Diez años detrás de una barda: sin agua ni luz por un callejón cerrado en Tacuichamona
El cierre del callejón Discapacitados obliga a tres familias a cruzar por propiedades ajenas para llegar a sus casas; aunque un tribunal ordenó retirar la barda y pidió al Ayuntamiento garantizar el acceso, seis años después las obras siguen pendientes
CULIACÁN._ Para llegar a sus casas tienen que pedir permiso para pasar por terrenos ajenos. Para meter agua o electricidad a sus viviendas, las puertas están cerradas. Y para defender un acceso que existe desde hace años, Juan Diego ha tenido que viajar en camión hasta Guasave, aun cuando tiene movilidad reducida y vive de lo que gana como repartidor.
Han pasado 10 años desde que comenzó el conflicto por el cierre del callejón Discapacitados, en la zona urbana de Tacuichamona, un poblado al sur de Culiacán, y cuatro familias siguen enfrentando las consecuencias de una disputa que comenzó cuando un vecino colocó una barda y una puerta ganadera para cerrar el paso y convertirlo en parte de su propiedad, y no existió autoridad que le detuviera.
El cierre dejó a las familias sin un acceso directo a sus viviendas, encerradas. Todos los que viven en el sector cerrado son familia, cada uno con vivienda independiente, que han tenido que depender del resto de la familia que sí tiene acceso a la calle para poder salir y entrar a sus viviendas.
También les cerró la posibilidad de contar con servicios básicos. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán ha señalado que no puede instalar infraestructura para llevar agua a las viviendas porque no existe un acceso habilitado, mientras que la Comisión Federal de Electricidad se ha negado a instalar el servicio debido a que el cableado tendría que atravesar propiedades de terceros, y aunque los propietarios sean familia y otorguen permiso, la CFE no les ha dado servicio por malos antecedentes en casos similares.
Para Juan Diego y su familia, el problema comenzó en 2016. Él tiene una discapacidad que afecta su capacidad del habla y movilidad. Para comunicarse necesita apoyo de un intérprete y sus condiciones físicas limitan la forma en que puede desplazarse.
Aun así, durante estos años ha tenido que acudir a distintas autoridades para intentar recuperar el acceso a su casa.
Una mañana se abrió; por la tarde volvió a cerrarse
El caso llegó al Ayuntamiento de Culiacán, que cuatro años después, en 2020, determinó que el vecino debía derribar la barda y abrir el paso. La orden se cumplió, al menos por unas horas.
El vecino retiró la estructura durante una mañana. En ese entonces la barda era de tela y palos. Personal del Ayuntamiento acudió al sitio para inspeccionar que el acceso estuviera abierto y se retiró.
Por la tarde, el paso volvió a quedar cerrado. Esta vez con un muro de bloques y concreto.
Juan Diego regresó al Ayuntamiento para presentar una nueva queja, pero la respuesta fue que no había nada más qué hacer y que debía acudir al Tribunal Agrario, ubicado en Guasave.
Para hacerlo tuvo que pagar alrededor de 3 mil pesos en pasajes, comidas y gastos propios del viaje.
Cada traslado también significa para él perder un día de trabajo, y el problema es que Juan Diego es un repartidor de comida y sus ingresos dependen de las entregas que realiza cada día. Si no hace entregas, no hay pago.
“Camión”, respondió cuando se le preguntó cómo realiza los viajes a Guasave.
Sobre su trabajo, explicó que es “repartidor de un restaurante”.
Cuatro niñas también viven sin luz
En una de las viviendas afectadas vive Leticia, de 35 años, madre de cuatro niñas. Su casa también quedó del otro lado del acceso cerrado.
“Yo tengo cuatro niñas desde que está este pleito, tengo tiempo sin luz”, relató.
La falta de electricidad se vuelve especialmente difícil durante el verano.
“Imagínese cómo está el calor, las niñas se me pueden deshidratar o enfermar, nomás porque él quiere”, dijo al referirse a su vecino.
Leticia explicó que acudió a la Comisión Federal de Electricidad para solicitar la instalación del servicio, pero la respuesta fue que no podían colocar el cableado atravesando una propiedad ajena.
“Yo hablé con Comisión, yo le dije lo que yo estaba pasando, que no tenía luz y que necesitaba yo meter mi luz, porque tenía mis hijas chiquitas, entonces me dijo: no, señora, me dijo, nosotros no podemos hacer esto en meterle la luz, porque está invadiendo propiedad ajena”, contó.
Para llegar a su casa, ella y las demás familias tienen que utilizar los espacios de otros vecinos, que hacen el favor de darles permiso al ser familia.
El agua tampoco ha podido ser instalada.
“Yo no tengo agua, ni tengo luz”, expresó Juan Diego al describir las condiciones en las que vive.
La apertura del callejón representa la posibilidad de que finalmente pueda llevar los servicios hasta su vivienda, y por ello la insistencia en esta lucha que les permita tener acceso a una vida digna.
“Si no se lograba nada de esto, pues no iba a tener nunca luz ni agua”, señaló Leticia.
Diez años después, una orden judicial
El caso fue acompañado por el colectivo de defensa de derechos humanos Tacuichamona MX, encabezado por la activista Ximena con X. En agosto de 2026, el Tribunal Agrario determinó que el vecino debía retirar la puerta y la barda que mantenía cerrado el paso.
Además, la resolución ordenó al Ayuntamiento de Culiacán colocar señalética y realizar obras públicas para evitar que el callejón volviera a ser cerrado por un particular.
Este viernes 28 de agosto, un actuario acudió al lugar, y también fue personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para verificar el cumplimiento de la resolución, este último convocado por el colectivo. La barda fue derribada parcialmente.
Quedaron escombros, la dala de base y parte de la estructura, por lo que las familias consideran que todavía existe infraestructura suficiente para volver a levantar la barda.
Los restos también dificultan que puedan utilizar nuevamente el paso.
El actuario dejó constancia de que la resolución no había sido cumplida en su totalidad, por lo que el procedimiento tendrá que continuar.
Mientras tanto, las familias deberán acudir a Guasave para las diligencias correspondientes.
Señalamientos donde deberían estar las obras
La otra parte de la resolución tampoco se habría cumplido completamente. El Tribunal Agrario ordenó al Ayuntamiento realizar obras y colocar señalética para impedir que el callejón volviera a ser cerrado.
La respuesta municipal fue con cuatro letreros con el nombre de la vialidad: “Discapacitados”. Uno de ellos está a punto de derrumbarse debido a que fue colocado de manera superficial.
Para Ximena, integrante de Tacuichamona MX, el Ayuntamiento tuvo años para garantizar que las familias pudieran entrar y salir de sus casas.
“Desde el 2016, que empezó esta controversia, creo que el deber ser debió haber sido por parte del Ayuntamiento que, mientras se resolviera, (ellos) pudieran tener acceso a su casa”, sostuvo.
Pero consideró que, después de la resolución del Tribunal Agrario del 18 de marzo de 2020, la autoridad municipal ya no tenía justificación para mantenerse al margen.
“Pues a partir del 18 de marzo, con una autoridad que dice: sí existe el callejón, el callejón es un callejón como tal. Pues igual garantizado que las personas pasaran”, afirmó.
La activista cuestionó que, seis años después de aquella resolución, el Ayuntamiento considere cumplida su responsabilidad.
“Una señalética en medio de la nada, que no va para ningún lado, que no señala nada, que está mal colocada. O sea, hicieron como que hicieron y lo doloroso es que a quién se lo hacen”, criticó.
’Son personas que no pueden tener agua’
Tacuichamona MX sostiene que el problema dejó de ser únicamente un conflicto entre particulares desde que el Tribunal Agrario reconoció la existencia del acceso y ordenó acciones al Ayuntamiento.
“Son personas que no pueden tener agua, que no han tenido luz, que no han tenido drenaje, porque está una controversia que ya no existe desde el 2020”, señaló Ximena.
“El Ayuntamiento ha sido omiso para un grupo de personas, que son una familia, tengan condiciones dignas para poder vivir”.
La organización también cuestiona que, pese a conocer las condiciones de vulnerabilidad de quienes habitan el predio, el Ayuntamiento no haya enviado al DIF para atender a las familias.
Ximena afirma que incluso solicitaron esa intervención a la Síndica Procuradora, Itzel Aglaé Núñez Carrillo, pero hasta ahora no ha ocurrido.
La activista considera que el caso exhibe un problema más amplio sobre la manera en que las autoridades atienden a las personas que viven en condiciones de precariedad.
“Nos preocupa enormemente el criterio que el Ayuntamiento utiliza, porque desfavorece a las personas que están en situación de precariedad”, dijo.
Incluso cuestionó si el trato institucional habría sido el mismo si las familias tuvieran una posición económica o política distinta.
“Yo estoy absolutamente convencida el día de hoy que eso no le hubiera pasado a otra persona. Estoy segura que hubieran atendido si alguien se pone a tapar la (Álvaro) Obregón”, afirmó, al referirse a la vialidad principal de Culiacán.
Tacuichamona MX señala que ahora buscará que se cumpla completamente la resolución, que se reparen los daños ocasionados a las familias, que se garantice que el callejón no vuelva a ser cerrado y que se deslinden responsabilidades por las omisiones de las autoridades.
El callejón mide aproximadamente 40.5 metros de largo por 4.5 metros de ancho, Estos metros separan a estas familias de una vida cotidiana con algo tan básico como poder entrar directamente a su casa, tener agua, contar con electricidad y dejar de pedir permiso para pasar por terrenos ajenos.
Diez años después, todavía esperan que esa distancia deje de ser un problema.