Sinaloa y la guerra de nunca acabar
USE y hospitales: desidias tácticas

A los gabinetes de seguridad federal y estatal debió encendérseles las luces de alarma el fin de semana por la actividad criminal que alcanzó a una instalación de gobierno y tres hospitales, a pesar de la numerosa presencia militar, el cálculo oficial de violencia a la baja y el hartazgo de la sociedad.

Ante la cercanía de la fecha que marcará un año completo del atroz choque entre los dos grupos del narcotráfico que conforman el Cártel de Sinaloa, el viernes y sábado 29 y 30 de agosto subrayaron la amplia capacidad del crimen organizado para continuar la guerra de nunca acabar.

Esto que sucede corrobora que la acción del crimen organizado y las tareas de contención de parte de la fuerza pública se han estancado en el punto de períodos de baja intensidad delincuencial y brotes súbitos de terror que echan abajo la incipiente expectativa ciudadana de volver a vivir tranquilos. Patentiza, además, que Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal caen en excesos de confianza a tal grado que creen a ciegas en sus propios reportes de pacificación y descuidan el resguardo de puntos estratégicos.

Es que resulta inadmisible que hayan retirado la seguridad que había sido permanente en las inmediaciones del Hospital Civil de Culiacán, error táctico que ocurre precisamente cuando la noche del viernes los criminales dispararon a diestra y siniestra contra personas que se encontraban en el área de urgencias, por la Avenida Álvaro Obregón, asesinando a tres personas e hiriendo a tres más. Horas antes de este hecho que potenció el miedo y la indignación de la sociedad, otro grupo criminal intentó privar de la libertad a una persona en otro sitio de obligada vigilancia militar y policial como es la Unidad de Servicios Administrativos.

El sábado los hampones refrendaron que cuentan con licencia para matar, pues entraron al Hospital General de Culiacán y una clínica privada para quitarles la vida a dos personas, una en cada nosocomio, que eran atendidas por heridas con armas de fuego. En qué momento las secretarías federal y estatal de Seguridad y Protección Ciudadana cancelaron el protocolo que determina mantener guardias permanentes en hospitales ante la posibilidad, casi certeza, de que pacientes atendidos debido a ataques criminales serían rematados por sicarios del narco.

Y una vez que ocurre la violencia de enorme poder amedrentador, la ciudad se llena de retenes, operativos y de sirenas de patrullas que transitan de un lugar a otro con las torretas encendidas. A la rápida efectividad de los malandros para refrescarnos en la memoria a los ciudadanos el poder de facto que ostentan, le sobreviene la aparatosa movilización de la fuerza pública que nos notifica que seguimos en la narcoguerra, ahora en el punto muerto donde unos nos hablan de calma y orden y los otros reiteran el dominio de rifles de asalto y cobro de cuentas entre narcotraficantes.

La realidad es terca en notificarnos que el hecho de salir a las calles así sea para atender alguna emergencia, nos coloca en el lugar y momento equivocados frente a la ráfaga letal que siempre asedia. Y que las instituciones y autoridades no han hecho lo suficiente, lo necesario, para salvarnos de la barbarie que a casi 365 días se vislumbra como otra adversidad a la que tenemos que acostumbrarnos en calidad de indefensos.

Esos son los avisos oportunos, los focos rojos, alertando que no estamos seguros sólo por ver las vialidades repletas de militares, los sobrevuelos de helicópteros y leer las estadísticas que recitan crímenes en descenso. ¿Les podrían decir, secretarios Omar García Harfuch y Óscar Rentería Schazarino, a los deudos de los tres asesinados en el Hospital Civil y a la niña y las dos mujeres adultas heridas, que el Gobierno avanza en la recuperación de la seguridad pública?

Hay que revisar la estrategia Sinaloa para la narcoguerra en curso. Explicar los motivos por los cuales los militares o policías no establecieron la vigilancia permanente en inmuebles estratégicos como la USE, Hospital Civil y Hospital General de Culiacán, facilitando que detonaran circunstancias que no deberían ocurrir a estas alturas de la prolongada jornada de violencia. O al menos que exista otro parte de guerra que los sinaloenses no conozcamos.

La estela que la paz abría,

De pronto la barbarie la cierra,

Para tatuarnos el atroz día,

Del largo año de narcoguerra.

Desde el jueves de la semana pasada, cuando se reportó la muerte por violencia de 11 personas, la pesadumbre comenzó a instalarse en la opinión pública abonando al grito de ¡ya basta! que cobra fuerza en los sinaloenses. Pero los sucesos de inaudita saña en el Hospital Civil de Culiacán le dan mayor impulso al resorte ciudadano que se organiza para lanzar a la población a las calles el próximo domingo 7 de septiembre e indistintamente de militancias, credos, clases o cualquier otra diferencia exigir en la capital del estado que los gobiernos federal, estatal y municipales garanticen lo que es su obligación otorgar: legalidad, tranquilidad, gobernabilidad y estabilidad. Empieza a marcar el reloj de la desesperación el tic tac hacia el tiempo en el que la participación ciudadana deba resolver lo que la autoridad no puede o no quiere solucionar.