A dos años de la crisis, la violencia no ocupa por igual al Cabildo de Culiacán
Desde que comenzó la crisis de violencia el 9 de septiembre de 2024, el Cabildo de Culiacán ha sesionado mientras la ciudad enfrenta homicidios, desapariciones, ataques contra paramédicos, escuelas y cierres de comercios; sin embargo, las actas municipales muestran que no todos los regidores han llevado el tema al pleno
El Ayuntamiento de Culiacán 2024-2027 comenzó formalmente sus funciones el 1 de noviembre de 2024, menos de dos meses después del inicio de la crisis de violencia que ha marcado a la capital sinaloense. Desde entonces, el Cabildo ha sesionado de manera ordinaria dos veces al mes, además de reuniones extraordinarias, pero la crisis de seguridad no ha ocupado por igual a sus 11 regidores.
Una revisión de las participaciones registradas en la Gaceta Municipal muestra que los regidores de oposición, Lourdes Erika Sánchez Martínez, del PRI; Rigoberto Torres Ramos, de Movimiento Ciudadano; Guillermina López Escobar, del PAN, así como las morenistas Norma Leticia Alvarado Rodríguez y Cinthia Valenzuela Langarica son algunos de los ediles que sí han llevado de manera expresa distintos aspectos de la violencia al debate del Cabildo.
En contraste, en las actas revisadas no aparecen posicionamientos directos sobre la crisis de seguridad por parte de los cinco integrantes restantes de Morena: Leslie Soto Berrelleza, María José Chávez López, Claudia Yaneth Vega Marrujo y Jesús Armando Heráldez Machado ni por Julio César Osuna Cháidez, del Partido Verde Ecologista de México.
El contraste adquiere relevancia porque el Cabildo es el órgano colegiado de representación popular del municipio. Es decir, sus integrantes no solamente participan en la aprobación de reglamentos, presupuesto y obras, sino que también tienen un espacio formal para fijar posturas sobre los problemas que afectan a la población.
La primera sesión ordinaria de la actual administración ocurrió el 8 de noviembre de 2024, cuando Culiacán llevaba casi dos meses bajo una dinámica de enfrentamientos armados. En aquella reunión, la priista Erika Sánchez utilizó su intervención para advertir que la ciudad atravesaba “uno de sus peores momentos” y pidió que el presupuesto municipal contemplara recursos suficientes para fortalecer a la Policía Municipal, mejorar sus prestaciones y dotarla de equipamiento.
Fue también Sánchez Martínez quien, menos de un mes después, propuso crear una comisión temporal del Cabildo para atender de manera integral la violencia y la reactivación económica. Su planteamiento incluía incorporar a integrantes del Cabildo, especialistas y ciudadanos para generar propuestas frente a la situación que atravesaba la ciudad. Sin embargo, no tuvo eco.
El emecista Rigoberto Torres Ramos también llevó el tema al pleno desde los primeros meses. El 3 de diciembre de 2024, cuando la crisis llevaba más de 80 días, habló de tiroteos, robos y secuestros y relacionó la violencia con afectaciones a la salud mental de la población, particularmente de niñas, niños y adolescentes. Incluso pidió ampliar la difusión de la línea de atención emocional del DIF Culiacán.
En marzo de 2025, Torres Ramos volvió al tema y planteó reforzar los operativos durante los horarios de salida de las escuelas, además de capacitar a estudiantes y maestros para actuar ante balaceras o amenazas. El planteamiento ocurrió después de meses en los que la violencia ya había alterado la actividad escolar en Culiacán.
Sánchez Martínez, por su parte, convirtió la seguridad en uno de los asuntos recurrentes de sus intervenciones. En marzo cuestionó el incremento del robo de vehículos y pidió reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. En junio calificó ese mes como el más violento desde el inicio de la crisis y señaló que Culiacán había pasado de un promedio de 20 homicidios cuando Juan de Dios Gámez llegó a la Alcaldía a cifras mucho mayores durante la crisis.
La panista Guillermina López Escobar también ha fijado posturas, aunque con menor frecuencia y desde distintos ángulos. En septiembre de 2025 exigió frenar la violencia y señaló que los esfuerzos de las autoridades no habían sido suficientes para detener la escalada que ya llevaba más de un año.
Advirtió que la violencia había alcanzado a mujeres, hombres, niños, trabajadores, estudiantes y funcionarios.
La morenista Norma Leticia Alvarado Rodríguez sí aparece en las actas hablando de seguridad, aunque sus intervenciones tienen un tono distinto. En junio de 2025 calificó la seguridad como un desafío colectivo, respaldó las acciones del entonces Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil y destacó el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de llamar a la ciudadanía a participar en la convocatoria para incorporar nuevos policías.
Cinthia Valenzuela Langarica también ha abordado el tema. En febrero de 2026 planteó que la seguridad y el desarrollo requerían corresponsabilidad entre gobierno, sociedad y empresarios, y vinculó la obtención de mayores recursos federales con la posibilidad de incrementar el número de policías preventivos para fortalecer la proximidad ciudadana.
Entre los integrantes de Morena, por ejemplo, Juan Guadalupe Pimentel Valdez aparece en las actas con intervenciones relacionadas con la gestión municipal y respaldo al gobierno.
En octubre de 2025 presentó un balance del primer año de administración y destacó obras, servicios y programas municipales. En enero de 2026 volvió a intervenir para defender el derecho a la crítica y la actuación del gobierno, pero las actas revisadas no muestran en él una intervención centrada específicamente en la crisis de seguridad.
Lo mismo ocurre con Julio César Osuna Cháidez, del Partido Verde, aliado de Morena. En sus intervenciones, incluso cuando aborda temas relacionados con bienestar o salud mental, no aparece en las actas revisadas un posicionamiento directo y recurrente sobre la crisis de seguridad.
También está el caso de Luis Alonso García Corrales, quien tomó protesta como representante del PAS y posteriormente se declaró independiente. Sus intervenciones registradas incluyen asuntos de educación, obra, agua potable y desarrollo económico; en mayo de 2026, por ejemplo, habló de la reestructuración de comisiones y del impulso al desarrollo económico. Sin embargo, en las actas revisadas tampoco aparece como uno de los regidores que haya hecho de la crisis de seguridad un tema recurrente de posicionamiento.
El grupo sobre el que resulta más evidente la ausencia de posicionamientos directos es el de algunos regidores de Morena, quienes tiene mayoría dentro del Pleno.
Leslie Soto Berrelleza, quien sustituyó a Itzel Margarita Estolano Ibarra en noviembre de 2025, María José Chávez López, Claudia Yaneth Vega Marrujo y Jesús Armando Heráldez Machado forman parte de la integración registrada por la propia Gaceta Municipal; sin embargo, en el material revisado no aparecen intervenciones de ellos centradas específicamente en la crisis de seguridad que atraviesa Culiacán, incluso algunos no han emitido ninguna pronunciamiento o mínimo.
El dato adquiere otra dimensión al considerar que la crisis no se limitó a enfrentamientos entre grupos criminales.
Durante estos dos años también se han registrado hechos que alcanzaron directamente ámbitos municipales: agresiones contra policías municipales, paramédicos de Cruz Roja, afectaciones a escuelas, robo de vehículos, desapariciones y homicidios que involucraron a jóvenes y menores.
Dentro del propio Cabildo en enero de 2025, Sánchez Martínez criticó que el órgano no hubiera reaccionado de inmediato ante hechos violentos relacionados contra paramédicos de la Cruz Roja, quienes habrían sido blanco de ataques al ir al lugar de los hechos para atender a heridos y reclamó que la sociedad necesitaba un gobierno municipal que atendiera la situación.