Buscan dar revés a reforma del TCA
"Por ir en contra del contenido del sistema anticorrupción, el Centro Empresarial de Sinaloa solicitó a la PGR y la CEDH interponer una acción de inconstitucionalidad a la reforma del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ante la SCJN"
Por ir en contra del contenido del sistema anticorrupción, el Centro Empresarial de Sinaloa solicitó a la PGR y la CEDH interponer una acción de inconstitucionalidad a la reforma del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ante la SCJN.
Teodoro Salazar Uriarte, presidente de la Comisión de Cabildeo del CES, comentó que los recursos de revisión son contra la reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, y se busca que dichas instituciones impugnen el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Es contraria al contenido y esencia del Sistema Nacional Anticorrupción", reiteró.
El Gobernador Mario López Valdez publicó el decreto 768 que reforma la ley administrativa mencionada que permite la permanencia de los magistrados en el TCA por seis años más, sin convocatoria abierta y de forma inamovible.
Este decreto fue aprobado por el Congreso del Estado en febrero de 2013, pero Malova tardó tres años en publicarlo, hasta el 19 de agosto, a cuatro meses antes de irse.
Salazar Uriarte citó que la reforma local infringe los artículos 7 y 8 transitorios del decreto de reforma Constitucional en la materia anticorrupción, y la fracción 5 del artículo 116 de la Constitución.
La reforma anterior, explicó, estipula que los magistrados en funciones de los tribunales de lo contencioso administrativo locales, tribunales que serán competentes en materia de anticorrupción, continuarán en sus cargos exclusivamente por el tiempo que fueron nombrados.
El ex presidente de la Coparmex en Sinaloa también señaló que se omite la especialización de los magistrados en el combate a la corrupción, en los que deben de existir el área administrativa, fiscal y anticorrupción.
El procedimiento creado por la reforma mencionada no respeta las garantías mínimas judiciales, certeza y transparencia, en la renovación de las vacantes a magistrados, señaló.
"No hace factible renovar a la mencionada Sala Superior, dado que los propios integrantes son quienes valorarían su propia trayectoria, antes de proponer ternas al Contres", evidenció.
El representante también dijo que ya han solicitado la intervención del Congreso del Estado, y ya están trabajando con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que revise la reforma local.
El 19 de septiembre vence el plazo para que las instituciones puedan presentar una acción de anticonstitucionalidad ante la SCJN.
Teodoro Salazar comentó que los recursos de revisión son contra la reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado.
Foto: Noroeste