Dos años de guerra criminal transforman la vida de Sinaloa

Jesús Verdugo
25 julio 2026

Desde la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, la entidad ha enfrentado una escalada de violencia que ha dejado miles de asesinatos y desapariciones, además de una profunda crisis política y social

Hace dos años, la captura de Ismael ”El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén detonaron una de las guerras criminales más violentas y prolongadas que ha vivido México en tiempos recientes. Un conflicto que no solo transformó a Sinaloa, sino que alcanzó la política nacional y la relación del Gobierno federal con Estados Unidos.

Más de 3 mil 600 asesinatos y 4 mil desapariciones apenas dimensionan la tragedia. Las calles se llenaron de militares, pero la violencia persistió mientras la narrativa oficial, en distintos momentos, pareció alejarse de la realidad que vivían las víctimas.

Esta es la historia de esa guerra contada desde la cobertura diaria, a través de las imágenes captadas en el terreno.

El 25 de julio de 2024, en una finca de Huertos del Pedregal, fue capturado Ismael Zambada. En ese mismo lugar fue asesinado Héctor Melesio Cuén. La propiedad permanece asegurada por la Fiscalía General de la República.

La versión sostenida por Zambada señala que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López y trasladado a Estados Unidos como parte de un acuerdo de cooperación.

El 12 de agosto, la Fiscalía de Sinaloa presentó una versión que atribuía la muerte de Cuén a un intento de asalto, ocultando la reunión entre ambos. El caso derivó en la salida de la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, aunque no hubo procesos penales contra los funcionarios involucrados en ese montaje.

El 9 de septiembre de 2024 comenzó la guerra abierta. Culiacán despertó entre ráfagas de fusil y enfrentamientos. Lo que parecía un episodio aislado terminó convirtiéndose en la rutina de los siguientes dos años.

Los homicidios se multiplicaron, la economía se deterioró y el miedo modificó la vida cotidiana. Durante meses, la autoridad fue rebasada mientras el discurso oficial minimizaba la dimensión del conflicto.

El 27 de septiembre, una camioneta abandonada con cuerpos desmembrados y el mensaje ”Bienvenidos a Culiacán” confirmó públicamente la magnitud de la crisis. Ocurrió durante una visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Siguieron los toques de queda autoimpuestos por la población, asesinatos a plena luz del día, víctimas ajenas al conflicto y un creciente rechazo contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, señalado por amplios sectores de la sociedad por su manejo de la crisis.

Para abril de 2025, el asesinato de policías era constante. Ni el mayor despliegue militar logró contener una violencia que promediaba seis homicidios y seis desapariciones diarias, además del robo de alrededor de 18 vehículos cada día.

El 26 de enero de 2026 ocurrió uno de los episodios más estremecedores: frente a Plaza Cuatro Ríos fue abandonado el cuerpo de Jesús Armando, junto con narcomensajes. La imagen recorrió medios nacionales e internacionales.

Dos días después fueron atacados los diputados Sergio Torres y Ely Montoya, de Movimiento Ciudadano. Montoya perdió un ojo y Torres sufrió lesiones cerebrales que lo mantienen fuera de la vida pública.

Esa misma semana, 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp fueron privados de la libertad en Concordia. Días después, sus cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en El Verde, junto con otras víctimas.

A finales de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al Gobernador Rubén Rocha Moya, al Alcalde Juan de Dios Gámez, al Senador Enrique Inzunza, al ex Secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y a otros funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La crisis política derivó en las licencias de Rocha Moya y Gámez Mendívil, mientras la Gobernadora interina Yeraldin Bonilla asumió el cargo. En ese contexto, Omar García Harfuch realizó su más reciente visita a Culiacán para reiterar el respaldo del Gobierno federal.

Dos años después del inicio de esta historia, Sinaloa sigue atrapado entre la violencia, la incertidumbre política y una estrategia de seguridad que no ha logrado contener el conflicto. Las fotografías de esta cobertura son el registro de ese proceso: el testimonio visual de una guerra que continúa marcando la vida del estado.