¿Voto familiar en el Siglo 21?

El hecho de que un diputado del PAN propusiera hace unos días la idea de sustituir el voto individual por el voto familiar plantea una serie de asuntos que no pueden hacerse a un lado en la discusión actual sobre la democracia y el orden internacional. Más allá de los adjetivos y las descalificaciones, el primer punto de preocupación debe ser el hecho mismo de que esa propuesta hubiera llegado a la discusión pública. Se está abriendo una discusión que lleva más de un siglo cerrada.

La idea no es del señor que la propuso. Forma parte de una conversación que desde hace algunos años circula en sectores ultraconservadores de Estados Unidos y en otros países y que encuentra eco en la machósfera, en el fenómeno de las trad wives y en una red de organizaciones e influencers que comparten una misma premisa: la autonomía y los derechos de las mujeres han ido demasiado lejos. Bajo distintos argumentos -la defensa de la familia, la recuperación de los valores tradicionales, la crisis de la masculinidad o la existencia de los incels- vuelven a aparecer propuestas que parecían definitivamente enterradas por la historia.

El voto familiar no es simplemente una discusión político-electoral. Es una discusión sobre la autonomía política de las mujeres.

Durante siglos las mujeres no existieron como sujetos políticos independientes. Eran representadas por el padre, el marido o la familia. El sufragio femenino no significó únicamente el derecho a depositar una boleta en una urna. Significó el reconocimiento de que las mujeres podían ejercer ciudadanía por sí mismas, sin intermediarios y sin tutelas.

Por eso el problema no es el Diputado. El gran problema es que la idea haya dejado de parecer absurda.

La historia demuestra que se puede gobernar contra los derechos de las mujeres desde la derecha, desde la izquierda, desde gobiernos religiosos o desde gobiernos que se presentan como progresistas. Lo que cambia no es el objetivo. Cambia el lenguaje con el que se justifica.

La derecha quiere que las mujeres regresen a la familia y que se dediquen sólo a eso. El oficialismo “de izquierda” quiere incorporarlas a su propio proyecto político sin permitir que los feminismos conserven plena autonomía frente al poder. En ambos casos se discute hasta qué punto las mujeres pueden existir como sujetos políticos independientes.

Lo más sencillo es condenar la propuesta del Legislador panista. A otras personas les resulta complicado reconocer que el gobierno ha debilitado de manera sistemática las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos de las mujeres. El uso de recursos del Anexo 13 del PEF para programas que no tienen que ver con la igualdad ni los derechos de las mujeres sino para programas político electorales y clientelares, la desaparición de las estancias infantiles, la insuficiencia de políticas públicas frente a una violencia que sigue cobrando la vida de once mujeres al día, la minimización y falta de apoyo hacia las madres buscadoras y el discurso “llegamos todas” con hechos que demuestran lo contrario, ponen en evidencia que tener una presidenta no equivale, por sí mismo, a colocar los derechos de las mujeres en el centro de la acción pública.

Las mujeres siguen siendo indispensables como electoras, como legitimidad simbólica o como base de apoyo político. Mucho menos frecuente resulta reconocerlas como interlocutoras autónomas, capaces de cuestionar al poder, incluso cuando ese poder afirma gobernar en su nombre.

El retroceso nunca empieza eliminando derechos. Empieza quitándoles legitimidad.

Primero se dice que son privilegios, después se les acusa de responder a una ideología y de atentar en contra de la familia (por supuesto no las familias). Se les señala como amenaza contra la seguridad, la economía o el interés nacional. Cuando esa narrativa se instala en el imaginario colectivo o en una parte de él, restringir derechos deja de parecer una ocurrencia extrema y empieza a presentarse como una opción legítima de debate.

Eso es precisamente lo que hoy nos debe preocupar a todas y todos. Hoy son las mujeres, pero mañana pueden ser los hombres que no militen en el partido oficial o que tengan barba o que no vean el fútbol. Es igual de absurdo.

Esto no es una propuesta extravagante ni de un loco de derecha. El primer presidente de izquierda en México dijo en 2021 que las feministas habían surgido para afectar a su gobierno y eran “conservadoras” (sic). Lo que tienen en común ambos lados es que se consideran con el derecho de negociar y decidir el lugar que deben ocupar las mujeres, como si no fueran sujetas políticas en sí mismas.

Estamos viendo cómo ideas que hace pocos años habrían resultado políticamente impresentables vuelven a encontrar espacio en la conversación pública. Lo hacen acompañadas de un ecosistema cultural que normaliza la subordinación femenina, romantiza relaciones desiguales y presenta la renuncia a la autonomía como una elección libre no como violencia política y de género.

Las democracias no se deterioran cuando se cancelan elecciones o se cierran congresos. Se erosionan cuando comienzan a cuestionarse derechos que parecían definitivamente conquistados.

Que una sociedad vuelva a discutir si las mujeres deben ejercer derechos políticos por sí mismas o a través de la familia ya es, en sí mismo, el problema. El problema no es quién lo dijo. El problema es que la idea dejó de parecer impensable.