Vicefiscalía y el caso Guerreros Azules
Agresión a periodistas y ataque a Loza

Tres casos de agresiones serán el examen de ingreso para el Vicefiscal Especializado de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Eladio García Arredondo, que deberá sentar precedentes con la investigación y consignación de los agresores a los reporteros Sergio Lozano García y Samuel Inzunza Armenta, así como en resolver otro expediente en el cual se intenta deshonrar la trayectoria del luchador social Óscar Loza Ochoa, quien preside la institución del ombudsman en Sinaloa.

Lozano e Inzunza fueron objeto de agresiones físicas por parte de los ex policías municipales Ignacio Iván Durán y Froilán Hernández, el primero dirigente en el norte del estado de la agrupación Guerreros Azules, y también otros periodistas resultaron atacados mientras le daban cobertura a la manifestación que miembros de ese núcleo de agentes retirados realizaba en instalaciones del Palacio Municipal de Salvador Alvarado para exigir condiciones de seguridad laboral.

En el caso de Loza Ochoa, es también Guerreros Azules, que a nivel estatal preside Yesenia Rojo Carrizosa, la que presentó hace meses una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acción enmarcada en la escalada de acoso contra el reconocido activista y la institución que el Congreso puso a su cargo.

Alrededor de Lozano, Inzunza y los demás colegas agredidos nos hemos solidarizado los periodistas azorados porque en plena etapa de prueba de los instrumentos de protección existen aquellos que acuden al ataque iracundo, reeditando modos neandertales que blanden garrote e intolerancia; en torno a Loza Ochoa, o más bien dicho al lado de una vida dedicada a proteger a los más vulnerables, hacemos causa común los que sabemos, estamos seguros, que está viva aquella irracionalidad cavernícola que hace 35 años nos quitó a Norma Corona.

Por esas razones y otras más el Vicefiscal García Arredondo deberá empezar con el pie derecho al ser designado al frente de la Vicefiscalía en una atmósfera tensa donde el andamiaje legal tiene que actuar firme en restaurar la confianza en la justicia y afianzar el ejercicio de garantías constitucionales, sin que en ello vayan comprometidas las integridades física y moral de los dos gremios amparados.

El amparo jurídico a activistas y comunicadores fue fortalecido en 2022 cuando el Poder Legislativo aprobó la Ley de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e integró el correspondiente Instituto y el Órgano Interno de Control. Podría decirse que la Vicefiscalía instalada apenas el reciente 12 de septiembre es la piedra de toque de este largo esfuerzo de la sociedad civil, no obstante que falta la corroboración de que funcionará en el combate a la impunidad. Las recientes y las anteriores embestidas violentas dan testimonio de la enquistada mentalidad que cree son de hule, moldeables al antojo, la norma y los obligados a aplicarla.

Son persistentes los actores y factores que desde su gen facineroso tratan de demoler lo que los ciudadanos instalan con denuedo e inclusive cobrando vidas humanas tal perseverancia cívica. Ahí están las facturas pagadas con la sangre de periodistas como Javier Valdez, Óscar Rivera, Humberto Millán y Luis Enrique Ramírez y los defensores de derechos humanos Norma Corona, Jesús Michel Jacobo, Jorge Aguirre Meza y Sandra Luz Hernández, por mencionar algunos.

Entre tantos casos que en la actualidad certifican que el periodismo y activismo se realizan bajo condiciones de alto riesgo en Sinaloa, los de Sergio Lozano, Samuel Inzunza y Óscar Loza están a expensas del proceder del Ministerio Público Especializado y hay dos sectores, el de prensa y el de DDHH, listos para valorar si las expectativas de justicia pronta y expedita serán honradas por el Vicefiscal Eladio García, o deberemos luchar todavía más los sujetos amparados para alcanzar tal premisa.

Hay que hacerles entender a los perpetradores de agresiones a activistas y periodistas que garantías constitucionales como la libertad de expresión y el acceso a la información se respetan por ser los cimientos de sociedades civilizadas, enteradas y por lo tanto dispuestas a involucrarse en la toma de decisiones. Es sólo eso: hacer valer los derechos propios, respetar los ajenos y pasar las diferencias por el tamiz del diálogo.

Sea para bien o para mal,

La prensa y los activistas,

Ya cuentan con un Vicefiscal,

Que castigue a golpistas.

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, que preside la doctora Jhenny Judith Bernal Arellano, hizo lo que le corresponde al lograr la autorización de 44 sujetos agraviados para que los casos de agresiones denunciados ante el ente protector fueran turnados el 23 de septiembre a la recién creada Vicefiscalía Especializada y sea ésta la que decida si los reclasifica como delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de activistas. Es una muestra de coordinación por parte del Instituto con la institución ministerial en el propósito de que la justicia llegue como la única manera legítima de restablecer las libertades y derechos fundamentales.