Un escenario incompleto del bienestar: la salud y la educación en el presupuesto 2026

La salud y la educación son dos pilares fundamentales para el bienestar de la población y para el desarrollo a largo plazo del país, son los cimientos sobre los que se construye una sociedad con mayores oportunidades y con mejor calidad de vida. Al analizar las propuestas de gasto para 2026 en estos sectores, nos encontramos con un panorama que, a primera vista, parece prometedor, pero que al profundizar el análisis revela desafíos persistentes.

El sector salud presenta un aumento anual del 5.9 por ciento en su presupuesto. Si bien esta cifra podría interpretarse como una señal positiva, este crecimiento esconde una gran disparidad. Los programas del IMSS crecieron cerca de 12 por ciento, lo que beneficia principalmente a la población con seguridad social.

Mientras tanto, el IMSS-Bienestar, pensado para quienes no cuentan con seguridad social, apenas crecerá 0.8 por ciento. Incluso, la Secretaría de Salud ve reducido su presupuesto en 3.2 por ciento. Esto es particularmente grave, ya que programas esenciales de prevención de enfermedades crónicas y VIH, así como mejoras en la infraestructura, quedan prácticamente sin fondos. Además, el programa Salud casa por casa casi duplicó su presupuesto y aunque esto refleja un esfuerzo por acercar la atención a la gente con movilidad limitada, como personas adultas mayores y con discapacidad, su tamaño sigue siendo pequeño frente al peso del presupuesto total.

Esta decisión presupuestaria genera un desequilibrio: se refuerza la atención para quienes ya están cubiertos, pero se deja en un estado de vulnerabilidad a la población más desprotegida. Además, a pesar de los esfuerzos por reducir la carencia de acceso a servicios de salud, la situación está lejos de volver a la normalidad. Aunque el número de personas que la padecían se redujo de 50.4 millones en 2022 a 44.5 millones en 2024, esta cifra sigue muy por encima de los 20.1 millones registrados en 2018, lo que demuestra que aún no se han recuperado los niveles de atención previos a la pandemia.

La situación del sector salud también se refleja en el bolsillo de las familias. Con un gasto promedio de mil 605 pesos trimestrales en salud en 2024, 8 por ciento más que el gasto en 2022, el costo de la atención también sigue recayendo en los hogares, especialmente en los de menores ingresos, pues gastan una mayor proporción de su ingreso total. Los datos muestran una gran desigualdad: el decil más rico gasta casi siete veces más que el más pobre; es decir, quienes tienen recursos pueden pagar más para compensar la mala calidad y cobertura. Esto demuestra que un presupuesto desequilibrado sólo profundiza las brechas sociales, obligando a las familias a hacer frente a necesidades que deberían ser cubiertas por un sistema de salud público sólido y universal.

El panorama en la educación es similar. El crecimiento de 3.3 por ciento en el presupuesto de 2026, parece una buena noticia. Pero, una vez más, la distribución es la clave. La inversión se concentra en la educación básica, impulsada por un gran aumento en los programas de becas. Esto puede ser útil para aliviar la carga económica de las familias y evitar la deserción escolar pero, al ser programas de transferencias directas a los estudiantes, no tiene como objetivo una mejora en la calidad educativa o en la infraestructura escolar.

El problema más grande se encuentra en los niveles superiores. La educación media superior y superior sufrieron recortes de 2.6 y 4 por ciento respectivamente. Esto es alarmante, pues el nivel medio superior es donde se registra la mayor tasa de abandono escolar (10.8 por ciento) y la matrícula más baja (62.5 por ciento). Sin un presupuesto adecuado, este nivel educativo se convierte en un embudo que impide a muchos jóvenes continuar sus estudios y acceder a mejores oportunidades laborales, lo que a su vez impacta en su capacidad de generar mayores ingresos en el futuro.

La poca cobertura y baja calidad de la educación orilla a las familias a invertir en este rubro. En 2024, el gasto en educación de los hogares fue de 4 mil 593 pesos trimestrales, creció 6 por ciento comparado con 2022 y representó casi el 10 por ciento del gasto total de los hogares. Dentro de este ámbito también se observa una marcada diferencia: los hogares más ricos invierten casi nueve veces más que los más pobres. Esto significa que la calidad educativa depende, en gran medida, del ingreso familiar, y los recortes en los niveles superiores del presupuesto público sólo magnifican esta situación, cerrando puertas para quienes no pueden costear sus estudios.

El desarrollo social de México depende de que la salud y la educación no sean un privilegio, sino un derecho. La inversión inteligente en estos sectores es crucial. Sin embargo, los datos presupuestarios para 2026 revelan una estrategia que, al priorizar algunos sectores sobre otros, podría estar generando más desigualdades. Un presupuesto equilibrado tiene la capacidad de potenciar el desarrollo de la población si los servicios más importantes realmente llegan a quienes más los necesitan.

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La autora es Mireya Mondragón (@mireyamc__), investigadora de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion)