Celebran aprobación de ley de periodistas y activistas para Sinaloa

América Armenta
24 mayo 2022

El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la Ley para la protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa, los grupos parlamentarios y organizaciones promoventes celebraron el suceso

Por Norma Corona Sapién, Jorge Aguirre Meza, Javier Valdez y Luis Enrique Ramírez, entre otros activistas y periodistas que fueron asesinados y para que no exista repetición, se aprobó este martes el dictamen para expedir la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa.

“Hoy podría ser un día histórico para el periodismo sinaloense y para la defensa de la libertad de expresión, podría serlo porque los periodistas sinaloenses llevamos décadas luchando para que exista el soporte legal, jurídico y la voluntad política para que podamos hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles”, dijo Alejandro Sicairos Rivas en representación de periodistas y activistas.

Esta ley llevó 3 años para ser aprobada, señaló el periodista y columnista, la cual hermana personas defensoras de derechos humanos y a periodistas y se coordina con legisladores y legisladoras como representantes de la ciudadanía sinaloense, para trabajar en que se pueda realizar esta labor de una manera libre.

Sicairos Rivas indicó que como toda ley, la recién aprobada es perfectible, pero antes no se tenía ningún marco legal para la protección de periodistas y activistas, además de que estos grupos están en disposición de homologar la ley cuando se apruebe la Ley General de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en lo federal.

En representación de grupos promoventes de la ley estuvieron integrantes de la organización Iniciativa Sinaloa; así como María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras AC, quienes buscan a personas desaparecidas; y periodistas de la entidad.

Con la votación favorable del Pleno del Congreso de Sinaloa, se desprenderá de la ley un Instituto autónomo, el cual se busca sea el mejor instituto del país, estando atento para atender a compañeros y compañeras en riesgo antes de que ocurran las agresiones, actualmente muchos de los casos no se denuncian por la poca en las autoridades y un órgano autónomo vendría facilitar esto.

El dictamen aprobado por unanimidad para expedir la ley y para agregar Delitos Contra la Libre Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Código Penal de Sinaloa fue elaborado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos.

Ambrocio Chávez Chávez, pasó a tribuna como Presidente de Puntos Constitucionales y Gobernación, invitando a aprobar la iniciativa de ley que recogía opiniones de los periodistas, activistas, ciudadanía, organismos y demás para garantizar un marco jurídico para que se les permita realizar su trabajo, así como que haya protección a estas personas y sus familias.

“No puede haber democracia en México ni en Sinaloa si no hay la participación de periodistas y los defensores de derechos humanos, no puede haber un desarrollo armónico en la sociedad, si no les garantizamos a un sector fundamental que da voz a la ciudadanía, que es parte de la transparencia, de la crítica, de la construcción de la democracia”, dijo el morenista.

Elizabeth Chía Galavíz, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, condenó las agresiones, las amenazas, las intimidaciones a las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, reconociendo que desempeñan un trabajo de alto riesgo y su labor debe ser respetada y valorada.

“Reconocemos la labor del periodista y de las personas defensoras de los derechos humanos, por lo que hacemos un llamado a toda la sociedad para que seamos respetuosos, tolerantes y aceptar las opiniones vertidas sobre nuestras actuaciones como ciudadanos y como funcionarios públicos”, expresó la pasista.

Ricardo Madrid Pérez, promotor de una de las iniciativas dictaminadas y coordinador del grupo parlamentario del PRI, consideró que al aprobar la expedición de esta ley se dio un gran paso en la vida democrática de la entidad, apoyando el ejercicio libre del periodismo y el respeto pleno a los derechos humanos fundamentales, que consideró los componentes para lograr una sociedad abierta, civilizada y democrática.

Lamentablemente, en México, ser periodista o defensor de los derechos humanos, se ha convertido en una labor de alto riesgo. Sinaloa, por desgracia no es la excepción, desde aquí manifiesto mi respeto y reconocimiento a periodistas destacados, como mi buen amigo Luis Enrique Ramírez, Javier Valdez, Óscar Rivera, Humberto Millán; así como reconocidos defensores de los derechos humanos como Norma Corona y Jorge Aguirre, que hoy ya no están con nosotros”, manifestó.

Giovanna Morachis Paperini, del PAN, resaltó que el país reclama la adopción de mecanismos efectivos de protección y prevención de delitos en la persona y bienes de quienes se dedican a ejercer el periodismo y defender los derechos humanos, por lo que dijo que vigilará que la ley no quede en letra muerta.

“La aplicación de esta ley, el establecimiento y respuesta oportuna a las necesidades de protección de quienes se dedican a informar, no recae en las responsabilidades de este Poder Legislativo, pero si nos obliga a estar atentos y exigentes de su cumplimiento”, invitando a mantener comunicación con los poderes Ejecutivo y Judicial, así como con la Fiscalía General del Estado para que asuman y destinen el presupuesto necesario a la ley aprobada.

Guadalupe Cázarez Gallegos, representante del Partido del Trabajo, celebró que se atendiera una de las más grandes demandas de la sociedad, que es la expedición de una Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Sinaloa, que por 3 años estuvo impulsándose en el Congreso.

“Lamento que hayamos dejado pasar decenas de quejas ante funcionarios del Gobierno por violentar el derecho a la libertad a la expresión. Lamento que la estemos votando hoy cuando ya las empresas de medios de comunicación han abusado de los periodistas como empleados laborales con sus largas jornadas de trabajo y sus sueldos no lo suficientemente remunerados”, indicó.

Célia Jáuregui Ibarra, de Movimiento Ciudadano, hizo un recuento de periodistas y activistas que fueron asesinados en Sinaloa, desde el suceso en que le quitaron la vida a José Cayetano Valadez, Director del Semanario la Tarántula, en Mazatlán, hasta llegar al asesinato de Luis Enrique Ramírez.

“El periodismo sinaloense ha pagado una cuota muy alta para defender los derechos y las libertades fundamentales de prensa, expresión, opinión e información que a todos nos beneficie”, dijo la legisladora, detallando que ahora, con la aprobación de la ley, se empieza a saldar la deuda que se tiene con el gremio.