Amenaza contra Paola Gárate muestra vulnerabilidad de seguridad oficial: CESP
La reciente intimidación contra la diputada Paola Gárate mediante el envío de una corona fúnebre ha expuesto las deficiencias en los esquemas de protección estatal
El Consejo Estatal de Seguridad Pública informó que la amenaza dirigida hacia la diputada Iveth Paola Gárate Valenzuela, marcada por el envío de una corona fúnebre, ha mostrado la vulnerabilidad de los actores políticos y las carencias en los protocolos de protección estatal.
Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP, compartió que el derecho a la protección debe ser integral para cualquier víctima, especialmente cuando se trata de figuras públicas en un entorno donde las amenazas y los rumores no pueden ser tomados a la ligera.
“Vemos aquí que los temas de inseguridad, las amenazas, los supuestos, los rumores no se deben de tomar de una manera tan sencilla”, informó Calderón Quevedo.
El coordinador compartió que la historia reciente de la entidad dicta que desestimar estos indicios es un riesgo latente, dado que diversos personajes de la vida pública han sido blanco de circunstancias violentas.
“Hay personajes de la vida pública que han sufrido atentados, hay personajes de la vida pública que han perdido la vida, por eso es importante cobijar a Paola con las capacidades que el Estado Mexicano podría tener para ella”, señaló.
La exigencia ciudadana y política se centra en que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa active investigaciones profundas que logren esclarecer quiénes fueron los responsables materiales, cuáles eran sus propósitos y bajo qué circunstancias se llevó a cabo el acto intimidatorio.
La transparencia en este proceso es fundamental, debiendo informar primordialmente a la afectada y, en la medida de lo legalmente posible, a toda la sociedad sinaloense.
El caso de la diputada no es un hecho aislado, sino que se inserta en un contexto de crisis profunda dentro del sistema de procuración de justicia.
Actualmente, la institución encargada de investigar los delitos en Sinaloa opera en un estado de insuficiencia crítica que le impide dar resultados efectivos.
El representante de la coordinación estimó que, para cumplir con su función, el organismo requeriría duplicar su presupuesto actual, así como su fuerza operativa en todas las áreas y que esta carencia se traduce en una necesidad urgente de contar con el doble de peritos, investigadores, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de los que dispone hoy en día.
También señaló que la realidad operativa es abrumadora, pues el volumen de carpetas de investigación generadas recientemente ha superado con creces las capacidades humanas de los funcionarios.
Con el flujo constante de nuevos casos se suma un rezago histórico acumulado durante décadas, lo que genera un embudo administrativo y jurídico prácticamente imposible de resolver con las herramientas vigentes.
Compartió que de cada diez delitos que se denuncian en Sinaloa, solamente uno logra una resolución efectiva, mientras que los otros nueve quedan en el olvido institucional.
Esta falta de consecuencias legales actúa, en la práctica, como un incentivo o una invitación abierta para continuar delinquiendo, ante la baja probabilidad de enfrentar un castigo.
Calderón Quevedo expresó que la solución a esta problemática no reside únicamente en medidas reactivas, sino en atacar la raíz del conflicto mediante el fortalecimiento estructural de las instituciones.