Cuestiona Iniciativa Sinaloa endeudamiento del Gobierno estatal
Marlene León Fontes advierte falta de planeación presupuestaria y opacidad en la contratación de cuatro créditos desde 2025; pide incorporar a la ciudadanía en las mesas de seguimiento del gasto
La contratación reiterada de préstamos por parte del Gobierno de Sinaloa, que desde 2025 acumula más de 5 mil millones de pesos en financiamientos, preocupa a la organización Iniciativa Sinaloa por la falta de planeación presupuestaria y de mecanismos de rendición de cuentas, señaló su directora, Marlene León Fontes.
La representante de la organización consideró que, si bien el Gobierno estatal tiene facultades legales para contratar deuda, la preocupación radica en la frecuencia con que lo ha hecho y en la falta de información oportuna sobre el destino de los recursos.
“Desde Iniciativa Sinaloa vemos con preocupación la forma en cómo adquieren de manera, pues, a la ligera préstamos sin pensar en que están sobre endeudando al Estado”, expresó.
León Fontes señaló que en aproximadamente un año se han contratado cuatro préstamos, lo que, a su juicio, evidencia una política de financiamiento que requiere mayor vigilancia pública.
“Es increíble que apenas en dos años, bueno, en un año prácticamente ya se hayan adquirido cuatro préstamos estratosféricos”, manifestó.
La activista explicó que, en el caso de los primeros financiamientos, aunque se anunció que los recursos serían destinados a obra pública, no se contaba inicialmente con una lista de las obras específicas que recibirían el dinero. Según indicó, esa información se dio a conocer posteriormente.
Para León Fontes, esta situación refleja deficiencias en la planeación del gasto estatal y dificulta que la ciudadanía conozca oportunamente cómo se deciden y ejecutan los recursos públicos.
“Yo creo que aquí lo grave que vemos desde Iniciativa Sinaloa, más allá de endeudarse, porque pues tienen la facultad para hacerlo, es el tema de cómo lo están haciendo de manera reiterada”, sostuvo.
También cuestionó la forma en que se han tomado las decisiones para contratar los financiamientos, pues afirmó que los dos préstamos más recientes se realizaron con conocimiento parcial del Congreso del Estado y que, en el último caso, la información se conoció hasta la publicación del decreto correspondiente.
“Están tomando estas decisiones de manera discrecional y opaca”, señaló.
La representante de Iniciativa Sinaloa consideró que la contratación recurrente de deuda debe encender alertas sobre las condiciones financieras del Estado y las razones por las que la administración estatal ha recurrido a nuevos créditos.
“¿Por qué el Gobierno del Estado está contrayendo tanta deuda? ¿Qué hay detrás?”, cuestionó.
Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno estatal para que informe a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos y abra los mecanismos de seguimiento a la participación de organizaciones civiles.
León Fontes se refirió a las mesas de trabajo que, de acuerdo con declaraciones del diputado Ambrosio Chávez, se buscaría realizar con el Gobierno estatal para revisar los avances en la aplicación de los financiamientos.
La directora de Iniciativa Sinaloa pidió que estos encuentros no se limiten a representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo, sino que también incluyan a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
Recordó que, después de que la ciudadanía insistiera en transparentar el primer préstamo autorizado, se creó una plataforma para dar seguimiento al ejercicio de los recursos y una comisión legislativa para revisar su aplicación. Sin embargo, señaló que esta última trabaja a puerta cerrada y está integrada únicamente por diputadas y diputados.
“Si el llamado en este momento es para que involucren a la ciudadanía, a sociedad civil, en estas mesas de trabajo”, expresó.
León Fontes agregó que la incorporación de la sociedad civil permitiría cuestionar las decisiones de gasto y conocer cómo se están utilizando los recursos contratados mediante deuda pública.
Además, cuestionó la falta de respuesta del Gobierno estatal a una solicitud formal de Iniciativa Sinaloa relacionada con la posición de la administración sobre la legislación en materia de transparencia.
Consideró que la ausencia de respuesta y la falta de apertura en torno a los financiamientos generan preocupación sobre la disposición de las autoridades para rendir cuentas.
“Todo lo están haciendo a escondidas de la ciudadanía, o sea, ya nos están endeudando a 20 años”, afirmó.
La representante de la organización insistió en que el Gobierno estatal debe explicar las razones detrás de la contratación de los créditos, transparentar su destino e incorporar a la sociedad civil en los mecanismos de vigilancia, para que la población pueda conocer cómo se ejercen los recursos que comprometen las finanzas públicas durante los próximos años.
LOS CRÉDITOS
El primero fue contratado el 10 de marzo de 2025, por mil 626 millones 938 mil 932 pesos, para financiar inversión pública productiva, de acuerdo al fallo del proceso de contratación. El crédito fue distribuido entre Santander, BBVA México y Banorte.
Posteriormente, el 10 de febrero de 2026, el Estado adjudicó otro crédito simple por 673 millones 61 mil 68 pesos, también a 20 años, destinado a inversión pública productiva y obra pública en bienes de dominio público. Este financiamiento fue otorgado en su totalidad por Banorte.
El 7 de mayo de 2026, se adjudicó un tercer crédito simple por mil 500 millones de pesos, igualmente a 20 años, para inversión pública productiva y adquisición de bienes.
A estos créditos se sumó un financiamiento de corto plazo contratado el 27 de agosto de 2026, por mil 100 millones de pesos, con BBVA México y Santander, con 550 millones de pesos para cada institución.
Por último, este mes de octubre el Gobierno de Sinaloa seleccionó a Banorte para contratar un crédito bancario por 700 millones de pesos a liquidar en 20 años, según el proceso competitivo realizado el 9 de octubre por la Secretaría de Administración y Finanzas.