Tras el silbatazo final continúa la búsqueda de personas desaparecidas
Ha pasado ya más de una semana del silbatazo final de la Copa Mundial 2026, un suceso histórico que condensó mensajes políticos y sociales profundos y congregó distintas luchas dentro y fuera de los estadios. En México, además de los gritos de gol y los cantos de los aficionados, resonó también el grito de cientos de familias buscadoras, quienes pusieron todo su esfuerzo por visibilizar, ante la mirada nacional e internacional, la crisis de más de 135 mil personas desaparecidas en el País.
Y lo lograron. Ellas fueron las verdaderas vencedoras de esta justa. Ellas, quienes con su creatividad y amor por sus seres queridos construyeron “anti-símbolos” como el Ajolote Buscador, o la canción “Busca, cielito”. Medios de comunicación de todo el mundo se sumaron a visibilizar esta problemática y las distintas acciones de las familias buscadoras alrededor de los estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en otros sitios de celebración para la afición, entre ellos The New York Times en Estados Unidos, el británico The Guardian, la Folha de S.Paulo en Brasil, el diario Asahi Shimbun en Japón, distintos medios alemanes, entre muchos otros.
La solidaridad se extendió incluso a la afición de selecciones extranjeras, como la de Suecia, que abrazó el dolor de las buscadoras y buscadores. También se expresó entre las y los aficionados mexicanos, que portaron playeras intervenidas con la frase “¿Dónde están?” y marcharon junto con las madres en distintos momentos y participaron en las “Cascaritas por la memoria y contra el olvido”. El respaldo también vino de artistas y la sociedad en general, como la actriz Regina Blandón y el cantante Rubén Albarrán.
Sin embargo, este acompañamiento social, lamentablemente, no ha traído una respuesta institucional contundente que permita revertir la crisis. Por el contrario, las familias reportaron hechos de violencia durante las protestas por parte de autoridades, obstrucciones en las inmediaciones de los estadios, retiro de los carteles con los rostros de los desaparecidos, estigmatización e incluso lamentablesseñalamientos sobre los recursos que utilizaron para sus traslados.
Todo ello constituye un evidente intento de ocultar las legítimas demandas de quienes buscan a sus seres queridos, así como un profundo desconocimiento de cómo, todos los días, las familias que buscan a un ser querido utilizan todos sus recursos para encontrarlo. Incluso desde la tribuna presidencial se minimizó el número de familias involucradas en la búsqueda, reduciendo -una vez más- el dolor de esta crisis a cifras.
Irónicamente, la presencia de funcionarios no ha estado donde debe: en la implementación de las estrategias y mecanismos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluidos aquellos que se establecieron en la última reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGDF), aprobada de manera expedita por el Legislativo en junio de 2025, sin incorporar adecuadamente las propuestas de las familias.
Un ejemplo es el estado del Banco Nacional de Datos Forenses, que fue creado en 2023 solo derivado de un litigio impulsado por Olimpia Montoya -quien busca a su hermano Marco Antonio-, a pesar de que, conforme a la Ley General, debió haberse creado en 2019. La reforma estableció que las fiscalías locales y la federal tenían un plazo de 90 días a partir de su publicación para actualizar los registros y bases de datos vinculados con el Banco. Lamentablemente, esto no ha ocurrido. A pesar de que la FGR ha reconocido su responsabilidad respecto de su funcionamiento, la propia Secretaría de Gobernación informó hace unos meses que éste sólo concentra información de cuatro estados.
Tampoco se ha cumplido con todos los plazos establecidos en la reforma para armonizar la normatividad de las entidades federativas, ni para regular los panteones, cementerios, servicios funerarios, crematorios, fosas comunes y cualquier espacio destinado a la disposición final de cuerpos humanos, una medida fundamental para combatir la crisis forense.
Ni siquiera se ha anunciado si se ha logrado concretar la apuesta de la actual administración: la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Esta, como hemos alertado en ocasiones anteriores, no toma en cuenta los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo y alta criminalidad que alcanzan a las fiscalías locales, por lo que probablemente contribuirá a un subregistro de las desapariciones en el país.
Las familias de personas desaparecidas se juegan mucho más que un partido
La mayor parte de los plazos establecidos en la reforma permanece sin cumplirse. A ello se suma que las grandes recomendaciones de los organismos internacionales -en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Comité CED)- continúan sin atenderse, a pesar de que la situación de las desapariciones en México fue presentada recientemente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, derivado de la decisión del CED. Ahora corresponderá al Estado mexicano decidir si bloquea cualquier posibilidad de una resolución o si opta por abrirse a la cooperación internacional.
Las familias de personas desaparecidas se juegan todos los días mucho más que un partido. Buscan a quienes aman, construyen propuestas, enfrentan la indiferencia y negligencia institucional y no solo han logrado que el mundo mire una crisis que durante demasiado tiempo se quiso mantener fuera de foco; con sus esfuerzos están construyendo la memoria de nuestro país. La Copa del Mundo terminó, pero su búsqueda continúa. Ahora corresponde a las autoridades demostrar que también están dispuestas a asumir esa responsabilidad. Si México aspira a ser recordado por algo más que por su gran afición, debe demostrar que también es capaz de enfrentar la tragedia de las desapariciones. La verdad y la justicia están en juego.