Tiempo para la narcopolítica. El PRI, principal beneficiario

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A dos semanas de haberse realizado en Sinaloa la elección del 5 junio de 2016, el panista Alejandro Higuera Osuna hizo una declaración temeraria. “El narcotráfico decide qué casilla gana determinado partido o candidato”, dijo, y adelantó que en 2018 se podría recrudecer tal intromisión del crimen organizado en los comicios.

Higuera, que sabe más por astuto que por “diablo”, se refería al ambiente que reinó en varios municipios sinaloenses en las horas previas a la votación.

Secuestros, amenazas, ataques al transporte público y el despliegue de civiles armados crearon la sicosis de miedo que inclusive en la víspera ocasionó que algunos candidatos suspendieran sus campañas.

Tiene razón. Aun con la ausencia de su líder Joaquín Guzmán Loera, el Cártel de Sinaloa operará para copar espacios de poder que son áreas de negociación e impunidad. Dígase lo que se diga, los capos de las drogas tendrán voto y voz para designar alcaldes, diputados y senadores.

Sin Dámaso López controlando gran parte del centro del estado, con Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán que del exhibicionismo mediático transmutan al bajo perfil, y con Ismael Zambada como líder emblemático y haciendo el efecto bisagra entre narcotráfico y política, resulta difícil definir cómo intervendrá el Cártel en la elección del primero de julio.

De manera más visible que imperceptible, siempre ha estado aquí como factor de decisión. Sentencia de derrota para unos y garantía de triunfo para otros, veremos en unas cuantas semanas cómo incidirán en la política sinaloense los reacomodos internos. Por lo pronto está por empezar la romería de pretensos hacia las madrigueras de los narcos.

En la elección de 2010 las organizaciones criminales movilizaron hacia las casillas a votantes y maletas de dinero con la instrucción de apoyar a Mario López Valdez, despliegue que fue evidente en el municipio de Culiacán donde la orden fue cerrarle el paso a Jesús Vizcarra Calderón.

Para 2016 no quedó claro el propósito de la jornada de terror que se sembró horas antes de que la gente saliera a votar. El miedo entró a las urnas en municipios como Culiacán, Cosalá, Guasave, Navolato, Mazatlán y Escuinapa, con electores que entraron en pánico y facilitaran con el abstencionismo triunfos con el tufo de narcointromisión.

El PRI ha sido el mayor beneficiario de la narcopolítica en Sinaloa. Desde Leopoldo Sánchez Celis, socio y padrino de Miguel Ángel Félix Gallardo, o Antonio Toledo Corro que permitió el auge del tráfico de drogas y por tal motivo fue señalado por la DEA, hasta personajes como Óscar Félix Ochoa, que admitió ser cuñado del narcotraficante Javier Torres.

Otros priistas que han sido vinculados con el narco son Óscar Valdez López, cuyo hermano Roberto fue detenido en febrero de 2015 durante un operativo de la Marina, así como Sandra Judith Lara Díaz, quien en 2007 sufrió la muerte de un hermano y un cuñado, supuestamente por participar en actividades del narcotráfico.

Es decir, ningún partido está exento de la narcopolítica. Las puertas siguen abiertas para que el crimen organizado sea el gran “dedo” elector, estratega y dinero que define, como lo advirtió Higuera hace un año, qué casilla se gana o se pierde por determinado candidato o sigla electoral.

 

Re-verso

No está la fecha lejana,

Ni cerrados los caminos,

Para forrar a Los Pinos,

Con hojas de mariguana.

 

¿Hasta cuándo?

Sinaloa sí está listo para abrir el debate sobre la legalización de las drogas pero no para afectarle el negocio a organizaciones criminales que perdieron los grandes centros de consumo de mariguana y se aferran a sus imperios fundados en la cocaína y drogas de diseño.