Advierte CESP rezagos estructurales en seguridad y justicia en Sinaloa; llama a fortalecer capacidades locales

Miguel Ángel Calderón, titular del organismo, advierte dependencia de recursos federales y deficiencias en investigación y procesos judiciales

CULIACÁN._ Las políticas públicas en materia de seguridad en Sinaloa enfrentan rezagos estructurales que dificultan atender de manera integral la crisis de violencia, señaló el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, al referirse a la necesidad de fortalecer capacidades institucionales más allá de las acciones inmediatas.

El planteamiento se da en un contexto en el que han cobrado relevancia temas como la contratación de más policías, la mejora en servicios para víctimas, como los procesos relacionados con daños a vehículos; y el fortalecimiento de sistemas de videovigilancia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la oportunidad de estas medidas frente a una crisis que se ha extendido por más de dos años.

Calderón Quevedo sostuvo que estas discusiones no son recientes, sino que han estado presentes desde los primeros momentos del repunte de violencia en la entidad.

“Nosotros tenemos claro que este tipo de conversación la iniciamos desde el estallido, desde el primer estallido”, expresó.

Aunque algunas acciones han avanzado con mayor rapidez que otras, indicó que existen limitaciones presupuestales que han retrasado la implementación de ciertas estrategias, particularmente en lo relacionado con infraestructura y tecnología.

“No podemos pensar en un mejor C5 si no tenemos asignado los millones de pesos que se requieren para eso. Hoy la Federación ha dicho ‘Nosotros nos hacemos cargo, ayudamos, más allá de un presupuesto local’. Eso es muy bueno, hay que agradecerle a la Federación de nuevo su apoyo, su disposición, su empuje”.

No obstante, Calderón Quevedo advirtió que el fortalecimiento de la seguridad no debe depender únicamente de recursos federales, sino que requiere un mayor compromiso a nivel estatal, especialmente en la asignación de presupuesto.

“Pero no debemos de depender de todo esto en todas estas mejoras de la Federación, sino debemos hacer esfuerzos locales. Nos parece que ahí hay una brecha importante que atender y por eso nuestro llamado sigue siendo a las diputadas y a los diputados locales”, agregó.

El titular del CESP reconoció que existe una percepción de que algunas acciones han sido tardías, lo que atribuyó a un deterioro progresivo de las capacidades institucionales durante años previos.

“En algunas cosas, por supuesto, que sí puede ser esa percepción desde septiembre de 2024, desde octubre de 2024, pero no hemos podido. Dejamos por muchas décadas, por muchos lustros, disminuir esas capacidades y de repente nos cae la papa caliente en las manos, en un momento específico”, explicó.

En ese sentido, subrayó que la actual coyuntura ha evidenciado las limitaciones estructurales en áreas clave del sistema de seguridad y justicia, lo que hace más compleja la respuesta ante la crisis.

Calderón Quevedo señaló que, además del enfoque en la Secretaría de Seguridad Pública, es necesario atender las debilidades en otras instituciones, particularmente en la Fiscalía.

“Hoy seguimos enfocando. Hoy el tema es la renovación del liderazgo en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero volteamos a la fiscalía. Más allá de una represión o no, ahí seguimos teniendo grandes áreas de oportunidad”, indicó.

Entre los principales retos, mencionó la falta de personal especializado para la integración de carpetas de investigación y el seguimiento de los casos.

“Ahí requerimos el doble de ministerios públicos, el doble de peritos investigadores de policía justicia ministerial y investigadores, el doble de las capacidades”.

El presidente del CESP consideró que la construcción de condiciones de paz está directamente relacionada con el fortalecimiento del sistema de justicia, ya que las detenciones por sí solas no garantizan resultados si no se consolidan procesos judiciales sólidos.

“No podemos aspirar entonces a tener una paz plena en Sinaloa si antes no tenemos justicia y la justicia tiene que ver con el quehacer de la fiscalía específicamente. No solamente están las detenciones, los decomisos, sino qué pasa después en los procesos judiciales”, expresó.

Una de las problemáticas identificadas, agregó, es que personas detenidas recuperan su libertad debido a deficiencias en la integración de las investigaciones.

“Muchos de los detenidos quedan en libertad porque no hay una carpeta de investigación fuerte, fortalecida con las evidencias necesarias”, dijo.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar el desempeño en todas las etapas del sistema, incluyendo la actuación del Poder Judicial.

“¿Qué pasa con ellos? La pregunta básica es: ¿cuántos de los detenidos hoy están en libertad debido a que en ese proceso ha fallado alguna de esas partes?”, cuestionó.

Finalmente, reiteró que el fortalecimiento de la seguridad en la entidad requiere una visión integral que incluya prevención, operación policial, investigación y justicia, con una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y poderes del Estado.