Un poco de indignación, ¿quizás?
Me dolió, me indignó, me sorprendió y luego me causó frustración el caso. No puede ser que en mi país pasen este tipo de cosas en pleno Siglo 21, y menos en la Secretaría de Educación Pública. No juzgo a la persona, no veo interés público en ello, pero sí el hecho; hablamos hoy de una Secretaria de Estado y ayer, de una Presidenta municipal en Texcoco, Estado de México.
Para aquellos quienes comulgan con los actuales equilibrios de poder o, para ser más claros, para los “fans” de Morena o el Presidente López Obrador, la indignación a la que hago referencia no tiene “color” ni “apellido”. Rechazo, hoy como ayer, la distorsión del poder en la que cae cualquier funcionario o representante popular al creer que “lo público” le pertenece. Los votos no hacen del interés común un botín. Disentir está muy lejos de “aniquilar” al que piensa o cree diferente, aunque esta forma de ver lo político parece estar fuera de moda.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el miércoles 12 de enero la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena. Se confirmó el funcionamiento de una red de financiación irregular a favor de este instituto político en los tiempos en que Delfina Gómez era Alcaldesa de Texcoco. De febrero de 2013 a julio de 2015, la actual Secretaria de Educación en México retuvo el 10 por ciento del salario a cientos de trabajadores públicos en la localidad, mismos que sirvieron para costear la formación que llevó a López Obrador a la Presidencia de la República.
La sentencia del TEPJF tiene dos ángulos, ninguno de ellos favorables para la funcionaria aunque uno le duele más a México que al gobierno en turno. Por un lado, la sentencia del TEPJF acredita la utilización de 2,264,612 pesos a favor de Morena, con lo que la Secretaria de Educación es libre de cualquier cargo hacia su persona; en pocas palabras, ella NO se robó el dinero, se utilizó para “otra cosa” en el que el responsable fiscal es el partido. Bajo esta perspectiva, la penalidad es una multa de 4,529,000 pesos; cualquier otro tipo de consecuencia “debe ser conocida en un procedimiento diverso al de fiscalización”.
Existe una segunda visión que habla más de la sociedad mexicana que de cualquier funcionario de gobierno. Es decir, se acredita una falta que involucra fondos públicos en la que un órgano autónomo acusa a una altísima funcionaria gubernamental, se ratifica por el Poder Judicial y, ¿no pasa nada? “Que no pase nada” habla de cierto dejo de resignación de una buen parte de la ciudadanía que del empoderamiento de un gobernante. Que además se trate de la Secretaría de Educación Pública, es una expresión de lo que “nos pasó”.
La alternancia que convulsionó el sistema de partidos en Francia en el 2017 guardaba en el fondo una indignación social y política, imaginada en una ética de lo público distinta. Francois Fillon, entonces Primer Ministro, fue condenado a cinco años por dar un empleo ficticio a su esposa. Se le culpó de “desviar dinero”, pero más allá de eso, los franceses, la familia política de la derecha con la que se identificaba, lo abandonó. Ese mismo electorado optó por Emmanuel Macrón y lo demás es historia.
Los mexicanos somos capaces de indignarnos, 2018 es prueba fehaciente de ello. Quizás esa misma indignación social que hizo a un lado a los partidos de la alternancia, ahora sea capaz de moderar el comportamiento de nuestros gobernantes o, del Presidente de la República para ser exacto. En todo caso, esa indignación puede también ser fuente de inspiración para salir de esta lógica destructiva y dotar de contenido ese malestar ciudadano.
Quienes gobiernan destruyen el ayer, pero nada más. Sin embargo, la falta de alternativas a “ese estilo personal de gobernar” sí es responsabilidad completa de quienes apuestan por más futuro y menos pasado.
La definición de una agenda y de actitudes distintas frente a quienes hoy dominan el escenario político y electoral son mucho más importantes que cualquier señalamiento personal. Hay tarea.
Que así sea.