Colectivos denuncian crisis humanitaria y abandono institucional en Sinaloa
Ante el incremento de la violencia y la nula interlocución de las autoridades, familias de personas desaparecidas exigen seguridad en las búsquedas y una respuesta forense efectiva
A través de un pronunciamiento colectivo, familias y colectivos de personas desaparecidas en el Estado de Sinaloa y zonas circundantes denunciaron la grave crisis humanitaria que atraviesa la región, señalando que las deficiencias y el rezago de las autoridades responsables han alcanzado niveles exponenciales.
A pesar de que en 2017 se lograran avances clave con la creación de la Ley General en Materia de Desaparición y la apertura del Centro Nacional de Identificación Humana, los colectivos advierten que estos esfuerzos hoy se ven coartados por la nula interlocución con las autoridades federales y locales.
Según el documento, esta omisión institucional ha obligado a las familias a realizar las labores de búsqueda e investigación por su propia cuenta, sin contar con el respaldo de las instituciones públicas ni con garantías de seguridad ante el incremento de la violencia en el estado y el noroeste del país.
La denuncia pone especial énfasis en hechos recientes ocurridos en Concordia, Sinaloa, donde se logró identificar un lugar de hallazgo relevante para la localización de un grupo de mineros desaparecidos, entre quienes se encuentran Antonio de la O Valdez, José Antonio Jiménez, José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, Francisco Antonio Esparza Yález, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.
Asimismo, los colectivos alertaron sobre la desaparición de un menor de edad y su padre ocurrida el pasado 15 de diciembre de 2025 en la misma comunidad y denunciaron que, hasta el momento, no se cuenta con una Alerta Ámber ni denuncia formal en el Estado de Sinaloa, situación que violenta el interés superior de la niñez y el derecho de búsqueda de las familias.
El pronunciamiento exigió a las autoridades generar las condiciones de seguridad necesarias para las buscadoras.
Ante lo que califican como una violación sistemática a sus derechos fundamentales como el acceso a la información y a la verdad, los colectivos presentaron una solicitud formal que incluye puntos determinantes para avanzar en la localización e identificación de sus seres queridos.
Informar de manera oportuna a las familias sobre los hallazgos realizados por la Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Informar a las familias el lugar de custodia de los cuerpos o elementos óseos de origen humano y darles la participación legalmente establecida en las acciones para su identificación.
Generar y publicar el catálogo de prendas localizadas en los lugares de hallazgo, prospección in situ y generar, con las familias, un plan de intervención en las zonas de interés.
Implementar acciones de búsquedas hasta descartar los polígonos generados en los planes de búsqueda.
Intervención total de la Comisión Nacional de Búsqueda con personal suficiente, capacitado y facultado para la ejecución de las búsquedas.
Implementar las herramientas tecnológicas con las que cuentan las instituciones locales y federales.
Intervención del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Otorgar a las instituciones responsables de la identificación humana, el presupuesto, los insumos materiales y el personal forense y pericial necesarios para la ejecución de sus tareas.