Tequila (Jalisco) y el dominio global de actores oficiales en la delincuencia organizada
En México pasó prácticamente inadvertida la publicación, el pasado 10 de noviembre, del Índice Global de Delincuencia Organizada 2025 de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). El proyecto se elaboró a partir de más de 350 evaluaciones y análisis realizados por especialistas, incluidos los aportes de los observatorios regionales de la propia GI-TOC. El Índice abarca a los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, lo que implica que la investigación y los datos cubren prácticamente todo el planeta, evaluando tanto los niveles de criminalidad organizada como la resiliencia estatal en cada país.
La conclusión más grave de esta investigación monumental es contundente: los actores criminales vinculados al Estado constituyen el principal factor que debilita la capacidad de los gobiernos para enfrentar el crimen organizado. Su presencia no solo incrementa directamente la criminalidad -mediante corrupción, protección de redes ilícitas y colusión-, sino que además erosiona las instituciones encargadas de combatirla, generando un círculo vicioso de criminalidad e impunidad. El informe identifica a los actores criminales incrustados en estructuras estatales -funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y otros agentes que explotan su acceso al poder para facilitar o proteger actividades ilícitas- como el tipo de actor criminal más prevalente y dañino a escala global.
El Índice muestra una fuerte correlación negativa entre la presencia de estos actores y la capacidad de los países para responder eficazmente al crimen organizado, es decir, su “resiliencia”. En términos simples: cuanto mayor es el entrelazamiento entre actores estatales y redes criminales, más débiles resultan las instituciones públicas para contener el delito, lo que se traduce en sistemas de justicia menos eficaces, mayores niveles de corrupción y menores controles internos y externos.
Más allá de su impacto cuantitativo en los índices de criminalidad, el reporte describe a estos actores como un obstáculo estructural para la implementación de reformas y políticas públicas efectivas. Su influencia puede bloquear, distorsionar o capturar procesos orientados a fortalecer el Estado de derecho y la cooperación nacional e internacional.
Si bien el estudio también destaca el crecimiento de actores criminales extranjeros y del sector privado en actividades ilícitas -por ejemplo, en los ámbitos logístico, financiero o tecnológico-, subraya que esta expansión no sustituye el papel de los actores estatales incrustados, sino que se suma a él. La interacción entre ambos tiende a profundizar y sofisticar las operaciones criminales transnacionales, haciéndolas cada vez más complejas y resistentes frente a los mecanismos tradicionales de aplicación de la ley.
En este contexto, el Índice ubica a México en el tercer lugar entre los países más afectados del mundo por la criminalidad organizada. Más aún, en la subcategoría de mercados criminales, lo coloca como el país con mayor afectación a nivel global.
Si la depredación de la delincuencia organizada es un incendio y el Estado debería ser el bombero encargado de extinguirlo, el problema es mayúsculo cuando muchas veces de las mangueras no sale agua, sino gasolina. Lo ocurrido en Tequila no es un hecho aislado: es apenas un síntoma local de una crisis de dimensiones planetarias.