Contrasta análisis de Atlas de Seguridad 2020; en Sinaloa, intervención militar provoca más violencia
“Es claro que la intervención militar o los operativos conjuntos en ocasiones no reducen ni contienen la violencia, sino que, por el contrario, generan un aumento de la actividad criminal y la violencia”, agrega el análisis
Un análisis del Mapa criminal en México, arrojó que la estrategia que se utiliza en Sinaloa, más allá de reducir índices delictivos, provoca más violencia por la intervención militar.
Este análisis, del especialista Eduardo Guerrero Gutiérrez, sobre el Mapa Criminal de México en 2019, y que incluye el Altas de Seguridad y la Defensa de México 2020 que se presenta hoy en el Senado de la República, propone algo muy diferente a lo que la administración estatal ha realizado desde 2017.
En el apartado de “Propuestas de política pública”, el especialista señala que la estrategia de seguridad federal, se debe transitar de un modelo reactivo, estatal y local hacia esquemas preventivos que permitan detectar el desplazamiento de actividades criminales a nuevos territorios, así como el surgimiento de nuevos giros delictivos, para intervenir antes de que se consoliden nuevas redes de intereses criminales.
“... debe tomarse en cuenta que en los territorios donde el arraigo social de las organizaciones criminales es mayor, como en Sinaloa, es preferible aplicar herramientas de política social y de recuperación del espacio público, como la colocación de alumbrado, la construcción de parques, centros educativos y culturales, la reactivación de alternativas productivas y gestoría social, así como la promoción del trabajo colaborativo con policías municipales que conocen la realidad local”, dice el informe.
Estas acciones en Sinaloa las han venido realizando organismo civiles como Construyendo espacios para la paz y Parques Alegres.
“Es claro que la intervención militar o los operativos conjuntos en ocasiones no reducen ni contienen la violencia, sino que, por el contrario, generan un aumento de la actividad criminal y la violencia”, agrega el análisis.
Guerrero Gutiérrez es socio fundador de la firma Lantia Consultores, tiene estudios en Administración Pública y en Ciencia Política a nivel licenciatura, maestría y doctorado en universidades de excelencia de México y Estados Unidos.
Durante su trayectoria profesional fue asesor de la oficina de la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Cámara de Diputados, y desempeñó puestos directivos en la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Instituto Federal Electoral.
“El gobierno federal debe contar de forma oportuna con información detallada del entorno y con reportes de campo sobre incidentes disruptivos de violencia y delincuencia a nivel local”, explica.
“Esto permite desmantelar, contener o establecer límites a las organizaciones criminales más nocivas para la población”.
Recalca que en “todo el mundo” hay presencia y actividades de organizaciones criminales, y el Estado las enfrenta, ordena y controla de distintas formas, pues es imposible desaparecerlas.
“En otras palabras, mientras haya demanda de los bienes y servicios que se proveen en los mercados negros, -como violencia, narcóticos o delitos predatorios-, habrá alguien que los ofrezca”.
Por eso, agrega el análisis de Guerrero Gutiérrez que la responsabilidad de los gobiernos estatales y el de la República de Andrés Manuel López Obrador, debe enfocarse en establecer “límites a las actividades criminales”, sobre todo para aquellas que generan violencia, y centrar los esfuerzos en detener los delitos más nocivos, como el secuestro y la extorsión.
Recalca que el estado debe intervenir por medio de programas sociales para evitar el reclutamiento criminal de jóvenes, o vía gestoría social.
“... o ejecutar operativos federales o conjuntos, encabezados por la Guardia Nacional, por ejemplo, con mejor inteligencia, y concentrando esfuerzos contra grupos criminales predatorios”, detalla.
“Dicho de otra forma, es necesario focalizar recursos materiales y humanos contra aquellos que son más nocivos para los ciudadanos porque generan violencia homicida o participan en actividades como extorsión, secuestro, trata y tráfico de personas, robo de ferrocarril, a transportistas o en el mercado ilícito de hidrocarburos”.