Denuncian ante PGR a Oficial del Registro Civil de Cosalá

27 junio 2016

"Secretario General de Gobierno dice que se separó del cargo a la Oficial del Registro Civil de Cosalá por expedir acta de nacimiento irregular"

Aunque fue señalado en la Cámara de Diputados federal durante el proceso de desafuero de la Diputada sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez López, por la emisión de un acta de nacimiento irregular de parte del Registro Civil, área que dependería de él, el Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, negó tener alguna participación en este asunto.
Responsabilizó del hecho a la oficial del Registro Civil en Cosalá, la cual, dijo, fue separada del cargo y denunciada ante la PGR.
Dicha acta fue sacada de manera irregular a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, y se habría registrado más de 30 años después del “nacimiento” de esta persona. Ese nombre es el mismo que venía en la presunta credencial de elector falsa que se presume utilizó Sánchez López para ingresar al penal del Altiplano y visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Vargas Landeros afirmó que se trató de una acción en solitario realizada por una oficial del Registro Civil de Cosalá (sin precisar el nombre), y que nada tuvo que ver él, toda vez que esos funcionarios tienen fe pública, y ellos son los encargados de su propia circunscripción.
“Cada uno de los oficiales del Registro Civil tiene fe pública, así lo marca la ley, ellos son responsables directos de una pequeña circunscripción territorial, que es donde ellos emiten los documentos”, expuso.
En este sentido, aseguró, cuando se enteraron de la situación separaron de su cargo a la oficial y presentaron una denuncia contra ella ante la PGR.
“Fue una decisión de ella, ella es la única responsable, y sobre ella estamos actuando”, afirmó Vargas Landeros.
Añadió que esa acta de nacimiento se habría utilizado precisamente para que se sacara la credencial de elector a nombre de Devany. Esto contradice las afirmaciones del Instituto Nacional Electoral, quien habría dicho a la Sección Instructora y a la PGR que no constaba en sus registros ningún ciudadano con ese nombre y número de credencial.


“Fue una decisión de ella (Oficial del Registro Civil), ella es la única responsable, y sobre ella estamos actuando”.
Gerardo Vargas Landeros
Secretario General de Gobierno