluso los asesinatos de policías han sido registrados en rubros que los excluyen del conteo principal.
No es un problema metodológico menor: es una práctica que altera deliberadamente la lectura pública de la violencia.
Esta manipulación adquiere un cariz aún más evidente cuando se contrasta con los discursos oficiales.
A inicios de 2026, tras un cambio en la metodología de registro del Secretariado Ejecutivo, el Gobierno estatal informó reducciones significativas en homicidios dolosos, desapariciones y otros delitos contra la vida. Sin embargo, reportes periodísticos documentaron incrementos sustanciales en los asesinatos realmente ocurridos.
La discrepancia no sólo refleja desorden estadístico, sino una intencionalidad política: presentar una narrativa de mejora donde los hechos apuntan en sentido contrario.
Las consecuencias de este desfase no se limitan al terreno de la percepción. Tienen efectos directos sobre la capacidad del Estado para responder a la violencia. Así lo muestran los estudios de Causa en Común, que documentan el estado de las instituciones de seguridad y justicia en el País a partir de la información que ellas mismas reportan.
En el caso de Sinaloa, el diagnóstico es contundente: las corporaciones operan con niveles alarmantes de incumplimiento normativo y precariedad institucional.
La Policía estatal, por ejemplo, carece de un servicio profesional de carrera funcional. No existen reglas claras de ingreso, promoción o permanencia, lo que convierte la función policial en un empleo sin trayectoria ni incentivos para la profesionalización. A ello se suman inconsistencias en la información sobre el estado de fuerza y la ausencia de mecanismos efectivos de evaluación del desempeño. En la práctica, se trata de una corporación sin rumbo definido.
La Fiscalía presenta problemas similares. Sin un servicio profesional consolidado, los procesos de ingreso y ascenso responden a dinámicas opacas.
Resulta particularmente revelador que, en 2024, el 100 por ciento del personal de la Policía Ministerial haya aprobado sus evaluaciones de desempeño, un dato que, lejos de reflejar excelencia, sugiere la inutilidad de los instrumentos de evaluación.
En los centros penitenciarios, la situación no es mejor: la formación de custodios es mínima, no existen procesos sistemáticos de desarrollo del personal y ninguno de los penales cuenta con certificación internacional.
Este entramado institucional debilitado no sólo es incapaz de contener la violencia; en muchos casos, contribuye a su reproducción. La falta de controles, de profesionalización y de transparencia abre espacios para la corrupción, la colusión y la impunidad. En ese sentido, las fallas en las estadísticas no son un fenómeno aislado, sino parte de un mismo patrón de simulación.
El resultado más crudo de esta combinación de violencia creciente, manipulación de datos e instituciones frágiles se observa en el registro de atrocidades.
De acuerdo con el informe “Galería del horror” de Causa en Común, Sinaloa concentró en 2025 el mayor número de hechos de violencia extrema en el País, con 641 casos, que incluyen asesinatos con tortura, fosas clandestinas, desmembramientos y otros actos de brutalidad.
Lejos de ser episodios aislados, estos eventos configuran un patrón sistemático que se ha mantenido en 2026.
Frente a este panorama, la crisis política actual aparece no como una anomalía, sino como una consecuencia.
La intervención -ya sea en forma de investigaciones, licencias o deslindes- llega cuando el daño está hecho.
La violencia que se oculta no desaparece: se transforma en impunidad. Sinaloa es hoy un recordatorio de que las cifras pueden manipularse, pero la realidad termina por imponerse. Y, cuando lo hace, no solo exhibe la magnitud de la violencia, sino también el costo de haber decidido no verla.
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La autora es Nancy Canjura, investigadora en Causa en Común.