¿Y el T-MEC?

Para entender las implicaciones a mediano y largo plazo de la no renovación del T-MEC por parte de Estados Unidos, conviene recordar un poco de historia. Lo que sigue se basa en especulación mía y hechos relatados por personajes claves de aquella época.

Hacia finales de 1988, Carlos Salinas y George Bush, ambos presidentes electos, se reunieron en Houston para trazar las líneas de entendimiento entre sus dos nuevas administraciones. Bush comenzó la conversación pidiéndole a Salinas una disculpa por haberse manifestado durante su campaña a favor de un acuerdo de libre comercio de América del Norte que incluyera a México y a Canadá, sin haber consultado antes ni con el presidente De la Madrid ni con el candidato Salinas. Bush prosiguió que no volvería a tocar el tema sin que hubiera un acuerdo previo al respecto, pero que si en algún momento a Salinas y su equipo les interesaba la propuesta, las puertas estaban abiertas. Salinas respondió que lo tomaría muy en cuenta y que agradecía el gesto.

Un poco más de un año después, una vez que se supo con detalle el resultado de la renegociación de la deuda externa mexicana y de dos viajes de Salinas a Europa -uno al aniversario 200 de la Revolución Francesa, otro al Foro de Davos- los mexicanos entendieron que no habría recursos externos disponibles para el desarrollo mexicano en cantidades suficientes, a pesar de lo que se consideró -exageradamente- como una renegociación favorable de las condiciones de pago de la deuda.

La única manera de canalizar ahorro externo a la economía mexicana consistía, en esa perspectiva, en atraer inversión extranjera directa, principalmente estadounidense, al país. Se necesitaba por lo menos duplicar el porcentaje del PIB de inversión extranjera de un poco menos de 2 a 3 y pico por ciento, si no es que más.

Para ello resultaba lógico e indispensable asegurarle a inversionistas garantías sobre la continuidad de las políticas económicas puestas en práctica por De la Madrid y luego por Salinas, algún tipo de seguridad jurídica más allá del maltrecho Estado de derecho mexicano, y un acceso garantizado al mercado norteamericano, en vista que inversiones exclusivamente dirigidas al mercado interno mexicano no alcanzarían para generar tasas más elevadas de desarrollo.

Salinas envió a sus principales colaboradores a Washington para informarle a Brent Scowcroft y a James Baker, los dos colaboradores más cercanos de Bush, que ahora sí estaban listos para tomarle la palabra al Presidente estadounidense a propósito de un acuerdo de libre comercio.

Cuando en 2017 empiezan las pláticas con el equipo de Trump, a propósito de una renegociación del TLCAN, los mexicanos entendían que lo principal para el País era conservar las características esenciales del acuerdo de 1994: garantías de continuidad de política económica, seguridad jurídica para las inversiones norteamericanas, y acceso asegurado al mercado de Estados Unidos.

Lograron una parte de esos objetivos, pero con restricciones. No fue posible amarrar la reforma energética de 2014 en el nuevo acuerdo por la insistencia de López Obrador de incluir un párrafo sobre el tema, que si bien no agregaba nada sustancioso, tampoco permitía perpetuar dicha reforma. La seguridad jurídica se vio amenazada por los propios norteamericanos: Robert Lighthizer no sólo no quería profundizar la seguridad jurídica en México, sino al contrario, prefería que las inversiones norteamericanas por venir se mantuvieran dentro de Estados Unidos y que algunas inversiones, sobre todo en el sector automotriz, ya realizadas en México, volvieran a Estados Unidos.

En cuanto al acceso a mercado, se mantuvo lo principal, pero obviamente no se pudo -era imposible- garantizar que algún día Trump no recurriera a aranceles violatorios del acuerdo si así lo deseaba. Pudieron evitar un sunset clause total, pero los mexicanos se vieron obligados a aceptar este esquema confuso y un poco abstracto que actualmente se aplica sobre los seis primeros años del T-MEC, luego los siguientes 10 o los siguientes 16.

La no renovación del T-MEC por parte de Estados Unidos, con sus revisiones anuales y su vigencia por ahora, vienen a complicar el panorama original de 1994. Lo poco que había de continuidad de las políticas macroeconómicas mexicanas, se acaba. México puede hacer más o menos lo que quiera en la medida en que Estados Unidos también lo hace y en la medida en que no hay tal continuidad imaginable. En cuanto a seguridad jurídica, es evidente que en las revisiones por venir cada día habrá más presión de Estados Unidos para canalizar inversiones hacia ese país, devolver las que se encuentran en México también a ese país y a, por ejemplo, aumentar el contenido estadounidense de la industria automotriz instalada en México. Sobre todo, en cuanto a acceso al mercado norteamericano para nuevas inversiones en México, tanto de Estados Unidos como de Europa y Japón -ni hablemos de China- no queda absolutamente nada.

Es bien sabido que Trump mantendrá los aranceles que ya ha colocado a las importaciones estadounidenses procedentes de México, y posiblemente las extienda a otras actividades. Si le tumban algunas de estas medidas por ser anticonstitucionales, encontrará otra vía para imponerlas.

En conclusión, aunque siempre nos hubiera podido ir peor -yo creo que habría que inscribir esto en la Constitución General de la República, porque nada resume mejor la mexicanidad que eso- poco queda de lo que se buscaba en 1991-1993. Lo que queda es la incertidumbre, la indefinición, y la espera de que concluya el gobierno de Trump y que su sucesor no adopte las mismas actitudes. Good luck with that.