Transparencia opaca: Lo que aún no sabemos sobre la educación en Sinaloa
Hay problemas educativos que se pueden medir con una cifra y otros que requieren observar tendencias durante varios años. Pero todos tienen algo en común: para atenderlos primero es necesario saber qué está ocurriendo. En Sinaloa, una condición básica como lo es el acceso a la información sigue siendo insuficiente.
En la academia, se utiliza el concepto de “transparencia opaca” para referirse a aquella que difunde información fragmentada, poco confiable o meramente nominal. En ese sentido, desde hace tiempo se ha advertido de una carencia que sigue presente en el sistema educativo sinaloense: la falta de información pública, actualizada y accesible para conocer qué está ocurriendo en las escuelas. Hoy, mientras está por comenzar un nuevo ciclo escolar, algunos de esos vacíos permanecen.
El caso de la matrícula es particularmente ilustrativo. A punto de iniciar el ciclo escolar 2026-2027, la información estadística detallada más reciente disponible públicamente corresponde todavía al ciclo 2024-2025. Aunque durante el ciclo que está por concluir las autoridades han dado a conocer algunas cifras generales, no se encuentra disponible, con el mismo nivel de desagregación, un estadístico educativo completo y actualizado que permita conocer cómo se distribuye la matrícula en el estado.
Esto no significa que en Sinaloa no exista información educativa. Las autoridades generan y utilizan datos para administrar el sistema: sobre escuelas, matrícula, docentes, infraestructura, programas y otros aspectos de la educación. El problema es que buena parte de esa información no está disponible para la ciudadanía con la oportunidad, desagregación y facilidad de consulta necesarias para conocer qué está ocurriendo. Y cuando la información llega tarde, incompleta o dispersa, también se vuelve más difícil identificar problemas, comparar avances y exigir resultados.
Lo mismo ocurre con la infraestructura escolar. No basta con saber cuánto dinero se anuncia para rehabilitar escuelas o cuántas obras se realizan. También es necesario conocer cuáles planteles tienen problemas de agua potable, electricidad, sanitarios, conectividad, accesibilidad, mobiliario o espacios educativos; cuáles ya fueron atendidos y cuáles permanecen con carencias. Sin esa información es difícil determinar si el gasto público está llegando primero a las escuelas que enfrentan las necesidades más urgentes.
Algo similar sucede con los aprendizajes. Las evaluaciones educativas permitían observar resultados, identificar brechas y comparar avances a lo largo del tiempo. Hoy existe un vacío importante de información pública sobre este tema, lo que dificulta conocer con suficiente precisión qué están aprendiendo las y los estudiantes y cómo evolucionan sus resultados.
Y hay otro dato que resulta particularmente relevante para Sinaloa: los días en que las escuelas dejan de impartir clases. Las suspensiones pueden estar relacionadas con fenómenos meteorológicos, problemas de infraestructura, inseguridad o decisiones administrativas. Sin embargo, no existe una fuente pública oficial que permita observar sistemáticamente cuántas interrupciones ocurren, en qué municipios, durante cuánto tiempo y cuáles son sus causas.
La transparencia, en ese sentido, no es solamente publicar documentos cada determinado tiempo. Es hacer posible que la información pueda encontrarse, entenderse, compararse y utilizarse. Por eso resulta especialmente preocupante que, mientras persisten estos vacíos de información educativa, Sinaloa atraviese al mismo tiempo una discusión sobre el futuro de su sistema de transparencia.
En abril de este año, el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya presentó ante el Congreso una iniciativa para expedir una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La iniciativa ha sido bautizada por organizaciones civiles como “Ley Rocha” o “Ley Tapadera”. No se trata de una denominación oficial, sino de la forma en que distintos colectivos han expresado su rechazo al proyecto, al considerar que contiene disposiciones regresivas y puede ampliar los márgenes para reservar información o dificultar su acceso.
El punto de fondo debería ser mucho más sencillo: cuando existen vacíos de información pública, la respuesta institucional debería ser generar más información, hacerla más accesible y fortalecer los mecanismos para garantizar el derecho a saber. Sinaloa no necesita solamente más datos. Necesita mejores sistemas para producirlos, actualizarlos, organizarlos y ponerlos a disposición de la sociedad.
Porque no se puede evaluar una política educativa si no se conocen sus resultados. No se puede priorizar la rehabilitación de escuelas si no se sabe dónde están las mayores carencias. No se puede dimensionar el abandono si no es posible observar las trayectorias de los estudiantes. No se puede analizar la interrupción de clases si no existe un registro sistemático. Y tampoco se puede vigilar el ejercicio del presupuesto si cada pieza de información debe ser reconstruida a partir de documentos dispersos o solicitudes de acceso.
El problema, entonces, no es solamente que falten algunos datos. El problema es que todavía no existen sistemas públicos de información educativa a la altura de las decisiones que se pretenden tomar. Y mientras eso no cambie, las autoridades pueden seguir tomando decisiones con información que sí tienen, pero la sociedad seguirá teniendo dificultades para saber si esas decisiones son las correctas.
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El autor es investigador de Mexicanos Primero Sinaloa.