Timos financieros en Sinaloa, impunes
Quintín Ley, Inverplux y Billions Trade
Porque tiene razón en cuanto a la pasividad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que actúa después de que las estafas financieras son perpetradas a través de plataformas digitales, el punto de acuerdo presentado el lunes a la Cámara de Diputados por el Legislador Mario Zamora Gastélum contiene el ultimátum de las víctimas de este tipo de delitos para que se implementen acciones de verificación, investigación, sanción, alerta preventiva y educación financiera. Es imposible que la delincuencia de cuello blanco despliegue tal capacidad desfalcadora sin la impunidad facilitada por el Gobierno.
El Diputado llevó a la Cámara la preocupación de ciudadanos de Sinaloa, específicamente del Municipio de Ahome, que en fechas recientes han caído en esquemas de captación de capital no autorizados que devienen en severas estafas piramidales o esquemas Ponzi. Se trata de ilícitos que se cometen mediante la combinación de factores socioeconómicos, liquidez en la región y vacíos de información técnica, ofreciendo modelos de “inversión” que prometen rendimientos extraordinarios para despojar de sus ahorros a familias, jubilados y pequeños empresarios.
La propuesta de Zamora, enfocada a conseguir la toma de responsabilidades también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, contiene la queja creciente por la inacción de las autoridades competentes y al mismo tiempo el despojo por ignorancia de quienes son atrapados en las redes del fraude. Agiotismo criminal, indiferencia del aparato público y gente desinformada constituyen la amalgama perfecta para sustraer el dinero ajeno.
Mario Zamora referenció hechos como Billions Trade Club, que causó afectaciones patrimoniales masivas en Sinaloa, dejando a cientos de familias en la indefinición jurídica y la pérdida total de sus ahorros tras el colapso de sus operaciones y Smart Business Corp que asestó un golpe devastador al patrimonio de miles de personas a nivel nacional y estatal. El modus operandi consiste en ofertar mecanismos de presunta educación e inversión en activos digitales con lo cual captan cuantiosos recursos que posteriormente derivaron en el incumplimiento sistemático de pagos e investigaciones por presuntas operaciones fraudulentas de alcance millonario.
Actualmente, expuso, está documentado el inicio de operaciones en Los Mochis de la entidad denominada ReignTrade, que afirma operar bajo matrices en Dubái, Turquía y Rusia y ofrecen esquemas de rendimiento en dólares mediante presuntos bots de trading, inteligencia artificial y gestión de activos virtuales, no obstante que las promesas de rentabilidad durante los actos públicos de difusión no acreditan ante la ciudadanía la existencia de un registro oficial o autorización expedida por la CNBV para captar recursos financieros en territorio nacional.
Resulta oportuna la alerta que lanza Zamora porque lo que prevalece por encima de todo es la negligencia gubernamental ya que los timos a ahorradores llevan décadas en Sinaloa. En 1991 se consumó el gran robo a alrededor de 6 mil personas y familias por parte de Quintín Ley a través de una caja de ahorro que era del conocimiento público y ofrecía rendimientos financieros de hasta el 8 por ciento mensual y finalmente huyó del País sin saberse nada de él ni del dinero robado y mucho menos de la indagatoria que jamás hizo valer el marco jurídico.
En otro caso más reciente, la empresa Inverplux operó desde 2017 y seis años después desapareció sin dejar rastros, pero sí quedó en Sinaloa la indignación de centenas de incautos participantes, en su mayoría jubilados, que le habían entregado más de 600 millones de pesos a la firma que, creyeron, les garantizaba esquemas piramidales que les prometían duplicar la cantidad ahorrada.
Desde marzo de 2018 fue creada en Sinaloa la Unidad Especializada para Investigar Delitos contra el Patrimonio de las Personas y en 2025 inició operaciones la Unidad de Investigación Cibernética, dos áreas ministeriales adscritas a la Fiscalía General del Estado cuyos resultados son poco conocidos mientras que los delitos en la materia crecen a la velocidad que permiten las impunidades.
Así, con unidades especiales de ornato y delincuencia financiera con vía libre para estafar, se le añade a Sinaloa más desamparo del que es capaz de soportar una sociedad anhelosa de legalidad y paz.
En los delitos financieros,
Sucede lo que a la vaca,
Tanto pecan los matanceros,
Como quien hace la machaca.
Supera los 80 días la ausencia de Rubén Rocha Moya derivada de la licencia que le solicitó al Congreso del Estado para separarse del cargo de Gobernador, distancia que se tradujo en inexistencia de funcionarios del Gobierno de Sinaloa con quienes concretar la indispensable interlocución, gestión, información, coordinación y demás tareas que le son inherentes al servicio público. Yeraldine Bonilla, que está a cargo del Despacho del Ejecutivo Estatal, intenta generar la impresión de gobernabilidad mínima, sin embargo, el aparato administrativo estatal tiende a desmoronarse como castillos de arena arruinados por los vientos huracanados del “sálvese quien pueda”.