CNDH reprueba penales de Sinaloa; violencia impide supervisar dos centros
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 otorgó una calificación estatal de 5.02; la Comisión advirtió que la presencia del crimen organizado y la falta de custodios agravaron las condiciones en las cárceles
Los problemas de gobernabilidad, la presencia de actividades ilícitas y las deficiencias en los servicios de salud, infraestructura y reinserción social, marcaron la evaluación de los centros penitenciarios de Sinaloa, que obtuvieron una calificación estatal de 5.02 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El organismo advirtió que los resultados de esta edición no son directamente comparables, en términos aritméticos, con los del año anterior, debido a que la supervisión de 2025 tuvo una cobertura territorial considerablemente mayor y documentó un deterioro en el contexto y las condiciones que rodean a los centros penitenciarios, particularmente por el incremento de la presencia de la delincuencia organizada y la insuficiencia persistente de personal de custodia y seguridad.
La situación de Sinaloa también quedó reflejada en las limitaciones para realizar las inspecciones, ya que, de acuerdo con el apartado metodológico del diagnóstico, la CNDH no pudo aplicar la supervisión en dos centros penitenciarios del estado por razones de seguridad, estos centros son el Penal de Aguaruto y el centro penitenciario de la Región del Évora.
El impedimento para evaluar esos establecimientos ocurre en medio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la confrontación entre facciones del crimen organizado, con repercusiones en la seguridad pública y en el funcionamiento de las instituciones.
En los resultados disponibles, correspondientes a los centros penitenciarios Goros II y El Castillo, ubicados en Ahome y Mazatlán respectivamente, las calificaciones quedaron en el rango rojo de la escala de la CNDH, que comprende puntuaciones de cero a 5.9. Goros II obtuvo 4.79 puntos y El Castillo, 5.25.
La evaluación estatal presentó una tendencia negativa en los cinco rubros examinados: integridad de las personas privadas de la libertad, estancia digna, gobernabilidad, reinserción social y atención a grupos con necesidades específicas.
En todos se reportaron calificaciones en rojo y una tendencia a la baja.
Deficiencias en Goros II y El Castillo
El Centro Penitenciario Goros II, ubicado en Ahome, obtuvo 4.79 puntos. Entre los principales problemas identificados se encuentran la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, la presencia de actividades ilícitas, las deficiencias en los servicios médicos y la falta de programas suficientes para prevenir y atender incidentes violentos.
La CNDH también señaló problemas en la alimentación, las condiciones materiales e higiene de las instalaciones, las áreas médicas, las cocinas y los comedores, así como en los espacios destinados a la comunicación con el exterior.
En materia de gobernabilidad, el diagnóstico identificó deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias y el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad mediante esquemas de autogobierno o cogobierno.
Respecto a la reinserción social, se reportaron fallas en la integración de expedientes, la separación entre personas procesadas y sentenciadas, la clasificación de la población penitenciaria y el seguimiento de los planes de actividades.
También se advirtieron carencias en la atención a mujeres y a personas de la diversidad sexual.
El Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, obtuvo 5.25 puntos. En este establecimiento, además de las deficiencias en infraestructura, alimentación y atención médica, se identificaron problemas de gobernabilidad relacionados con la insuficiencia de custodios, la presencia de actividades ilícitas y la existencia de cobros por extorsión y sobornos.
El diagnóstico también señaló falta de capacitación del personal penitenciario y deficiencias en la normatividad interna, incluidos reglamentos, manuales y lineamientos, así como en su actualización y difusión.
En el rubro de reinserción social, se detectaron carencias en la integración de expedientes, la separación de procesados y sentenciados, la clasificación de las personas internas y el registro de sus planes de actividades.
A ello se sumaron deficiencias en la vinculación con la sociedad y la insuficiencia de actividades deportivas y educativas.
La CNDH identificó, además, necesidades de atención para mujeres y menores que vivan con ellas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población indígena y personas que viven con VIH o SIDA.
Población por debajo de la capacidad instalada
Pese a las deficiencias documentadas, ambos centros registraron una población inferior a su capacidad instalada, de acuerdo con las cifras incluidas en el diagnóstico.
Goros II tiene capacidad para mil 585 hombres y 74 mujeres; al momento de la supervisión albergaba a mil 119 hombres y 41 mujeres.
En El Castillo, la capacidad reportada es de mil 699 hombres y 142 mujeres, mientras que la población registrada era de mil 247 hombres y 42 mujeres.
La CNDH consideró adecuada la relación entre población y capacidad en ambos establecimientos, así como las actividades laborales y de capacitación.
En Goros II también identificó aspectos favorables en los programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Sin embargo, estos aspectos no compensaron en la calificación de la CNDH las deficiencias registradas en los demás rubros, que mantienen a los dos centros evaluados por debajo de los seis puntos.