Abogados y Coparmex afirman que beneficios para víctimas de robo de vehículos quedaron limitados
El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Julio Alfonso Castro López, sostuvo que la reforma aprobada no elimina la mayoría de los costos que enfrentan quienes recuperan sus unidades
La reforma aprobada para apoyar a las víctimas del robo de vehículos en Sinaloa dejó fuera a la mayoría de los afectados, al limitar la exención de pagos únicamente a casos específicos, afirmó Julio Alfonso Castro López, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa.
Durante una conferencia organizada por Coparmex Sinaloa, la presidenta del organismo, Martha Reyes Zazueta, dio la palabra al abogado para explicar por qué consideran que la legislación aprobada no resuelve el problema que enfrentan las víctimas.
Castro López explicó que la modificación a la Ley de Hacienda del Estado únicamente contempla la exención del pago de pensión y arrastre cuando los vehículos son resguardados en depósitos oficiales de Tránsito.
Sin embargo, señaló que la mayoría de las unidades recuperadas terminan en corralones particulares, donde los propietarios deben cubrir los costos del servicio.
“Solamente los vehículos que estén encerrados en depósitos de Tránsito Municipal es donde va a aplicar que no se pague pensión ni arrastre de grúa. Pero si está en un corralón privado, por supuesto que va a tener que pagar los servicios privados”, explicó.
Agregó que la reforma también contempla apoyos a través de la Ley de Atención a Víctimas del Delito, pero únicamente para ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, supuesto que, dijo, generalmente no se configura en los casos de robo de vehículos recuperados.
Además, cuestionó que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas cuente con recursos suficientes para cubrir los gastos de miles de personas afectadas.
Martha Reyes Zazueta sostuvo que la iniciativa impulsada por el sector empresarial fue aprobada con modificaciones que redujeron su alcance y acusó que se presentó como una solución integral cuando, en la práctica, mantiene costos para la mayoría de las víctimas.
Los representantes de Coparmex y de la Federación de Abogados hicieron un llamado a revisar nuevamente la legislación para que los beneficios puedan aplicarse de manera efectiva en todo el estado.